Una resolución del Ministerio de Defensa autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar “informes socio ambientales”, eufemismo utilizado para el espionaje interno. No es que estas fuerzas no lo vinieran haciendo. Quienes militamos en partidos políticos sabemos por experiencia propia que cada fuerza tiene su propio aparato de inteligencia desde donde intenta infiltrar a las organizaciones populares. Lo novedoso del asunto es la explicitación, aunque sea de forma soslayada, de tales objetivos.
La resolución en cuestión –número 154-E/2017 publicada el viernes 23 en el Boletín Oficial– señala en su artículo 2º, punto 5: “No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal de cada una de las Fuerzas Armadas.” Al negar, en realidad, terminan afirmando. ¿A qué sino hacen referencia estos “informes”?
Para “proteger” a los miembros de las fuerzas por los ilícitos que acarrean este tipo de medidas, en su artículo 4º instruye a brindar patrocinio jurídico a “todo personal que, cumpliendo sus obligaciones en un acto del servicio regulado en la presente Resolución, enfrente por ello un proceso judicial y/o administrativo”. Evidentemente, son concientes de lo ilegal de las tareas que se proponen.
Mientras tanto, persiste la campaña de negación del genocidio de Estado bajo la provocadora consigna de “memoria completa”. (Con esta consigna –según circuló– se habría justificado el despido de dos responsables de elaborar los contenidos de los posgrados online del Instituto Nacional de Formación Docente. Si quieren “memoria completa” podrían empezar abriendo los archivos de la dictadura.) Pero además, no sólo se promueve abiertamente el envío de los genocidas a sus casas, sino que de hecho se han enlentecido los juicios por delitos de lesa humanidad, como ocurre por ejemplo con la causa ESMA. Por eso este 24 de Marzo volveremos a gritar ¡memoria, verdad, justicia!
