La segunda ola de covid y el fallo de la Corte Suprema respaldando a Horacio Rodríguez Larreta marcan el momento político. Las medidas para restringir la circulación y los contagios ya están mostrando resultados concretos en la provincia de Buenos Aires y en Caba, aunque más limitadamente en la Ciudad por responsabilidad del gobierno de Cambiemos. Los 663 muertos por covid del 5 de mayo, que reflejan las consecuencias de los contagios de hace tres semanas, también son una lamentable muestra de hacia dónde nos llevaba la línea rubricada por los principales dirigentes de Cambiemos, que hace un mes se oponían a cualquier medida restrictiva a la circulación, aun antes de que fueran anunciadas por el Presidente.
A la vez, la virulencia de la segunda ola impone la necesidad de ampliar el gasto público para afrontar la situación económica cada vez más grave que sufre la gran masa del pueblo. Esto también es imprescindible para enfrentar esta ola y ha tomado estado público como debate dentro del gobierno.
El fallo de la Corte
La Corte falló políticamente ante el DNU 241/2021 cuando ya no regía. El fallo intenta poner en duda la potestad presidencial para determinar el conjunto de medidas que impone la situación sanitaria. El fallo se ubica en el negacionismo de la pandemia, al pretender escindir la presencialidad educativa de la emergencia sanitaria marcada por la ocupación de camas UTI y el crecimiento vertiginoso de casos, que aún se mantiene entre 20 y 30 mil diarios nacionalmente. Más negacionista aún cuando en CABA el sistema privado se declaró saturado y comenzó a derivar al sistema público, demorándose varias horas en muchos casos el destino concreto de los pacientes. Sobre la base de esa escisión negacionista a la gravedad de la segunda ola, el fallo reivindica forzadamente una autonomía federativa que no aplica jurídicamente al plano sanitario, dado que éste se encuentra explícitamente bajo la órbita del gobierno nacional, lo que el propio fallo se cubre reconociendo formalmente para luego pisotear.
Por eso es un fallo que desafía institucionalmente al Poder Ejecutivo electo por el voto ciudadano. Y en concreto es un fallo criminal en lo sanitario, al sentenciar a la presencialidad y la circulación a 600 mil porteñxs que el DNU presidencial restaba, priorizando las tareas más esenciales, el trabajo y la producción, garantizando a su vez la educación en modo virtual. Fueron los docentes con el paro de UTE y Ademys los que bancaron, a pesar de la persecución y los descuentos, el DNU sanitario 241. Como también un creciente número de padres que se está manifestando; o de hecho no lleva los chicos a la escuela ante la magnitud de los contagios y muertes.
Este fallo de la Corte Suprema es un punto de inflexión político, frente al cual el presidente y la vicepresidenta no tardaron en confrontar unificadamente, graficando además esa unidad con la foto del acto de Ensenada junto a Massa y Kicillof. No es el primer fallo judicial que se cruza para impedir las acciones del gobierno de Todxs. Vicentín y el amparo de Clarín para aplicar aumentos en telefonía celular e internet ya son antecedentes. Esta secuencia de fallos deja muy en claro que el objetivo no es solo penal, contra dirigentes como la vicepresidenta CFK, sino contra los intereses sanitarios y económicos del conjunto del pueblo.
Salarios, gasto público e inflación
La segunda ola impone ampliar el gasto público para mantener el poder adquisitivo de los salarios, empezando por los estatales, municipales y jubilados; y asistir a las pymes para garantizar un aumento general porcentual por decreto. Y así equiparar los salarios y las jubilaciones tras la inflación de los últimos meses, y particularmente del aumento de la comida que en abril apuntaría nuevamente al 4,5%, con un índice general que se acercaría al 4%.
El tuit de CFK tras el fallido pedido de renuncia al secretario de Energía, Federico Basualdo, por parte de Martín Guzmán, graficó públicamente el contenido de un nudo de debate interno dentro del Frente de Todxs. Si bien el detonante fue el aumento de las tarifas energéticas, que Guzmán pretendía escalonar hasta el 30% pero que quedó en el 9%, el trasfondo es el nivel de gasto y déficit fiscal que impone la segunda ola y la situación económico-social. En el mismo sentido, el bloque de senadores del Frente de Todxs promueve que los 4.355 millones de dólares que el FMI aportará a la Argentina este año (como derechos especiales de giro) sean destinados al gasto público y no a la cancelación del pago con el organismo que vence este mismo año.
Una de las grandes causas de la inflación es la suba de alimentos, motorizada por la importación de la suba de los precios internacionales con retenciones que han quedado por detrás, sin contabilizar además el nivel de contrabando de los monopolios exportadores de granos. Los cupos prácticamente ilimitados y la escasa retención para exportación de carne tienen un reflejo directo en la mesa y el bolsillo de los argentinos. Los monopolios productores de alimentos vienen obteniendo enormes ganancias, en medio de la pandemia, al punto de estar recuperando lo que perdieron en los últimos tres años de Macri. Por eso, aun con una reducción del déficit fiscal llevado al 0,5% (PBI) en el primer trimestre, la inflación acumuló el 13%. Y ya a esta altura ha roto por lejos la proyección de 29% que figura en el Presupuesto, que cuando fue aprobado además no podía prever la magnitud de esta segunda ola de covid. Y además el gobierno siempre depende del forcejeo en la liquidación de divisas que hacen los monopolios exportadores. Por eso también, para atacar la inflación y garantizarse divisas es necesario el control estatal de la hidrovía.
El round político
El Frente de Todxs se constituyó como necesidad de impedir la reelección macrista con un eje productivista de “prender la economía”. La Argentina primarizante y endeudada que dejó Macri y la pandemia exigen más. Exigen tocar la estructura financiera que dejó la dictadura, los servicios públicos y palancas clave como la Hidrovía privatizados por el menemismo y la actual economía primarizante de la sojización, que se fue imponiendo tras la devaluación duhaldista y que emergió políticamente en 2008 con el conflicto agrario. Conflicto que en definitiva parió a Cambiemos e inauguró el período político en curso. El Comunismo Revolucionario y Liberación Popular se vienen desarrollando y siendo parte activa de la lucha popular alrededor de la contradicción principal que identifica este período político, y también posicionándonos en la discusión dentro del Frente de Todos desde una perspectiva para la liberación nacional y social.
Si algo deja en claro este desafío institucional de la Corte es que no hay posibilidad de “consenso” entre las fuerzas de la reacción y el pueblo. Ya el discurso de apertura parlamentaria de Alberto Fernández y la salida de Marcela Losardo como ministra de Justicia habían expresado esto. Los DNU sanitarios frente a la segunda ola también cursan ya en confrontación con Cambiemos; y ahora el fallo de la Corte suma desafío institucional.
Ante los meses de otoño e invierno que vienen, mientras avanza la vacunación y se consiguen más dosis, la batalla política gira en torno a lo sanitario, principalmente alrededor del cumplimiento del DNU 287/21 y de las medidas económicas y de asistencia para mejorar la situación de los trabajadores y llevar adelante las restricciones, manteniendo la iniciativa política desde la lucha popular. De las condiciones en que se llegue hacia fin de año dependerá el respaldo nacional que consiga el gobierno de Todxs y el repudio a Cambiemos.
