Colombia: Protestas masivas y crímenes contra el pueblo

En las últimas semanas, enormes movilizaciones populares conmocionaron a Colombia. El punto de partida fue la reforma tributaria impulsada por el gobierno de derecha de Iván Duque y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que impactaba sobre todo en los sectores medios. Las protestas dieron continuidad a las que habían atravesado Colombia en 2019, protagonizadas en particular por los y las estudiantes. La pandemia puso una pausa a las movilizaciones y el gobierno no otorgó casi ninguna concesión, mientras la situación sanitaria y económica hizo crecer la pobreza a más del 40%. De este modo, la reforma tributaria fue la chispa que encendió una situación de profundo malestar popular.

Las marchas de respuesta fueron masivas y contundentes en distintas ciudades colombianas como Bogotá, Medellín y Cali, forzando al gobierno a retirar el proyecto de reforma e incluso provocando la renuncia del ministro Carrasquilla. A pesar de estos anuncios, la movilización no frenó. Los manifestantes fueron adoptando un programa más integral de enfrentamiento al gobierno de Duque, reclamando la adopción de una renta universal, más presupuesto para educación, el retiro de la reforma de salud y mayor participación popular en las decisiones. El Comité Nacional del Paro, integrado por representantes de distintas organizaciones sociales coordina las acciones de lucha.

Numerosos bloqueos cortaron los accesos a las ciudades por semanas.
El gobierno de Duque, irritado por la continuidad y profundidad de las protestas, respondió con una brutal represión, con incontables violaciones a los derechos humanos y decenas de homicidios. Sólo en la primera semana de protestas se denunciaron 1708 casos de violencia policial, 831 detenciones arbitrarias, 10 casos de violencia sexual y 37 homicidios por parte de las fuerzas policiales, según la ONG Temblores. En un mes, ya sumaban 61 los muertos según Human Rights Watch. El gobierno de Duque sigue negando los hechos evidentes de represión y obstaculizó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún así, las marchas no cesan ni se vislumbra una salida a la crisis.