El mismo 3J, cuando se cumplía el 5º aniversario del grito de “Ni una Menos”, se desató una ola generalizada de repudio contra el fiscal chubutense Fernando Rivarola, quien caracterizó como “desahogo sexual” una violación múltiple. El fiscal aceptó el pedido de la defensa de los cinco imputados y con la nueva calificación, ninguno de ellos sería encarcelado. El juez de la causa rechazó el acuerdo firmado y ordenó continuar el juicio oral, como única forma válida para juzgar la gravedad de los hechos imputados hasta el momento.
Los hechos
La violación ocurrió en septiembre de 2012, en un festejo por el día de la primavera en Chubut, donde una joven de 16 años fue drogada y violada por cuatro varones: Ezequiel Quintana, Leandro del Villar, Luciano Mallemaci y Roberto Viglione, anfitrión de la fiesta, mientras Joaquín Pérez era testigo y Tomás Soriano sostenía la puerta para que nadie entrara.
Después de sufrir este abuso sexual, en el que participaron hijos de familias poderosas de Puerto Madryn, Trelew y Gaiman, la víctima fue hostigada y amenazada por los responsables y se vio obligada a mudarse de la ciudad. Recién en enero de 2019, ya con 24 años, pudo denunciar lo sucedido a través de su cuenta de Facebook.
En su momento, la denuncia acompañada por el movimiento de mujeres tomó gran repercusión y la Justicia abrió una investigación de oficio, por la cual cinco de los seis partícipes fueron imputados por «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas». Uno de ellos, Joaquín Pérez, se declaró como arrepentido colaborando con la causa.
La causa
A lo largo de la investigación, con más de 60 testigos que confirmaron los hechos, dos de los acusados menores de edad fueron sobreseídos: Roberto Viglione, nieto de un ex gobernador radical, y Tomás Soriano, miembro de una familia de empresa pesquera internacional.
Ahora, el fiscal Rivarola acordó con la defensa de los imputados, Ezequiel Quintana, Leandro del Villar y Luciano Mallemaci, un cambio de carátula en la causa para poder llevarlos a un juicio abreviado. Pasando de ser juzgados por “abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas con acceso carnal” a “abuso sexual simple”, y argumentó el pedido utilizando la definición «accionar doloso de desahogo sexual». De esta manera, los acusados tendrían una condena en suspenso, sin afrontar la estadía en prisión.
El juez de la causa, Marcelo Nieto Di Biase, rechazó el acuerdo firmado por el fiscal y ordenó continuar con el juicio por el crimen cometido de abuso con acceso carnal que califica con una pena de 8 a 20 años de prisión. Según trascendió en varios medios expresó: “Para que quede claro, no puedo tolerar que, cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una Justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados (…)”. En cuanto al consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró condicionado, lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes.
A través de un comunicado, el fiscal anticipó la apelación a la medida «por no haber respetado la voluntad expresa de la víctima”. Otra argumentación de apoyo al flamante acuerdo, remarcado por el propio fiscal, es la aceptación por parte de la víctima. Esto fue levantado por algunos medios “férreos defensores de las libertades individuales” y por personalidades del feminismo como Rita Segato, quien termina pidiéndole disculpas al fiscal que busca bajarle la pena de los violadores, argumentando el supuesto beneficio de la víctima, quien lógicamente busca darle un cierre a esta situación.
En declaraciones publicadas en Página/12, amigas de la joven, que la acompañaron durante todo el proceso, sostuvieron que «un juicio abreviado aparece como la mejor manera de obtener algo de Justicia y consolidar la paz que necesita nuestra amiga». «Nuestra amiga nunca tuvo la posibilidad de que todos sus violadores vayan presos, las dificultades probatorias y los procesos burocráticos son muy grandes cuando la Justicia tarda en llegar casi ocho años».
El nudo de esta polémica radica en la contradicción sobre la posibilidad de ir a un juicio abreviado, que acelere el proceso, aunque reduzca la pena, con la aceptación de los acusados de haber cometido abuso, contra los vericuetos de un juicio extendido en el tiempo, con una justicia que revictimiza a la mujer como estamos acostumbradas, después de los 8 años de angustia que tuvo que vivir además de ser violada. Al mismo tiempo este caso adoptó una forma social por el inmenso repudio que generó la caracterización de “desahogo sexual”, que naturaliza el poder que ejercen cuatro varones violando el cuerpo de una mujer de 16 años. Y sobre todo porque a partir del 2015 muchas entendimos que esas cosas no son naturales, son sociales, culturales, políticas. Y muchas nos sentimos identificadas con esa víctima que no quiere ser revictimizada mediante una Justicia que no da respuestas, aunque probablemente no hay justicia que pueda borrar ese dolor. Pero si podemos ver presos a esos violadores, con la pena más alta que se le pueda dar, necesitamos que así sea.
Rechazo generalizado
El repudio fue generalizado y de diversas maneras. En la ciudad de Chubut se movilizaron sindicatos, organizaciones sociales y feministas, comenzando en los tribunales y recorrieron la zona comercial donde los imputados tienen sus negocios. Cientos de sindicatos, asociaciones, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y hasta sectores del gobierno repudiaron el accionar del fiscal. También se realizó un pedido de juicio político al Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut con más de 850 mil firmas, con el consentimiento del propio gobernador de la provincia. Al mismo tiempo, estallaron las redes sociales como medio de manifestación de aquellos que continuamos con el aislamiento social preventivo por la pandemia.
La propia ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, viajó a la provincia para conocer los detalles del caso y avanzar en la necesaria implementación de la Ley Micaela en el sentido de tener una Justicia con perspectiva de género. También se refirió al positivo cuestionamiento social que generó este dictamen como motor de cambio.
