La situación en Venezuela fue un eje central de la gira del vicepresidente yanqui Mike Pence por Colombia, Argentina, Chile y Panamá. La expeditiva gira comenzó el domingo 13 de agosto, al día siguiente de la declaración del Mercosur que desconoció la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el gobierno de Maduro pero que no avaló la posibilidad de una intervención militar en ese país. Previamente, el presidente Donald Trump había expresado que no descartaba “una opción militar” ante la crisis en Venezuela. De todas maneras, no son del todo claras las conclusiones de los encuentros de los presidentes latinoamericanos con Pence.
Cuando finalizaba su estadía en nuestro país, en la conferencia que brindó Pence junto al presidente Macri, el vice yanqui felicitó al presidente y aseguró que avanzarían en el intercambio comercial con Argentina… vendiéndonos cerdos yanquis. Entonces expresó: “Los Estados Unidos tienen muchas opciones para Venezuela. Pero el presidente de los Estados Unidos y yo estamos confiados de que trabajando con los aliados de la región vamos a lograr una solución pacífica a la crisis que en este momento está enfrentando Venezuela” (15/8). Desde algunos medios televisivos se hizo correr la versión –no confirmada oficialmente– de que Pence habría solicitado a Macri el apoyo a la intervención militar. Días después, EEUU tomó la medida de aumentar un 57% en promedio los aranceles para el biodiesel argentino.
En el caso de Chile, su presidenta Michele Bachelet expresó su disposición de “explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela a través de una salida pacífica”. Y agregó que “Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares” pero sí apoyará sanciones adoptadas por Consejo de Seguridad ONU (www.eldinamo.cl, 16/8).
La posibilidad de una incursión militar sobre Venezuela no parece tener aceptación en general entre los presidentes de la región. Porque una intervención militar abierta –como la de Reagan en Granada o Panamá en los ‘80– implicaría un cambio más allá de lo previsible. Por otro lado, tampoco puede saberse qué respuesta tendrían otros imperialismos como los europeos y, desde ya, dejaría abierta posibilidades de reacción de Rusia y China, dados los intereses que tienen allí. Por lo pronto, EEUU ya comenzó con las sanciones económicas al prohibir la negociación de deuda nueva con el gobierno venezolano y PDVSA. Esto le dificulta a Venezuela la obtención de divisas extranjeras para la importación de alimentos y otros insumos de primera necesidad.
EEUU sigue siendo hoy el principal comprador de petróleo venezolano, importando 800 mil barriles diarios de petróleo sobre una producción diaria venezolana de 1,9 millones (Página/12, 27/8). Le sigue China, con una compra de 440 mil barriles diarios. Este hecho, por un lado, evidencia la debilidad estructural de Venezuela y, por el otro, explica el especial interés del imperialismo yanqui en volver a controlar la política de ese país.
Aún dentro de su situación de crisis política, Maduro aprovechó las amenazas imperialistas a la soberanía de Venezuela y frente al intervencionismo abierto desplegó una iniciativa político-militar: el despliegue de tropas del “Ejercicio Soberanía Bolivariana 2017” organizado con militares y civiles.
La Constituyente disolvió la Asamblea Legislativa
La Constituyente “bolivariana” resolvió el viernes 18 de agosto disolver la Asamblea Legislativa –en la que el oficialismo había quedado en minoría– y se auto-atribuyó el poder legislativo. De esta manera el gobierno logró hacer lo que no había podido hacer desde el Tribunal Supremo de Justicia en marzo: la disolución de la Asamblea Legislativa hegemonizada por la oposición de la Mesa de Unidad Democrática. De este modo, el Ejecutivo, el Judicial y el nuevo poder legislativo quedarían bajo control del gobierno de Maduro. La base fundamental para efectivizar esta sumatoria del poder público es el aparente férreo control que tiene el gobierno sobre de las fuerzas armadas.
En este contexto, y tras ser destituida por la Asamblea Constituyente, la fiscal general Luisa Ortega Díaz se exilió de Venezuela en forma clandestina. Proveniente de las filas del chavismo, en marzo se había opuesto a la disolución de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo, seguía las investigaciones sobre las muertes en las manifestaciones y había denunciado manipulación en la elección de la Constituyente. Ahora, ya empezó a denunciar la corrupción de Maduro con Odebrecht.
Es en este contexto que, más allá de la represión y los muertos, también mermaron las movilizaciones callejeras opositoras. Porque parece haberse terminado la disputa dentro de los mecanismos “republicanos”. Como consecuencia surge la división dentro de las fuerzas opositoras alrededor de si aceptar participar sobre estas condiciones en las elecciones para gobernador en diciembre (en las que no se incluye la elección de legisladores). La instauración de la Asamblea Constituyente y disolución de la Asamblea Legislativa ha significado un punto de inflexión en el proceso político venezolano.
Una situación muy grave
Sobre la base del descontento generado por el avance de la pobreza y el hambre, el desabastecimiento y la inseguridad general, la oposición ha motorizando multitudinarias manifestaciones callejeras. Junto con esto se fue profundizando la represión. Denuncian más de medio millar de presos políticos y hay más de un centenar de asesinados en las movilizaciones opositoras. El abanico opositor es políticamente diverso: van desde dirigentes directamente instrumentados por los yanquis y la oligarquía , o potencias europeas, a antiguos dirigentes chavistas, nacionalistas y desde ya corrientes de masas que sufren una situación insostenible por lo que cientos de miles han incluso emigrado. El gobierno no diferencia, ni se da una política hacia los sectores que están descontentos, desorientados y hasta con bronca con su política, pero que no son parte de esa oligarquía golpista ni pretenden ser usados por estos. De hecho, en particular los de la petrolera PDVSA no aparecen teniendo un rol activo contra el gobierno.
El gobierno, con lo que cohesiona a su favor desde el Estado, también viene organizando sus movilizaciones callejeras. El pueblo está dividido y el factor determinante ahora son fundamentalmente las fuerzas armadas y de seguridad.
Esto ha repercutido sobre organizaciones que venían con un respaldo más general al gobierno de Maduro. Por ejemplo, el CELS argentino ya se había distanciado de Maduro al denunciar una “crisis de derechos humanos” y contabilizar (en ese momento) “119 fallecidos en situaciones de protesta en los últimos cuatro meses”. En su comunicado también había especificado que según “las investigaciones del Ministerio Público, un porcentaje considerable de estas muertes es consecuencia de disparos de armas de fuego realizados por agentes policiales y militares” (2/8/2017).
Nuestra posición ante la grave situación del pueblo y la nación de Venezuela es en primer lugar el respeto de la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia imperialista de ningún signo, y el repudio a toda intervención militar yanqui. Basta de represión y libertad de los presos políticos del pueblo. Restablecimiento de todas las garantías democráticas.
