Tras un año en que 900 mil hectáreas en 22 provincias fueron afectadas por el fuego, el Congreso aprobó la modificación a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. Como en otros proyectos, el Frente de Todxs garantizó los votos para que salga y la oposición de Cambiemos votó en contra, tanto en Diputados como en Senado. El FIT acompañó “críticamente” la ley.
La modificación impide realizar actividades distintas al uso y destino que tenía la superficie al momento de ser afectada por el fuego. Esta prohibición regirá desde el momento de extinción del fuego por término de 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales y por 60 años para el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales. Además, durante ese período se prohíbe también la venta o subdivisión de las tierras (con excepción de partición hereditaria).
La reforma apunta a desalentar los incendios intencionales para destinar los terrenos a proyectos inmobiliarios y agrícolas. De hecho, se estima que el 90% de los incendios son intencionales o por negligencia. La norma jerarquiza así el cuidado ambiental como un bien social que no debería ser perjudicado por un interés particular.
En el mismo sentido, en agosto se había lanzado una iniciativa desde Jóvenes por el Clima denunciando los incendios forestales y reclamando una ley de protección de humedales. En contra de normas de cuidado ambiental se pronunció la Mesa de Enlace, argumentando el respeto a la propiedad privada, para la destrucción de su flora y fauna.
