El día 27 de agosto se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA una charla-debate sobre el acuerdo YPF-Chevron con Claudio Lozano y Martín Scalabrini Ortiz, con una muy buena convocatoria de estudiantes y muchos graduados e investigadores relacionados con la problemática. El día anterior, el presidente del CONICET, que viene de crear una empresa para la coordinación e investigación con YPF S.A. (Y-TEC S.A.), se había retirado de otra charla en esa misma facultad sin dar respuestas ante la pregunta de uno de los presentes sobre este acuerdo.
El gobierno kirchnerista intenta hacer pasar este acuerdo como una “buena noticia” de un Estado activo en la política petrolera y de hidrocarburos. Miguel Galuccio, presidente de YPF S.A., sostuvo en el Consejo de las Américas que “necesitamos muchos Chevrones”. Luego, el acuerdo se cristalizó con una violenta represión en la provincia de Neuquén que incluyó balas de plomo.
En la charla Lozano, candidato a Senador por Camino Popular, resaltó que “a pesar del discurso del autoabastecimiento, el acuerdo vuelve a poner el tema del sesgo exportador como una clave en la política hidrocarburífera”.
Según el acuerdo, Chevron podrá contar a partir del quinto año con el 20% de la producción para ubicarla en el mercado internacional o venderlo al mercado interno a precio exterior. Teniendo en cuenta que la puesta en marcha del proyecto y las investigaciones pertinentes tomarán aproximadamente ese tiempo, “la empresa se apropiaría de ese 20% de producción prácticamente desde el inicio de la explotación de Vaca Muerta; disponiendo del 100% de las divisas y regulando precios a niveles internacionales. Esto viene de la mano de la reducción de aranceles de importación de equipos y, lo que es más importante, de una definición de carácter inconstitucional, que es la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos”. Además, “lo único que estaría poniendo Chevron son 2.200 millones de dólares, con una rentabilidad cercana al 800%, que en resultados netos implican 17.232 milones de dólares”.
Por otro lado, Lozano hizo referencia al impacto ambiental que puede tener sobre la vecindad del río Neuquén ya que “un pozo petrolero convencional utiliza aproximadamente 75 mil litros de agua dulce, mientras que uno no convencional puede demandar entre 30 y 40 millones de litros de agua. El 2% de esa agua inyectada son productos químicos; algunos de ellos, altamente contaminantes, otros, desconocidos por secreto industrial. El 50% del agua con químicos inyectados regresa a la superficie durante la producción, afectando las napas de agua. Ya se vieron precedentes de esto en muchas regiones del mundo.” Y resaltó que “en Argentina no existe normativa que regule esta actividad.”
Finalmente, Lozano cerró la charla remarcando que en lugar de avanzar en acuerdos con Chevron “hay que avanzar en sentido de la derogación y erradicación de los decretos de los ’90. No tiene sentido hablar de autoabastecimiento y permitir que sigan saliendo recursos y divisas.”
El acuerdo YPF-Chevron desnuda la entrega de nuestros recursos. La soberanía energética y el autoabastecimiento no pueden quedar en manos ni depender de muchos Chevrones. Ni de Repsol, ni de Chevron, ni de ningún monopolio extranjero.
