Editorial | Apuntando a las grandes fortunas por los derechos del pueblo

Mientras siguen las medidas de distanciamiento, caen fuertemente los casos diarios de coronavirus y se planifica la vacunación, se llegó a 40 mil muertos. El gobierno del Frente de Todxs decidió dar una señal política con la aprobación del Impuesto a las Grandes Fortunas, la Ley del Fuego y el tratamiento en Diputados del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de los 1.000 días este jueves 10 de diciembre, cuando se cumple un año de su asunción.

Sigue la pelea económica por la reactivación en medio de la discusión con la negociación con Fondo y la presión devaluatoria de una parte de los dueños económicos de la Argentina. La disputa se centra sobre los salarios y jubilaciones. Poder adquisitivo, consumo, reactivación, recaudación y como consecuencia bajar el déficit… ¿o al revés?
Además de seguir transcurriendo la larga pandemia, ya con la perspectiva de un plan de vacunación, la inflación está golpeando el bolsillo de los trabajadores. La inflación de octubre marcó 3,8% y 4,8% en alimentos y se estima para noviembre un 3,5% y 4,1% respectivamente. Estos índices contrastan cada vez más con el 7% que recibieron los estatales y que vuelven a negociar en diciembre. O con el 5% de los jubilados para el trimestre que va hasta marzo, más allá inclusive de la modificación del Senado que eliminó que se iba a tomar a cuenta. La corrección del Salario Mínimo Vital y Móvil, que determina el monto de los programas de asistencia social, quedaría para el período anual febrero-febrero con el aumento en diciembre de $16.875 a $20.588 (22%). En los trabajadores privados los porcentajes son un poco mejor, pero impacta la desocupación que generó la pandemia.

El viernes 4 se terminó de aprobar el Impuesto a las Grandes Fortunas con el que se apunta a recaudar 420 mil millones de pesos, dos tercios de lo que el Estado desembolso este año en IFE y ATP. Esto, el decreto antidespidos –nuevamente extendido– y el congelamiento de tarifas fueron la base para defender los puestos de trabajo y la continuidad de las empresas, de manera de poder apuntar en estos próximos meses a los niveles de actividad económica y consumo previos a los de la pandemia.
Como contraparte, Cambiemos con algunas deserciones votó en contra. Los tuits de sus diputados graficaron que literalmente representan al 0,02% de la población: a los que tiene más de 200 millones de pesos y que según ellos son los únicos preocupados en generar trabajo y producción! La timba financiera que alimentó el macrismo con su gobierno de millonarios y los desfalcos tipo Vicentín prueban lo contrario y ya ni les dió para “banderazo”. Por su parte, el FIT, batiendo récords de sectarismo y alternativismo: se abstuvo!

El Impuesto a las Grandes Fortunas da una señal en dos sentidos. Una, que el Gobierno no es ajeno a las consecuencias de haber emitido $1.500.000 millones durante lo peor de la pandemia para sostener a la economía y hacer posible la cuarentena, sino que ahora lo va a cubrir con ingresos genuinos a las arcas del Estado. Tanto que insisten AEA, Cambiemos y su coro de economi-comunicadores con el déficit fiscal inflacionario: ahí tienen un ingreso genuino. Por supuesto vendrá la pelea por cobrárselos, ya que son maestros de la evasión y de la morosidad licuefactora. La otra señal que da la aprobación del Impuesto a las Grandes Fortunas es que se busca recaudar con el fin de sostener los subsidios imprescindibles para una reactivación económica.

El presupuesto 2021 aprobado plantea un déficit fiscal del 4,5% del PBI. Lo mínimo para un país que tuvo que soportar dos pandemias sucesivas: la del gobierno macrista y la del Covid. A la vez, el ministro Guzmán en la reunión con AEA habló de un déficit menor al 4%, criterio que jugó en contra de un quinto IFE, que la situación de grandes sectores demanda y llevó a que el Ejecutivo pusiera en la Ley para la actualización de las jubilaciones que el 5% de diciembre era a cuenta del futuro aumento de marzo, recortando el 0,3% puntos del PBI en los gastos de 2021. En el Senado, CFK y el Bloque del Frente de Todos modificaron la Ley y le sacaron el “a cuenta”. Además fijaron cuatro aumentos trimestrales, en vez de dos; y también consideraron el mejor índice salarial entre el Indec y el Ripte, y no solo el primero para promediar con la recaudación, poniendo así la fórmula como estaba hasta el 2015.

Tras la disparada del dólar blue que llegó a $195, el gobierno resistió la presión por un ajuste de shock devaluatorio, como el que reclamó AEA a Martín Guzmán. Con una batería de medidas coyunturales, Guzmán logró bajar el blue y el MEP-CL (dólar fuga), y dar una señal contra esa presión devaluatoria. La brecha con el oficial sigue siendo muy alta, pero su plan es aguantar así cuatro meses más, hasta la entrada grande de divisas del sector exportador de granos en marzo de 2021. Mientras tanto, va entrando algo por la cosecha fina en estos meses. Pero es justamente ese sector uno de los que presiona por un salto devaluatorio y viene retaceando la liquidación de divisas. Recién el viernes pasado el gobierno le suspendió la licencia a la exportadora de granos y aceites Díaz y Forti, a través de la que opera Vicentín, acusada de no liquidar el 98% de sus exportaciones. La sospecha del gobierno es que ese dinero no liquidado la firma lo ingresó en operaciones bursátiles (contado con liqui) que le darían una diferencia de 30 mil millones de pesos al evitar liquidar con el dólar oficial.

La otra cuestión para reactivar la economía (y a la vez reducir el déficit fiscal) es no hacer pagos de deuda externa. La carta del bloque de Senadores del Frente de Todos plantea en 18 puntos: básicamente que el FMI, violando sus propias reglas, le dio los 45 mil millones de dólares a Macri para que ganara las elecciones y garantizara la fuga de los grandes fondos de inversión. Ahora la apuesta del gobierno es que no haya pagos por cuatro años.
La situación económica es grave y encierra un peligro político. La “caravana” del 17N, que tuvo más de movilización a pie que de caravana, expresó el respaldo popular a un gobierno que jugó fuerte contra la pandemia con asistencia y subsidios, y que ahora enfrenta una situación económica, que se siente y va siendo la principal preocupación para lxs trabajadores que la sufren. El Impuesto a las Grande Fortunas es un paso importante. La carta del bloque de senadores del Frente de Todos, otro.

La demora en votar el Impuesto, junto al paso en falso de Vicentín, le dio a la reacción un margen para envalentonarse. Pero más allá de esto, se trata de los dueños económicos de una Argentina en la que rige lo fundamental del sistema financiero que dejó la dictadura, y el manejo de los servicios públicos y el comercio exterior en manos de monopolios privados como lo instauró el menemismo –a excepción del 51% de YPF, las AFJP, AySA y Aerolíneas Argentinas–. La idea de una salida popular a la crisis, armónica con esos sectores, es imposible. Es una lucha contra los intereses que el bloque de Cambiemos graficó en el 0,02% que defiende.

El plan de desestabilización para volver a corto plazo que soñaron Macri y AEA parece desmoronado y además les surgió otro liderazgo adentro de Cambiemos. Pero tampoco con un 48% a 42%, como los votos de 2019, alcanzará políticamente para pasarles por encima. Habrá que consolidar el triunfo popular en 2021. Porque además, dentro del Frente de Todos y sus aliados, que incluye gobiernos provinciales y demás, no todos están dispuestos a profundizar las medidas populares y tocar a los grandes intereses. El objetivo político que debe presidir todo el accionar de lxs trabajadores y las fuerzas populares ante esta dura situación, es luchar para abrir la puerta a los cambios estructurales que el pueblo y la Nación necesitan. Fue necesario unir mucho en el Frente de Todos para poder derrotar a Macri. El motor para imponer esa unidad estuvo fundamentalmente en las calles, las fábricas, los surcos, y las escuelas. Eso tampoco cambia.