El 24 de marzo de 1982 a las 23:40, el por entonces teniente de navío Alfredo Astiz desembarcó, junto al grupo Alfa, con comandos de marina denominados “lagartos” a su cargo, en las islas Georgias del Sur, 1.300 kilómetros al sudeste de las Islas Malvinas. Un mes más tarde, el 25 de abril, el represor ofrecía su rendición a bordo de la fragata inglesa Plymouth sin haber ejercido la menor resistencia a la ocupación británica. Astiz, famoso por torturar y marcar Madres de Plaza de Mayo o monjas, optaba por entregarse ante un destacamento militar de dimensiones similares al propio, en la que podría haber sido la primera batalla luego de la recuperación de las Islas Malvinas.
Antes de que el ejército inglés lograra asentarse en las islas Georgias del Sur, las tormentas de nieve, con vientos que llegaban a los 150 kilómetros por hora y el consecuente oleaje, derribaron dos helicópteros Wessex V y dos botes Gemini. Con sus fuerzas mermadas, avanzaron a pie sin obstáculos y tomaron prisioneros a 190 argentinos (Visión Siete, “Astiz en las islas Georgias: La cobarde rendición de un represor”). La versión inglesa es coincidente y señala que ya flameaban sábanas blancas en varias ventanas cuando llegaron a las edificaciones (Hastings y Jenkins, La batalla por las Malvinas).
El genocida Astiz fue tomado prisionero por el ejército inglés y devuelto por el gobierno de Margaret Thatcher, sorteando los reclamos de extradición por parte de Francia y Suecia por la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y la ciudadana sueca Dagmar Hagelin.
Mucho más adelante, el 7 de febrero de 2012, el gobierno nacional dió a conocer el contenido del Informe Rattenbach, elaborado en el declive del gobierno de la Junta Militar por una comisión integrada por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En él, se planteaba la apertura de un sumario para Astiz porque “rindió a su tropa sin presentar batalla”.
Hasta el día de hoy no fue juzgado por su papel en Malvinas, pero sí por los crímenes que cometió como agente de la ESMA. Desde el 2007 permanece en una cárcel común bajo la condena a cadena perpetua en nuestro país. Recientemente fue incluido por el gobierno en la lista presentada a la Justicia con los detenidos que podrían acceder a la prisión domiciliaria.
