Frente a este fallo vergonzoso, digno de una Justicia corrupta y patriarcal, el gobierno de Cristina Kirchner y del gobernador Alperovich pretendieron lavarse las manos, con manifestaciones de apoyo y solidaridad con Susana Trimarco, tratando de ocultar algo que es más que evidente: la red de complicidades del poder político, policial y judicial que permite y que se enriquece con el negocio de la trata y la prostitución.
La senadora Beatriz Rojkés, esposa de Alperovich y tercera en la línea presidencial, dijo en aquel entonces: “La prostitución existe y va a seguir existiendo”, un claro posicionamiento político e ideológico que avala la trata de personas a la vez que naturaliza y refuerza el lugar de las mujeres como objetos.
Producto de las movilizaciones y los escraches de las organizaciones populares, el gobierno tuvo que ceder y aprobar algunas de las modificaciones que se venían reclamando a la ley de trata. Principalmente que se elimine la figura del consentimiento. Sin embargo esas modificaciones siguen sin reglamentarse para su cumplimiento.
Un año después, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, partidos políticos y agrupaciones de mujeres seguimos en las calles exigiendo justicia.
– JUSTICIA POR MARITA VERÓN.
– Aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata y explotación sexual.
– Basta de justicia patriarcal: destitución de los jueces que absolvieron a los proxenetas.
– Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual.
– El gobierno nacional, como los gobiernos provinciales, las instituciones del estado, como las fuerzas represivas y la justicia, son responsables de garantizar la trata con fines de explotación sexual y las redes de explotación sexual.
– El gobierno K es responsable: ¡Fuera Alperovich!
