Al cierre de esta edición de Vamos! aumentaba la tensión en Cataluña –Catalunya según los catalanes– y en toda España. El Tribunal Constitucional del país –encarnando la línea oficial de la monarquía española y del gobierno de Mariano Rajoy– había ordenado la suspensión de la sesión del Parlamento catalán dispuesta para el lunes 9 de octubre, en la que se anunciaba la declaración unilateral de la independencia. Ya antes se había suspendido la ley del Referéndum independentista –que de todos modos se llevó a cabo el 1º de octubre–, y la de Transitoriedad, que regularía el período entre el referéndum y la eventual independencia en el caso de que ganara el “Sí”, constituyendo a Catalunya como república con constitución propia.
Pese al estado de excepción y los masivos operativos ordenados por el primer ministro Rajoy con detenciones, allanamiento de diarios, imprentas y partidos políticos, secuestro de urnas y otras medidas intimidatorias, y a la brutal represión policial del mismo domingo 1, más de dos millones de catalanes (de un total de 7) reafirmaron sus derechos democráticos: en primer lugar el de realizar el Referéndum; y en segundo el de la autodeterminación para constituir a Catalunya en nación independiente, como reclaman y se les prohíbe desde hace siglos.
La represión desatada por el Estado español precipitó el masivo paro general y movilización del martes 3. Esa misma noche el propio rey Felipe VI salió por TV a sostener la ilegalidad de la consulta popular por la independencia y a acusar al gobierno catalán de “deslealtad”. Durante la semana el clima político español se cortaba con cuchillo…
La crisis y los nacionalismos
Casi siempre las crisis económicas mundiales contribuyeron a hacer emerger las aspiraciones nacionalistas. La crisis iniciada en 2008 –aún en curso– está, de distintas maneras, detrás del resurgimiento tanto del nacionalismo escocés contra la vieja dominación inglesa como del nacionalismo kurdo que acaba de llevar a cabo su propio referéndum por un Kurdistán independiente que reúna en una misma entidad estatal a los kurdos de Irak, Irán, Siria y Turquía. Y en última instancia también es el trasfondo del nacionalismo imperialista británico que comandó el “Brexit”, es decir la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La crisis también golpeó duramente a España. La gran burguesía catalana fue y es responsable y víctima al mismo tiempo de sus rebotes en la región: promotores catalanes fueron parte de los créditos hipotecarios que alimentaron la burbuja especulativa; banqueros catalanes se los concedieron; y sobre el botín de edificios y casas se abalanzaron empresas y privados catalanes. La sombra de la quiebra planeó no sólo sobre los bancos sino sobre el mismo Estado autonómico. Desde 2010 la Generalitat tiene cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales. Los bancos de Catalunya le deben a empresas y familias más del doble del Producto Bruto regional. Y el gobierno de Catalunya fue uno de los que más recortó el gasto público en salud, educación y servicios sociales. La independencia por sí misma no resolvería la situación económica (tal vez incluso la agravaría), pero crearía mejores condiciones para que las clases populares puedan dirimir sus cuentas con la burguesía sin la opresión y control del estado español.
La sociedad catalana está partida. Incluso lo están sus movimientos populares y de “izquierda” y su gran burguesía. En las cuatro décadas posfranquistas la fisura nacional entre los intereses que sostienen el estado español y los de la nación catalana perduraron e incluso se ahondaron.
En los últimos años el independentismo creció debido a los recortes del Tribunal Constitucional al nuevo Estatuto aprobado en 2006 y a la negativa del gobierno de Rajoy al pacto fiscal con Catalunya. Pero parte de la burguesía y de los sectores populares catalanes temen las consecuencias económicas y políticas de un estado separado de España y probablemente también de la UE.
Desde el siglo 18 los derechos democráticos regionales, los recortes presupuestarios, la cuestión del estatuto de autonomía o independencia, la expoliación fiscal de que Catalunya es objeto por el estado español, la persecución lingüística y cultural, etc., son las razones históricas que enarbolan los catalanes en su reclamo de independencia. Y fueron acrecentadas en los últimos años en toda España con el progresivo empobrecimiento de las condiciones de vida de los trabajadores y con el profundo descrédito de la dirigencia política por los cientos de casos de corrupción de una gran burguesía podrida hasta la médula, que abarcan desde el ex rey Juan Carlos de Borbón y el entorno de Rajoy hasta la dirigencia socialista, y que fueron una de las causas del amplio movimiento de los Indignados que estalló en mayo de 2011.
El gobierno reaccionario y corrupto del Partido Popular (PP), apoyado por los igualmente reaccionarios y corruptos partidos del sistema como el PSOE y el engendro llamado Ciudadanos (conocido como C’s, creado por la banca y el propio PP), cierran filas con el estado español en la negación de los derechos de la nación catalana, del mismo modo que niegan los derechos democráticos y sociales de los trabajadores.
La Unión Europea y Catalunya
Una parte de los independentistas catalanes apuesta por la Unión Europea como vía para librarse de España. Pero la UE se opuso al referéndum, porque teme los remezones nacionalistas que la potencial secesión de Cataluña podría generar en otros países integrantes. La UE no es una “Unión de regiones”, como promovían hace 20 años algunas burguesías regionales como la catalana, sino que se consolidó como una Unión de Estados, con la clara primacía de las burguesías monopolistas de las principales potencias imperialistas europeas, centralmente Alemania y Francia.
Catalunya como tal no es parte de la UE ni de la unión monetaria: en caso de independizarse debería negociar su adhesión como un nuevo Estado y su entrada debería ser aprobada por unanimidad de todos los países miembros, incluida España.
Aceptar la independencia de Catalunya abriría la caja de Pandora no sólo para la burguesía monopolista española por los reclamos nacionales de vascos y gallegos, sino para todas las dirigencias europeas debido a los múltiples nacionalismos incubados durante siglos por la opresión primero feudal y después imperialista, y que, junto al irresuelto problema de los refugiados que afluyen huyendo de las guerras y del hambre causados por las grandes potencias, podría terminar sellando el certificado de defunción de la propia Unión Europea.
En la época histórica del imperialismo la opresión nacional es consustancial a este sistema, y la llamada «cuestión nacional» se manifiesta una y otra vez, de una u otra manera. Esa es, desde principios del siglo 20, la razón por la que la lucha de los pueblos oprimidos por su autodeterminación nacional es parte de la del proletariado mundial por la liberación social, como mostraron las revoluciones rusa y china y las grandes oleadas antiimperialistas y descolonizadoras de Asia, África y América Latina en las dos posguerras.
En la última década la tremenda corrupción, el deterioro de las condiciones de vida y la represión convirtieron la crisis económica catalana también en crisis política e institucional, llevaron a un choque cada vez mayor entre los intereses de la burguesía monopolista y las burguesías de las comunidades autonómicas, y exacerbaron la cuestión nacional.
El desemboque de la lucha independentista actual de Catalunya puede tener muchas alternativas. Podría ser un acuerdo pacífico o un enfrentamiento abierto de alcances hoy impensables. Podría terminar en la creación de un estado independiente, en un nuevo estatuto de autonomía, o en alguna forma de “estado libre asociado” a España. Pero en última instancia, la cuestión nacional en España sólo podrá ser resuelta por la clase obrera una vez cumplida su misión histórica de conquistar el poder e instaurar el socialismo, y en base al principio del internacionalismo proletario en conjunto con la clase obrera del resto de las nacionalidades de España.
