“Tenemos que ir a un sistema en el cual los empresarios junto con los gremios tienen que trabajar para que las cosas bajen, se produzcan por menos valor. Que la gente pueda vivir mejor porque con su sueldo accede a comprar más cosas. Todo eso es un cambio cultural que recién comenzamos. Solamente abrir la importación de las computadoras, que bajaron los precios a la mitad, ¡casi me matan! Fue el escándalo de cómo la gente… Había 1.500 tipos que armaban computadoras que se quedaban sin trabajo.”
Con la liviandad de un patrón que tacha un número en una planilla se refirió Mauricio Macri al despido de 1.500 trabajadores producto de las medidas de su gobierno. Pero más allá de eso, estas declaraciones de Macri condensan uno de los pilares de la política del Gobierno: la escalada de ataques contra los derechos y conquistas de los trabajadores, para cimentar lo que llaman “un cambio cultural”.
Ofensiva contra los salarios y las condiciones de trabajo
Con el objetivo de disminuir el “costo laboral”, el Gobierno ha emprendido una gran ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. Lo primero fueron los miles de despidos en el Estado, con la campaña contra los “ñoquis”, que fueron acompañados por miles más en el sector privado, totalizando unas 200.000 personas. Sobre esa base pretendieron luego imponer el chantaje de “cuidar el trabajo antes que el salario” y así lograr techos salariales por debajo de la inflación.
Luego vino la ofensiva de flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. El ejemplo más descarnado lo dio Vaca Muerta, gracias a la complicidad del Sindicato de Petroleros Privados que conduce el jerarca-empresario Guillermo Pereyra, quien aceptó aumentar el tiempo de trabajo con los mismos salarios y eliminando coberturas que antes pagaban las empresas, contratos de trabajo a plazos determinados con posibilidad de suspensión o cancelación por voluntad de la patronal, y la multifuncionalidad de los trabajadores.
Ataque contra la justicia laboral y los sindicatos
Desde que asumió, el macrismo, encabezado por el Ministro Jorge Triaca, inició una campaña contra la Justicia del Trabajo y los abogados laboralistas, hablando de una “mafia de juicios laborales” que genera el quiebre de las Pymes. Así, avanzan en las maniobras para controlar el Fuero del Trabajo impulsando su traspaso a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que les permitiría completar las numerosísimas vacantes que hoy existen con magistrados que fallen para el lado de los empresarios. Para colmo, una reciente resolución de la Corte Suprema impone los costos del juicio al trabajador cuya demanda laboral ha sido rechazada. Obviamente, de la mano de esto viene la modificación del régimen de riesgos de trabajo (las ARTs) para que sea cada vez más difícil demandar a las empresas.
Como señaló la Asociación de Abogados Laboralistas de la Argentina: “Es evidente que el Presidente de la Nación, como gran parte de la clase que representa, sueña con un país sin Justicia del Trabajo. (…) sueña con la vuelta al siglo XIX y un retorno al mercado autoregulado, sin intervención estatal en la economía ni Derecho del Trabajo. Pretende así retroceder más de 100 años.”
No es casualidad que ataquen a los sindicatos que resisten y enfrentan estas políticas. No, desde ya, a los jerarcas sindicales cómplices. La persecución a dirigentes sindicales como Horacio Catena y los docentes del SUTEF fueguino, la represión en AGR-Clarín y en la Panamericana en el marco del paro nacional, el allanamiento y la intervención al sindicato de Canillitas (el sexto intervenido por el macrismo), la ley votada por la legislatura cordobesa que declara servicio esencial al transporte público y prohíbe el ejercicio del derecho a huelga, la permanente amenaza del quite de la personería gremial ante las acciones de lucha obrera, son parte de un plan para someter al movimiento obrero. Así piensan lograr el “trabajo conjunto de empresarios y gremios”.
Mentiras para beneficiar a los monopolios
Según la argumentación de Macri, los trabajadores tendríamos que aceptar que nos rebajen el salario y empeoren nuestras condiciones laborales para bajar los costos empresariales, y así supuestamente bajarían los precios. Desde esa misma lógica, con un “costo argentino” más bajo, ahí sí llegarían las inversiones extranjeras, ya que actualmente somo “muy caros” para los gustos de los monopolios. Durante el primer año de gobierno lograron reducir el salario real en dólares un 15%, pero sigue siendo insuficiente: el costo de la hora de trabajo promedio en Argentina está en unos 15,09 dólares, mientras que en Taiwán es de 7,65. ¡Eso sí es competitividad! O quizá el modelo sea Bangladesh, cuya industria textil es una de las más importantes del mundo a costa de obreros en condiciones cercanas a la esclavitud.
Pero los resultados de esta política son claros: lo que bajaron no fueron los precios sino los sueldos y por lo tanto el consumo, mientras lo que suben son las ganancias de los monopolios y terratenientes, y la desocupación. Del mismo modo, el cierre de Pymes no es producto de los juicios laborales, sino de la combinación entre la caída del consumo, la destrucción de la industria nacional y la apertura de importaciones. No por casualidad, una de las más perjudicadas ha sido la industria textil en nuestro país, que no puede competir con países como Bangladesh. La política macrista, profundizando la dependencia y ahogando la posibilidad de una industria nacional independiente, también perjudica a los trabajadores.
Si aplastar a los trabajadores es la clave del triunfo de la política macrista, lo mismo vale al revés. La clase obrera, uniendo a todo el pueblo, es la que puede enfrentarlos, frenar esta ofensiva antiobrera y derrotarlos.
