Luego del reclamos de querellantes y fiscales sobre las preguntas que la defensa de los represores acusados hacían a los testigos, el juez Gabriel Casas aclaró (¿u oscureció?): “La defensa tiene el derecho de preguntar si el testigo tiene credibilidad y si había razón o no para detenerlo, para secuestrarlo o para detenerlo o como se llamare a la privación de libertad” (¡?!). Casas preside el tribunal federal que en Tucumán sigue la causa por el Operativo Independencia. La defensa de los genocidas pretenden desacreditar a los testigos basados en su militancia y agitando la teoría de la “guerra sucia” (que suscribió el presidente).
