Flexibilización, tarifazo, techo salarial y despidos para los trabajadores. Beneficios para monopolios y condonación de deudas para su familia. Por el paro nacional.
El diario oligarca La Nación, que junto a Clarín son los voceros del gobierno, dice una verdad palpable en una nota del 11/2 titulada: “Para bajarles costos a las empresas, el Gobierno impulsa una reforma laboral”. Este programa es compartido por la gran mayoría de las clases dominantes argentinas que sostienen la gobernabilidad. La gigantesca lucha de los trabajadores de AGR-Clarín pone en evidencia esta ofensiva.
Junto con una política económica que consiste en bajar el déficit y acelerar la recaudación con endeudamiento y mayores tarifazos, mantener a la baja los salarios y achicar los gastos con recortes, sub-ejecución y despidos, desde el Ejecutivo proyectan los planes a mediano y largo plazo al compás de los estados y monopolios imperialistas. Afirman que “el mundo está cambiando” y que “la baja de los costos laborales son la clave de la recuperación económica”. Así emprenden la cruzada anti-obrera para ayudar a los monopolios, bancos y terratenientes.
Esta cruzada consiste en avanzar sobre los convenios y leyes laborales. La modificación de la Ley de ART impulsada por el Ejecutivo y que tuvo media sanción en el Senado –que contó con los votos del bloque del FpV– fue la avanzada. La CGT se limitó a sugerir cambios de forma que fueron tenidos en cuenta. El 23 de enero Macri no esperó el tratamiento parlamentario y firmó un decreto de “necesidad y urgencia” que modifica la actual legislación generando una división de lo que venía unido hasta el Senado, lo que obligó al Ejecutivo a retroceder y volver al Parlamento.
Tal como se afirma desde la Asociación de Abogados Laboralistas, la “«necesidad y urgencia» del gobierno es garantizar el incremento de la rentabilidad empresaria en desmedro de los derechos fundamentales de la persona que trabaja, el derecho a la vida y la integridad psicofísica”. El propio dirigente de la UIA José Urtubey lo ratifica al decir que “la modificación a la ley de ART va a colaborar con la productividad de las empresas y le dará previsibilidad”.
La avanzada estratégica cuenta con una parte fundamental que consiste en la modificación de los convenios colectivos de los sindicatos por rama. La firma del acuerdo de Vaca Muerta (ver Vamos! N°90) con el Sindicato de Petroleros Privados y los monopolios de petróleo y gas es demostrativo de lo que se juega. Lo incierto de las inversiones en el yacimiento muestra que el objetivo no se reduce a esa área, sino a un plan nacional de todo el mundo laboral. También se empieza a discutir en la metalmecánica y en la carne. En la electrónica se busca estandarizar una forma de trabajo con menos trabajadores, blanqueando lo que ya existe en la actualidad como los contratos por empresa, temporarios por modelo (de celulares en las ensambladoras, de computadoras o de televisores), atados a la duración del modelo de producto.
También se prepara un paquete de medidas, como la modificación del sistema de multas que contempla la ley 24.013 para los empleadores que no registran correctamente a sus empleados o que falsifican sus fechas de ingreso en una relación laboral (artículos 8 y 9) y, al mismo tiempo, la reorientación de las dobles indemnizaciones agravadas (previstas en el artículo 15) para que dejen de pagarse a los trabajadores y vayan a un “Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional”.
Además, se prevé la eximición de impuestos –que van del 10% al 30% en algunas provincias– a las patronales que contraten un trabajador “por tiempo indeterminado y registrado”, siempre y cuando esa contratación “produzca un incremento en su plantel de trabajadores”. Para eso el plan de “pasantías” del gobierno nacional encaja como anillo al dedo, ya que serán “blanqueados” como “trabajadores formales” y el tiempo lo pone el empleador ya que es “indeterminado”.
El plan del gobierno nacional para estos objetivos contempla avanzar en un “blanqueo” o “moratoria laboral” con la creación de una “agencia de talentos”, “capacitando” a trabajadores de organizaciones sociales –donde tendrán prioridad las del acuerdo de paz social firmado con el gobierno–. Incorporan al mercado laboral a personas que cobran planes sociales a cambio de la rebaja de contribuciones patronales. Así dan como en la década menemista un paso fundamental para la precarización laboral, sin estabilidad, ya que el blanqueo que habla el gobierno es de “trabajador pasante” y por lo tanto sin obra social ni sindicalización de la rama en la que trabaje. Así surgieron en la década menemista las “agencias de trabajo temporario”. Ahora también se suma el Estado.
Mientras tanto, los despidos no cesaron en el verano sumando ya cerca de 400 mil entre formales e informales.
Los «tire y afloje» en el marco de la gobernabilidad
El incumplimiento del «acuerdo de no-despidos» y la presión por abajo generaron división dentro de la CGT, tensaron la soga con el gobierno nacional, y la obligó a retirarse de la mesa de diálogo y a convocar una movilización para el 7 de marzo y un paro, sin fecha, para fin de ese mes. Aunque dejando abierta una ventana o, como dice Fernández de UTA, “un tiempo largo para negociar”. Mientras tanto el gobierno va logrando algunos pasos en sus planes flexibilizadores.
Este «tire y afloje» se da en el marco de la gobernabilidad donde el conjunto de las clases dominantes acuerdan, aunque con intereses diferentes, que lo peor es que en la Argentina se vuelva al “que se vayan todos”. Desde el ex presidente Eduardo Duhalde al kirchnerista Guillermo Moreno coinciden en que la batalla hay que darla dentro de las instituciones de este Estado.
Por eso la lucha divide a los de arriba. Ha sido ese camino por el que se lograron algunas conquistas, siempre en el marco adverso del escenario de gobernabilidad y ajuste feroz. Va ser este camino por el que los trabajadores de AGR-Clarín ganarán, los bancarios harán cumplir sus acuerdos salariales y los docentes en todo el país patearán el tablero de la paritaria a la baja del 18%.
La unidad frente a la ofensiva anti-obrera
Las reuniones de las dos CTA’s, reforzando la “unidad en la acción” hacia la unificación, es una buena noticia para los y las trabajadores, porque se hace sobre acuerdos de lucha contra el gobierno de Macri y los gobernadores aliados, y cuenta con el potencial de organismos de masas que lo integran. Es sabido el peso que tienen en este agrupamiento los sectores kirchneristas. Pero también conocemos su heterogeneidad y que, en la medida que se logre desatar la lucha de masas, se agudizarán sus propias contradicciones, por ejemplo con algunos gobiernos provinciales. Entonces concebimos este paso en el camino táctico de la lucha contra Macri y los gobernadores ajustadores. No compartimos las posiciones sectarias que ponen el centro en la diferenciación para una perspectiva electoral más que en ampliar todo lo posible el agrupamiento contra el ajuste para ganar cada batalla que se le plantea a la clase obrera y el pueblo.
Hoy, frente al acuerdo de gobernabilidad con escándalos de corrupción como el del Correo Central donde los Macri lo vaciaron echando a 12 mil trabajadores. Donde avanza el ajuste, la flexibilización y buscan imponer las paritarias del 18%. Mientras sacuden el tarifazo y se acaban las cuotas sin interés beneficiando a los bancos y las cadenas monopólicas de comercialización. Donde avanza la criminalización, la xenofobia y la impunidad. Ante esta situación sostenemos una amplia unidad en la lucha para derrotarlos, como condición para que los sectores revolucionarios, antiimperialista y antiterratenientes seamos protagonistas en la lucha por la revolución de liberación nacional y social.
