La crisis económica y política de Venezuela, con el pueblo profundamente dividido y enfrentamientos y represión cada vez más violentos, parece estar aproximándose a un desemboque trágico, que podría incluir una guerra civil, una intervención militar extranjera, o ambas cosas.
El gobierno de Nicolás Maduro, tras conceder la prisión domiciliaria del dirigente opositor Leopoldo López, marcha a la realización de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada para el próximo domingo 30 de julio, con la cual busca un nuevo marco institucional para sostener el gobierno.
Del otro lado, con el argumento de “restablecer” la democracia, la oposición oligárquica agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) moviliza a sus organizaciones para forzar la caída del gobierno chavista, aprovechando el descontento de vastos sectores populares que también se movilizan.
El domingo 16 la MUD llevó a cabo un plebiscito en rechazo de la ANC. Aunque la figura del plebiscito no existe en la actual Constitución venezolana y seguramente la cifra de 7 millones de votantes es fraudulenta, en la iniciativa participó mucha gente. La cantidad de votantes reflejó el cansancio ante la profundísima crisis –con desabastecimiento y una inflación galopante, a la que se suman la represión del gobierno–, en una población mayoritaria que ya no es protagonista y a la que el chavismo ya no puede o no se atreve a movilizar.
La dirigencia de la MUD, además, metió “de contrabando” en el plebiscito una formulación que tras el rechazo a la Constituyente abre paso en los hechos a la conformación de un gobierno paralelo “de unidad nacional”, quizá respaldado por alguna forma de intervención extranjera, directamente del imperialismo yanqui o encubierta tras la fachada “multilateral” de la OEA, como viene pregonando Luis Almagro, el secretario general de esa organización que el Che definiera como el “ministerio de colonias” de Washington.
El miércoles 19 la MUD publicitó el programa del potencial gobierno, desbordante de promesas de atención a la emergencia social, respeto a los derechos políticos y restitución del prestigio y la independencia de la Fuerza Armada Nacional (FAN) apuntando a tranquilizar a los sectores populares sobre la continuidad de los planes sociales y a quebrar las filas militares, que hasta hoy siguen siendo la columna vertebral del régimen chavista.
Para reforzar el plebiscito contra la ANC, el jueves 20 la MUD llevó a cabo un paro cívico convocado por las grandes cámaras empresariales como la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, la Confederación Venezolana de Industriales, la Cámara Venezolana de la Construcción, Fedecámaras y Consecomercio. Las vías de las principales ciudades amanecieron vacías y bloqueadas con barricadas.
Y el viernes 21 la Asamblea Nacional (Parlamento), donde las fuerzas de la MUD son mayoría desde enero de 2016, designó a 33 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, alegando que los actuales son ilegítimos y aceitando el camino del gobierno paralelo.
Intervencionismo imperialista o autodeterminación nacional
En esa misma semana fracasaron varias maniobras internacionales claramente coordinadas para que Maduro cancele la Constituyente. El Presidente yanqui Trump amenazó con sanciones económicas –especialmente la suspensión por EEUU de las compras de petróleo, de las que Venezuela aún depende en gran medida–, y dejó entrever la posibilidad de formas de intromisión más directas en la situación interna de Venezuela. También contra la ANC hubo comunicados de varios países latinoamericanos, incluido el Presidente colombiano Santos muy llamativamente apenas horas después de su encuentro con el cubano Raúl Castro el domingo 16.
Pero la jugada fuerte a la que apostaban tanto la oposición como Washington era la condena de la cumbre presidencial del Mercosur en Mendoza, donde Macri, promotor de la exclusión de Venezuela concretada en marzo, motorizó la ofensiva intervencionista en el país latinoamericano denunciando la “falta de garantías democráticas”. Pero se cruzó imprevistamente el presidente uruguayo Tabaré Vázquez que, a pesar de sus negocios con los imperialistas yanquis y europeos, levantó la bandera del respeto a la autodeterminación, afirmando que si se lo convoca Uruguay trabajará para acercar a las partes y encontrar una salida pacífica y democrática al conflicto venezolano. Fue muy llamativo, porque Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que es también uruguayo y miembro del Frente Amplio, no sólo promueve la intervención política y militar en Venezuela sino que llegó a hacerlo cínicamente ante el Senado de Estados Unidos; allí, sin sombra de vergüenza, reconoció que sólo los frena el no tener seguridad de poder aplastar enseguida una posible resistencia: “El miedo que tenemos, y que tememos decir en voz alta, es que la situación se convierta en un baño de sangre”.
Efectivamente, hasta ahora la relación de fuerzas en las clases populares y en las Fuerzas Armadas no les es favorable, y probablemente por eso apuestan a tener montado todo el dispositivo con la conformación de un gobierno “de facto” y agitan el argumento de la “democracia” para justificar una intervención externa en la situación venezolana.
La perspectiva de que la violencia callejera se transforme en un enfrentamiento bélico interno no es imposible. La crisis económica se agrava a cada hora que pasa, y las angustias que viven las masas populares alientan a la oposición oligárquica a ir cada vez más a la ofensiva.
El presidente Maduro desoyó el plebiscito y sigue adelante con el proyecto de Constituyente. Aparentemente hay fisuras dentro del propio chavismo y en la Fuerza Armada Nacional, aunque no se conoce su alcance. En los próximos días se reforzará también la amenaza de intervención extranjera y la presión de gobiernos y organismos latinoamericanos que reclaman la suspensión de la convocatoria.
Sólo en un marco de ejercicio pleno de la autodeterminación nacional y de la soberanía popular podrá haber una salida verdaderamente democrática al conflicto que conmueve al hermano pueblo venezolano y a todos los de América Latina.
