El pueblo colombiano logró que el gobierno de Iván Duque diera marcha atrás con la reforma tributaria que aumentaba el impuesto a los productos de la canasta básica, a los servicios públicos y funerarios, en medio de la segunda ola de la pandemia con picos mortales de contagios. La respuesta popular fue el paro indeterminado, acompañado de masivas movilizaciones en las principales ciudades del país, levantamientos campesinos y todo tipo de manifestaciones, que continúan por muchas revindicaciones más.
Luego de la derrota política, el presidente Duque –también vinculado al narcotráfico y a los paramilitares– profundizó la brutal represión, militarizó las ciudades y dictó el estado de sitio generando una verdadera masacre. La Defensoría del Pueblo de Colombia denuncia más de 20 asesinatos, miles de heridos, decenas de estudiantes con pérdida de ojo por disparo directo de la policía, casi 100 personas desaparecidas y abuso sexual a mujeres por parte de las fuerzas represivas.
Las centrales obreras reunidas en el “Comité nacional de paro” anuncian la continuidad del paro para avanzar en medidas de protección social, mejorar el sistema público de salud y una vacunación masiva para enfrentar la pandemia. Exigen una renta básica igual a un salario legal mensual, defensa de la producción nacional, agropecuaria, artesanal y campesina, subsidios para las pymes. También la desmillitarización de las ciudades y garantías constitucionales en las movilizaciones.
