Bajo el título “El riesgo de fractura del entramado social” y con la firma de Diana Kordon, Darío Lagos y Lucila Edelman, ha aparecido en el diario La Nación (de la oligárquica familia Mitre) un extenso artículo, que ocupa dos terceras partes de una de sus largas sábanas, ilustración incluida, en relación a “los saqueos y otros hechos de violencia” de diciembre pasado. Su publicación no es excepcional. Los citados se han convertido en columnistas asiduos en este medio.
Kordon, Edelman y Lagos son referentes del PCR (Partido Comunista Revolucionario), son médicos psiquiatras y tienen una importante trayectoria profesional en derechos humanos. Diana Kordon encabeza el agrupamiento intelectual Plataforma 2012 (con algunos intelectuales mimados por las clases dominantes como Beatriz Sarlo y otros). Este grupo intelectual fue saludado desde sus inicios por la mayoría de la dirección del PCR como una gran iniciativa para enfrentar a los kirchneristas de Carta Abierta.
Plataforma 2012 ha tenido una vasta cobertura en La Nación, Clarín y otros monopolios mediáticos de sectores de las clases dominantes. Una cobertura desmesurada con respecto a su incidencia real. La razón es que existe un acuerdo político para hacerlo. Un periodista que es contratado por esas empresas y tiene una relación laboral fija debe analizar cotidianamente en qué grado puede ejercer su libertad de conciencia y opinión, o hasta donde puede ser fiel a la verdad, cuando debe escribir para un medio como La Nación. Pero cuando hablamos de columnistas que –como en este caso– tienen tanto espacio en estos enormes medios que tiran cientos de miles de ejemplares, nos referimos ya a la existencia de acuerdos políticos para poder ejercer esa función “productora de subjetividades”. Afinidades político-ideológicas explícitas.
Revelaciones del artículo
Vayamos entonces al contenido del artículo. Como indica su título y reafirma su cuerpo, uno de los ejes que plantea es que detrás del conflicto policial, de los saqueos y de otros “hechos de violencia” recientes existiría una “amenaza de fractura del entramado social [que] va adquiriendo fuerza de realidad” con la ruptura de “acuerdos pre-existentes de convivencia”. Nada dice el artículo de cuestiones más prosaicas como el descenso del salario real, las internas en las fuerzas represivas, la deteriorada situación de las provincias, el tema de los precios, etc.
Desde el punto de vista de quienes nos reivindicamos comunistas revolucionarios, el planteo teórico del artículo es medularmente erróneo y falaz: esta sociedad no se sustenta en una trama social homogénea con pre-acuerdos de convivencia, sino que esencialmente se basa en la explotación de la clase obrera y otros sectores populares por una ínfima minoría. No hay “entramado social”, concepto académico burgués entendido tácitamente como posibilidad de armonización u homogeneización de los diferentes intereses en juego. Lo que hay son contradicciones de clasesexasperadas, irreconciliables. La violencia es cotidiana. Pero no como la confinan Kordon-Lagos-Edelman: “en el fútbol, en las escuelas, de género, delitos con un nivel de violencia sin sentido”. La violencia la ejercen minuto a minuto los explotadores en el aparato de producción. Hoy se agudiza con el robo inflacionario y otros mecanismos de los que es responsable principal el gobierno, pero con los que se beneficia el conjunto de las clases dominantes.
Tampoco existen “pactos de convivencia” (formulación que suena más bien a pensadores burgueses como Hobbes o Rousseau que a Carlos Marx). Lo que hay es una ley impuesta por el más fuerte: los terratenientes, la burguesía intermediaria y los imperialismos. No se trata de un mero “extravío en el psiquismo” del pueblo. En todo caso, si hubiera que referirse a una “guerra de pobres contra pobres”, habría que decir que es alentada por los propios sectores dominantes. Pero el artículo también se cuida de mencionar esto, ya que podría señalar implícitamente que habría que dirigir esa energía contra las clases dominantes… algo que La Nación no estaría interesada en publicar.
El texto de Kordon, Lagos y Edelman alude luego al aumento de la pobreza y la desigualdad, peronunca habla de clases sociales. Y remarca varias veces la presunta existencia de un proceso que conduciría a la “anomia” (la desaparición de normas sociales), en relación a lo que estos psiquiatras llaman un quiebre de una supuesta “comunidad de pertenencia” y a la pérdida de “ciertos enunciados de fundamento que sostienen el lazo social, aquellos enunciados más generales de la cultura sobre lo permitido y lo prohibido”. Los marxistas-leninistas-maoístas en cambio afirmamos que no haycomunidad de pertenencia por sobre las clases sociales, que el conjunto nacional vive en contradicción consigo mismo, que no hay una “cultura compartida”: que cada idea lleva su sello de clase. Que no hay “anomia”, que en todo caso el problema es que predominan los valores dúplices de los explotadores (que no se reducen al gobierno como sugiere el artículo). Sus normas, hechas a su imagen y semejanza, promueven sus intereses particulares aunque se disfrazan de “interés general”, siempre con un discurso moralino, santurrón e hipócrita. Lo malo que ocurre no es una presunta “falta de normas” –por otra parte imposible–, sino la fuerza de los valores de las clases dominantes, que muchas veces aparecen como efectos de conciencia entre los sectores populares incluso contra sus intereses objetivos (ya que, de eso hablamos, disponen de enormes dispositivos de maceración mental para imponerlos).
Además, no hay ningún consenso “general” posible sobre “lo permitido y lo prohibido” que “fundamente el lazo social” que ahora se esté descosiendo. Ese lazo social se basa en la imposición de la injusticia: en el régimen de la propiedad privada, en la alienación de los trabajadores y en la subordinación del país a los dictados de los monopolios y las potencias imperialistas. Esas reglas que separan formalmente lo legal y lo delictivo son también impuestas por el Estado que sirve a las clases dominantes. Cuando la tortilla se vuelva, también esto va a cambiar: esencialmente será delito explotar, será delito entregar nuestra soberanía, tanto como será obligatorio aportar al trabajo social, colectivo y a la liberación de la patria.
El texto de estos referentes del PCR utiliza finalmente una media lengua oblicua para apuntar algún esbozo de propuesta frente a la compleja situación del país. Plantea que sería deseable “una posición activa compartida con otros [ya que] puede abrir caminos favorables a los anhelos populares”. Pero esos “anhelos populares” no son definidos sino muy vagamente, dicen: “…se requieren cambios profundos, estructurales, que marquen una clara direccionalidad en relación con recuperar nuestros patrimonios materiales y culturales y terminar con la brecha de desigualdades”. La vaguedad del texto, a la medida de un diario reaccionario como La Nación, no convence en lo más mínimo. Vale tanto para un barrido como para un fregado y en todo caso puede aportar sí… al desconcierto general. Un gran terrateniente puede entenderlo como una propuesta de recuperación de la feta de renta que hoy le saca el Estado a través de una futura eliminación de las retenciones. Un reaccionario habitante de Barrio Parque puede leerlo como un llamado a la organización por las “redes sociales” de un cacerolazo a favor de la mano dura. Un reformista puede interpretarlo como un guiño para la integración al hipotético frente binnerista que permitiría “redistribuir la riqueza” (manteniendo la explotación y la opresión). Finalmente, una lectura orientada por una importante dosis de fe religiosa (sobre todo ahora que habemus Papa) puede llegar a creer que gracias a artículos como éste los lectores de La Nación se podrían estar convenciendo de que hay que dar una salida popular a la crisis.
Significativamente el texto cierra con un nuevo llamado al objetivo de “restañar el lazo social y los sentimientos de pertenencia” que nos ahorra hacer mayores comentarios.