El gobierno nacional viene desplegando, desde hace más de un año, una política silenciosa de hostigamiento a diversos sindicatos con medidas que van desde la no certificación de autoridades hasta medidas cautelares para impedir elecciones. Estas medidas que ejecuta el Ministerio de Trabajo –aun sin fundamentos formales ni legales que las avalen– violan la autonomía sindical y sientan las bases para la intervención estatal de los gremios.
La polarización que planteó el gobierno con los sindicatos, primero con el SUTEBA durante las paritarias de los maestros y luego con el encarcelamiento de varios jerarcas sindicales, no busca democratizar los gremios ni terminar con los negociados de los sindicalistas-empresarios sino que es una política que buscar poner de rodillas a los trabajadores y sus organizaciones para hacer pasar el ajuste, los tarifazos y las reformas laboral y previsional. Esto quedó más claro tras el discurso de Macri en el CCK el 30/10 al expresar que “no puede ser que haya más de 3.000 sindicatos en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias”.
La división gremial que hoy existe en nuestro país, expresada en la atomización en dos o más sindicatos que se organizan para representar a los trabajadores de un mismo empleador es un problema y una traba para la unidad del movimiento obrero y de los trabajadores en la Argentina, pero es a la vez el resultado de un modelo sindical dominado centralmente por jerarcas que se han perpetuado durante décadas al amparo de los distintos gobiernos de turno. No es objeto de esta nota profundizar al respecto ya que requiere un análisis más exhaustivo, pero es importante destacar que esto dio origen a la existencia de miles de sindicatos con simple inscripción gremial frente a los que tienen personería y legalmente pueden firmar acuerdos paritarios.
Las declaraciones de Macri son claras al respecto: busca exterminar a los miles de sindicatos que desde hace años vienen luchando por representar a los trabajadores que no tienen expresión en los gremios dirigidos por los jerarcas.
Para ello se dio una política de: intervención directa en los casos donde el Ministerio se arrogó las funciones judiciales al impedir elecciones; o de asfixia formal y/o financiera al no certificar a las autoridades resultantes de elecciones (inclusive algunas elecciones que contaron con el aval de veedores del propio ministerio).
Para conocer en profundidad la extensión de la política proscriptiva, hacer un relevamiento exhaustivo y definir medidas de conjunto, el viernes 17/11 se realizó en la AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la UBA) una reunión de la que participaron más de 10 sindicatos, sus respectivos asesores legales y los abogados de la CTA-A.
En la misma se definió avanzar en el relevamiento de casos para formalizar una denuncia jurídica local e internacional (ante la OIT) de forma colectiva, realizar próximamente una conferencia de prensa que incluya el anuncio de una medida política de movilización y protesta a definir.
Corresponsal
