Para el presidente Macri hay un “crecimiento invisible”, según afirmó en la Asamblea Legislativa el pasado primero de marzo. Es tan invisible que no se siente en los bolsillos del pueblo, aunque sí se multiplicaron las ganancias de los sectores de clases dominantes expresados en el gobierno. Acá no se trata de que haya más derrame como plantean algunos sectores: se trata de frenar esta política ajustadora del gobierno, que usa un relato que no se condice con la realidad. O dicho de otra forma, miente sin tapujos repitiendo cada año la frase de que “lo peor ya pasó”.
Los datos económicos que mencionó Macri en el Congreso son de otro país y contrasta con la realidad ya que, como sostiene el estudio de IPyPP, “el crecimiento de la economía debe compararse con la caída previa del año 2016, que fue del 2,3%. Por ende, no se trata de un crecimiento genuino de la economía, sino de una recuperación de la brusca caída sufrida en 2016, lo cual puede caracterizarse en forma más precisa como un efecto de rebote económico (ER), el cual, comparado con el momento previo a la asunción de Macri, nos revela un estancamiento del nivel de actividad. Estancamiento que si se incorpora el crecimiento poblacional de los años 2016 y 2017, del orden del 2,1% poblacional, nos revela una caída del 1,9% en el nivel de actividad per cápita de la economía argentina”.
El presidente tampoco habló de los niveles históricos de déficit de la balanza comercial (diferencia entre las exportaciones e importaciones). Después de haber cerrado 2017 con un récord negativo de 8.471 millones de dólares, el rojo de la balanza comercial parece imparable: solo en enero el déficit comercial fue de 986 millones de dólares. Algunos economistas proyectan un déficit para el 2018 cerca de los 10 mil millones de dólares por las caídas en las proyecciones de producción de soja y maíz, golpeada por la sequía histórica en la zona núcleo.
Estos parámetros no solo muestran la mentira del presidente, sino que evidencia la desaparición de miles de pymes, principalmente textiles, del cuero y autopartistas, junto con el agravamiento de los cordones frutihortícolas que padecen la avalancha importadora.
Cínicamente Macri habló que tenemos que dejar de endeudarnos, mientras amasan el record histórico de endeudamiento. Nombró a su enemiga: “la inflación”. Pero lo atractivo para los “inversores” locales y del exterior justamente es que esos “papeles” de deuda están ajustados a la inflación con cláusula gatillo (ese que se les niega a los docentes). Dos días antes del mensaje del presidente, el ministro de Finanzas Luis “Offshore” Caputo cerró una nueva colocación de dos papeles de deuda a dos y cinco años de plazo por un total de 58.000 millones de pesos. Ésta es la preocupación real del gobierno, que trata de tapar con relatos y mentiras.
En busca de la iniciativa perdida
El gobierno tomó nota del golpe recibido en noviembre y diciembre. Aprovechó el verano y el acuerdo con los jerarcas colaboracionistas de la CGT y otras direcciones sindicales conciliadoras que le dieron aire para avanzar en los despidos y cierres de establecimientos estatales. También venía preparando una serie de medidas políticas como la ofensiva contra Moyano, graficando allí la “mafia mala” y un modelo sindical empresarial que regula las tarifas del transporte y cuenta con mecanismos oficiales para poder habilitar a choferes y transportes. Esta pelea de fondo sostiene el gobierno. Apunta a un modelo que “no va más en la Argentina”, con un costo elevado para los empresarios y que mantiene un nivel de organización y conquistas superior a muchos países de la región, en particular Brasil. Ni que hablar del sudeste asiático.
También venían preparando otras medidas políticas de fondo, que al ver la masividad del 21F decidieron ejecutarla rápidamente, como habilitar desde el Ejecutivo el tratamiento en el Congreso de la ley de aborto que se venía obstaculizando desde el kirchnerismo. Si bien Macri adelantó su postura en contra del aborto legal, por su carácter liberal el gobierno tiene margen para conceder a una exigencia de muchos años de la lucha de las mujeres, que han dado saltos gigantescos con las movilizaciones de #NiUnaMenos y el último pañuelazo masivo de la campaña por el aborto seguro y gratuito. El gobierno busca posicionarse con este tema de fondo y recuperar la iniciativa política, apuntando atraer a sectores medios que perdió en diciembre, dividir a la oposición y aislar la Iglesia en un momento de duro enfrentamiento con el Papa.
Este avance impone a los sectores populares a no abandonar la calle y presionar con la movilización popular para tratar de lograr una conquista histórica. La movilización del 8 de Marzo tendrá este eje y será masiva en todo el país.
Esta medida fue acompañada por otra, como la de cobrar un arancel en los hospitales públicos a los inmigrantes latinos principalmente. Esta medida discriminatoria –como la que padecen las comunidades mapuches en el sur de nuestro país– se da en el marco de la ofensiva de despidos y cierre de áreas vitales en los hospitales públicos (ver página 10).
Como parte de ese avance “recaudador” del gobierno y para cortarles poder a las organizaciones sociales, tomó la medida de cambio de matriz de los proyectos sociales, cambiando el eje en la contraprestación de proyectos productivos por el de la educación y capacitación. Desde esta medida, apunta a reducir alrededor de un 30% de partidas y saca el control a las organizaciones sociales de los Entes Ejecutores.
En terreno interno, se han agudizado las divisiones en el seno del gobierno. La salida de Alberto Abad –de excelentes relaciones con Duhalde– al frente de la AFIP, reemplazado por otro lavador de dinero en paraísos fiscales y miembro del directorio del pool de siembra El Tejar, Leandro Cuccioli, muestra el avance del sector liderado por Marcos Peña y Caputo bajo el paraguas de Macri. Estos hechos, junto con algunas medidas que se impulsan desde una parte del Ejecutivo, sumado a los casos de corrupción por lavado de dinero que involucra al titular de la AFI, Gustavo Arribas, acentúan el estado deliberativo en la UCR. “No somos parte de la coalición de gobierno, si de la electoral”, afirmó días atrás Federico Storani, uno de los artífices del acuerdo con el PRO.
La unidad popular
Se mantienen los conflictos en el Estado. Al cierre de esta edición de Vamos!, los mineros de Río Turbio impedían la entrada a la ciudad de la Gendarmería. Sigue activa la lucha en el INTI y el paro docente fue importante en varias provincias y con una masiva movilización convocada por CTERA al Ministerio de Educación de 60 mil personas.
Los conflictos se mantienen y urge que el arco que se mostró el 21F le dé continuidad en la organización de un reagrupamiento combativo en el movimiento obrero y social para darle continuidad y elevar el nivel de la lucha, para que las paritarias rompan el techo que pretende el gobierno y las patronales, así como frenar los despidos en el Estado y privados. (Pablo Moyano rechazó participar del Congreso normalizador de la CGT armado por los colaboracionistas.)
Frente a esta situación abierta, trabajamos para el protagonismo de las amplias masas populares que enfrentan el ajuste por el camino que marcan los mineros de Río Turbio, los trabajadores del INTI, Fanazul y Hospital Posadas, los trabajadores de prensa y la marcha del 21F y las mujeres con el paro del 8 Marzo, día internacional de la mujer trabajadora. En esta dirección, hemos acordado impulsar desde el CR una herramienta de frente único social y político, que se llamará Nuevo Movimiento Popular para la Liberación, donde buscamos encontrarnos con dirigentes y organizaciones que venimos compartiendo la lucha y coincidimos en aspectos programáticos expresados en la lucha antiimperialista, democrática y anti terrateniente. Entendemos esta iniciativa necesaria ya que no trabajamos para tener una posición testimonial frente al gobierno, sino que trabajamos para aportar a frenar esta política en la calle y confluir en un reagrupamiento más amplio que intente impedir la continuidad de esta política de ajuste, entrega y represión.
