A medida que se conocen más detalles, queda en evidencia que la visita de los seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) tenía el objetivo definido de lograr la liberación de los genocidas, o al menos la prisión domiciliaria. Ahora Lourdes Arrieta, la diputada arrepentida, hizo público un proyecto de ley y el decreto reglamentario que circularon en el grupo de WhatsApp de LLA. El proyecto “Plazo Razonable” busca establecer que sean liberados todos aquellos que están más de 25 años presos y sus apelaciones no hayan concluido en sentencia firme.
Anteriormente, ya se habían conocido iniciativas para que los jueces concedan la prisión domiciliaria a los genocidas con más de cierta edad. La jugada había sido rechazada por la Cámara de Casación los días previos al aniversario del 24 de Marzo. El intento consistió en una presentación de dos abogados de represores, al día siguiente de la asunción de Milei, pidiendo reglas para que los mayores de 70 años puedan acceder al beneficio de la detención domiciliaria.
De las 636 personas detenidas por crímenes contra la humanidad, solo 118 lo están en unidades penitenciarias (Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad). Pero esto no quita que sean la prioridad de algunos como el diputado Beltrán Benedit, que organizó la visita del escándalo. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en quien se referencia Benedit, sigue sin manifestarse sobre la visita y los proyectos aparecidos.
Por su parte, el presidente Milei aportó a la causa negacionista decretando el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que funciona desde 1992 en la búsqueda de los hijxs y nietxs de desaparecidos apropiados por los genocidas. Ante la denuncia de Abuelas, la justicia federal de La Plata ordenó preservar toda la documentación de ese organismo. El juez federal Ernesto Kreplak la consideró “insustituible” para aquellas personas que aún no conocen sus orígenes y que son buscadas desde hace más de 45 años por Abuelas de Plaza de Mayo.
