Las últimas semanas vimos como estalló en los medios el tema de la toma de tierras para vivir. Esto trajo al centro del debate el problema del acceso a la vivienda para los sectores populares y la discusión por la propiedad de la tierra. A la crisis que produjo el macrismo, con cuatro años de desfinanciación de proyectos y falta de plata para infraestructura, vino a sumarse la crisis económica y social que produjo el Covid-19.
Previamente, ya había tomado notoriedad este problema cuando vimos en mayo el fallecimiento de Ramona: una militante de la Garganta Poderosa en la Villa 31 que murió tras contagiarse por no tener agua en su vivienda. La muerte de Ramona dejó al desnudo la crisis habitacional que se vive en las ciudades. Sin embargo, la crisis habitacional supera a las ciudades consolidadas y también se sitúa en sectores del conurbano y rurales. El problema del acceso al hábitat es una constante en todo el país, donde hay más de un millón de déficit de viviendas. Más recientemente, esta crisis emergió en la ocupación que 2500 familias mantienen en un predio de 100 hectáreas en Guernica –en el Partido de Presidente Perón–, como así también tantas otras.
Un problema social
Según palabras de estos nuevos vecinos, dos causas recurrentes por las cuales se ven obligados a tomar tierras: la imposibilidad de poder seguir pagando alquileres y la falta de espacio al vivir muchísimas personas en un mismo lugar. El hacinamiento es agravado muchas veces por la falta de servicios esenciales como agua y cloacas.
Según el Renabap, en la actualidad existen 4416 barrios populares en el país. Muchos de ellos con dificultades tanto habitacionales como de infraestructura. Se calcula un déficit habitacional de un millón de viviendas.
El decreto 320/20 que prohíbe los desalojos –y está vigente hasta el 30 de septiembre– pudo haber funcionado como cierto aliento para para que muchas familias tomaran la decisión de ganar una porción de tierra para poder tener una vivienda más digna. Sin embargo, fundamentalmente la informalidad en la que viven grandes sectores de nuestra población hace que, por más que la ley prohíba los desalojos, tengan que irse de sus lugares por no poder pagar más el alquiler. En definitiva, la pandemia puso más de relieve la necesidad de dar solución a este problema.
Donde hay una necesidad nace un…
En términos políticos, la discusión dividió aguas con posiciones encontradas. Por un lado, están los sectores que criminalizan las tomas, buscando a través del punitivismo ubicar a quienes las realizan como delincuentes. Por el otro están los sectores que apoyamos las causas populares y buscamos una salida que permita solucionar esta crisis. Como dijo Juan Grabois en su carta publicada: “Luchamos para que el gobierno popular avance en políticas de tierra, techo y trabajo para los pobres de este país, la mitad de los argentinos. Queremos un plan claro sobre cómo se va a abordar la emergencia habitacional y laboral. Los funcionarios tienen que actuar ya; las obras no pueden seguir demorando.”
Cuestionamos la defensa fundametalista de la propiedad privada de la tierra, que por otra parte en nuestro país está basada en el despojo sanguinario a los pueblos originarios por parte de la oligarquía terrateniente. La propia Constitución establece el derecho a una vivienda digna (artículo 14 bis) y existen diversos recursos legales para democratizar el acceso a la tierra. La solución no son los desalojos sino políticas públicas que den respuesta a esta crisis habitacional. En este sentido, fue un paso positivo la suspensión del desalojo en Guernica a partir de una resolución del gobierno bonaerense.
Una salida para todxs
Desde el CR y Liberación Popular formamos parte de la campaña que impulsa el Plan de Desarrollo Humano Integral, que impulsa entre sus puntos: urbanizar los 4425 barrios populares, promoviendo la creación de un millón de nuevos lotes y constituyendo nuevos barrios con servicios esenciales.
Además propone crear trabajo social para 4 millones de personas, con un salario mínimo complementario. Promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda, la descentralización de las grandes ciudades a través de la generación de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos. También propone el desarrollo de nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial con esquemas multimodales y un desarrollo sustentable en materia energética.
Corresponsal
