Se aprobó la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. Es la primera ley del gobierno y muestra los lineamientos iniciales de su política económica y social. Esta ley es parte de la rápida iniciativa del gobierno de Alberto Fernández para dar paliativos a los sectores más castigados y recomponer el mercado interno, buscando salir de la profunda recesión en que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Aumenta retenciones, impuestos y crea nuevos para que los recursos no salgan sencillamente de la emisión monetaria. Aunque no se tocaron las ganancias extraordinarias de los bancos, se estima que los recursos extras por las medidas recaudatorias ascenderían a 735 mil millones de pesos en 2020 (alrededor de 11 mil millones de dólares). Con esta recaudación apuntan a sostener el gasto extra y controlar la emisión monetaria para alejar el peligro de una hiperinflación.
La ley se aprueba luego de haberse implementado ya algunas medidas de emergencia, tales como el bono de $5.000 para que ningún jubilado quede en estos meses por debajo de los $19.068, las tarjetas alimentarias de $4.000 o $6.000 para quienes reciben AUH, la doble indemnización en caso de despido, la suspensión de aumentos en servicios públicos, entre otras. También se mantiene el cepo cambiario y se van bajando las tasas de interés del Banco Central.
Mostrando que se puede evitar la hiperinflación y reactivar en base al consumo, el gobierno afronta la negociación con el FMI donde le propondrá una moratoria para apuntalar este proceso. La definición del gobierno es llegar a esta negociación cumpliendo algunos pagos del “reperfilamiento” y postergando otros, pero evitando un default abierto. Para el FMI, aceptar esta propuesta sería inédito, aunque también lo es la situación internacional y de la Argentina. Los vencimientos de capital e intereses suman 15 mil millones de dólares sólo en el primer semestre de 2020. A la espera de esas tratativas, la ley aprobada abre un paraguas para redefinir dos cuestiones claves como son el esquema de tarifas de servicios públicos y las actualizaciones de jubilaciones.
No investigar para acordar con el FMI un pago de la deuda contraída por el macrismo, aún difiriendo los pagos, tendría un alto costo para el pueblo y la Nación. A la vez, el replanteo de la movilidad y los regímenes en las jubilaciones generaron reclamos de federaciones docentes y tensiones dentro del propio Frente de Todxs. Aún así, identificando la muy grave situación social y económica, el complejo marco internacional, y la correlación de fuerzas con la que asumió el gobierno de Todxs, el plan presentado –que incluye esta ley– es un primer paso para asistir las urgencias de los sectores más golpeados por la crisis, evitar que vayan a la quiebra miles de pymes y comercios, y comenzar a reactivar la economía.
El macrismo intentó dificultar la aprobación de esta ley. Pero en definitiva Juntos por el Cambio terminó dividiéndose en su tratamiento. Los tres gobernadores radicales tomaron una posición dialoguista, en gran medida incentivada por la suspensión por parte de Alberto Fernández del Pacto Fiscal que había establecido Macri. Cuestionando la suspensión de la ley de actualizaciones aprobada en 2017, los diputados del FIT votaron juntos al macrismo. El gobierno de Todxs logró el apoyo del Congreso para afrontar la grave crisis.
Los principales puntos de la ley:
- Tarifas de servicios públicos: Tras suspenderse los aumentos, faculta por 180 días a la Presidencia a rehacer el esquema tarifario.
- Moratoria fiscal para pymes. Hasta 120 cuotas con tasa de financiación del 3% durante el primer año.
- Devolución del IVA por $700 a lxs beneficiarixs de las AUH.
- Jubilaciones: Tras haber sido otorgado el aumento de diciembre y un bono para diciembre y enero que garantiza un haber mínimo de $19.068, suspende por 180 días la actualización del haber jubilatorio y se delegan los próximos aumentos a decretos presidenciales. Además, la Presidencia deberá en ese plazo proponer otro esquema de actualizaciones. Según la anterior ley aprobada en 2017, el próximo aumento iba a ser en marzo. Esa actualización iba a ser importante porque dependía, con seis meses de demora, en un 70% de la inflación: muy alta en 2019. También dependía en un 30% del aumento de salarios estatales: muy bajos por imposición del gobierno macrista en las últimas paritarias. Se mantuvieron los regímenes especiales de los docentes (de todos los niveles) y los investigadores. El bono a jubilados alcanzó a un 49% que vienen cobrando la mínima más otra parte del 16% que cobran hasta dos mínimas. Generalmente, el achatamiento de la pirámide de ingresos jubilatorios viene acompañado de nuevos juicios previsionales. En marzo se sabrá dónde quede en definitiva el esquema “sostenible y razonable” que promueve el gobierno.
- Retenciones segmentadas a las exportaciones agropecuarias: Las sube hasta el 33% para la soja y 15% para el trigo (aumentan en un 3%). Devolución de hasta el 100% para los pequeños y medianos productores.
- Hidrocarburos y minería: Por intervención directa del ministro de Producción, Matías Kulfas, se bajan las retenciones del 12% al 8%. La medida ratifica el objetivo del gobierno de impulsar Vaca Muerta como proveedor de gas para consumo interno y de divisas a través de la exportación de petróleo y derivados.
- Nuevo impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjetas de crédito y débito en el exterior, por cinco años. Sube impuestos a bienes personales. Para combatir la economía en negro, fija una sobretasa de castigo a empresas que retiran efectivo por caja o ATM.
- Sube contribuciones patronales, eximiendo parcialmente a las pymes.
- Declara la emergencia sanitaria. Entre otras cuestiones, buscan atender la epidemia de sarampión.
- Faculta a la Presidencia a entablar una renegociación de la deuda pública con el FMI y bonistas
