El Secretario General de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego y del gremio docente SUTEF, Horacio Catena, acompañado por la Secretaria de Prensa Florencia Villarreal, realizó una exposición en la 167° Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, realizada el 29 de febrero en Bogotá, Colombia. Fue en el marco de la Audiencia sobre la Protesta Social en Argentina, convocada por el organismo ante la información recibida sobre las protestas del último año y la respuesta represiva del Estado, sobre todo en el caso del tratamiento de la reforma previsional. Junto con el SUTEF, en la audiencia expusieron representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), del movimiento feminista y del CELS.
En su intervención, Catena sostuvo que “el Estado criminaliza la Protesta Social priorizando la herramienta penal para el tratamiento de los conflictos sociales”. A continuación, relató el caso de la provincia de Tierra del Fuego, en donde “el sindicato docente y otros gremios estatales, sufrimos una persecución política y penal desde hace años, con participación activa de la justicia penal. Además de las irregulares condenas de 2015 por la participación en una protesta social frente a la gobernación, distintos dirigentes sindicales hemos sido víctimas de los juzgados penales de instrucción, con violentos allanamientos a la madrugada y órdenes de incomunicación, en la investigación de delitos como el de resistencia y atentado a la autoridad. Bajo amenaza de prisión preventiva, el Juez penal nos impuso ‘reglas de conducta’ que buscan coartar nuestra participación en manifestaciones y del ejercicio de nuestra tarea como dirigentes.”
Según denunció el dirigente docente hoy exonerado, la criminalización de la protesta ha sido acompañado también con “un avance a nivel administrativo para lograr la exoneración de los dirigentes involucrados y así debilitar las organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Este ha sido el caso de, por ejemplo, los dirigentes sindicales de ATE de la provincia de Río Negro que, mientras suman una serie de imputaciones por liderar protestas de las y los trabajadores estatales, sus empleadores impulsan procesos para levantar su protección sindical, exonerarlos de sus cargos y así debilitar a los sindicatos. Lo propio ocurre en nuestro caso, en Tierra del Fuego el año pasado el Superior Tribunal de Justicia provincial dio luz verde para que se me levante mi protección como dirigente sindical y la gobernadora proceda a mi exoneración y la de 16 docentes, intentando amedrentar a la docencia, sin haber llegado a la resolución de fondo, sin condena firme y con el juicio prescripto.”
También Catena hizo referencia a la represión en la industria azucarera del norte argentino: “En el caso de la represión a las y los trabajadores del Ingenio La Esperanza de Jujuy, la intervención de la Justicia, impulsada por el gobierno provincial, da cuenta de la intención de criminalizar la protesta. Luego del violento desalojo del corte de ruta la Justicia provincial ordenó la detención de toda la Comisión Directiva del sindicato y sus asesores legales, por los delitos de daños, lesiones, resistencia a la autoridad y entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios públicos. ‘Son unos delincuentes’, afirmó el gobernador Gerardo Morales en una conferencia de prensa.
Éste no es un caso aislado en la industria azucarera del norte del país. Las y los dirigentes sindicales de los ingenios La Esperanza y Ledesma en Jujuy, y los ingenios el Tabacal y San Isidro en Salta, también han sido todos objeto de persecución y criminalización como respuesta a la organización y movilización sindical. Todas y todos ellos suman causas por delitos de usurpación, coacción, resistencia, etc.”
Por último, afirmó: “Se destaca un preocupante alineamiento entre los poderes ejecutivos, judicial y los ministerios públicos a nivel federal y provincial, para impulsar la aplicación de figuras como intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, sedición o corte de rutas o calles, todas ellas con la clara intención de criminalizar y desactivar los conflictos y los reclamos sociales.”
Las demás exposiciones hicieron eje en el enfoque represivo que caracteriza la respuesta estatal a la protesta y que involucró cacerías policiales, la utilización de agentes sin identificación, el ataque a trabajadores de prensa, el uso abusivo de la fuerza y la criminalización de manifestantes y referentes sociales y sindicales. La delegación del Estado argentino, encabezada por la ministra Gabriela Quinteros, Directora General de Derechos Humanos, respondió a las acusaciones apelando a planteos generales sobre las “manifestaciones violentas” y defendiendo el accionar de las fuerzas represivas. Sobre el caso específico de Tierra del Fuego no hubo ninguna respuesta.
La presentación de las “organizaciones de la sociedad civil” finalizó exigiendo al Estado, entre otros puntos, que “respete los espacios ya establecidos legalmente para la resolución de las demandas que originan las protestas sociales y cese toda acción de amedrentamiento y deslegitimación de las organizaciones sociales y sus dirigentes”.
