La movilización popular contra el robo a los jubilados hizo levantar la sesión del 14. Ahora el gobierno pacta con los gobernadores la estafa del “bono compensador”.
El gobierno no pudo aprobar en Diputados la reforma previsional que tenía prevista. En un contexto de gran movilización popular, el presidente de la Cámara debió dar por levantada la sesión con quórum cuestionado. Al gobierno no le alcanzó la represión ostentosa, ni los aprietes a los gobernadores, ni los diputruchos denunciados. Eso significó un golpe al ajuste permanente de Cambiemos, generando una crisis en su seno.
Fue fundamental la masiva movilización, que había tomado fuerza en la convocatoria de las CTA’s y un sector de la CGT el 29 de noviembre pasado a Congreso, que el 6 y el 13 de diciembre desbordó las calles céntricas de la Capital, y hasta tuvo una convocatoria a paro general de la CGT –que finalmente levantó ante el fracaso de la sesión–. La denuncia del robo de 100.000 millones de pesos de los bolsillos de los jubilados y pensionados fue dejando al gobierno a la defensiva, despertando la bronca popular y complicando los frágiles acuerdos que había forzado el Ejecutivo. Conciente de sus propias dificultades, el macrismo adelantó la sesión intentando sortear la movilización y dar por cerrado el asunto en trámite exprés.
La represión no paró el reclamo
Luego del quórum fallido, Marcos Peña Braun justificó la represión en supuestos provocadores. Pero no sólo no pudo explicar por qué dispararon a mansalva contra reporteros gráficos –entre ellos un fotógrafo de Página/12 que recibió 11 balas de goma disparadas a quemarropa– sino que en verdad la represión había comenzado el día anterior. Resulta que al día siguiente de que se conociera el adelantamiento de la sesión, la movilización de las organizaciones sociales y territoriales que estaba convocada contra la OMC terminó por denunciar también a la reforma previsional en curso. Y para evitar un acampe en la Plaza Congreso, el gobierno optó por bloquear el acceso. Allí comenzó la desvergonzada represión.
Al otro día, para intentar garantizar sea como sea la sesión, montó un descomunal operativo que, lejos de amedrentar, alimentó la bronca y reavivó los recuerdos del 2001 –y hasta llegó a despertar alguna crítica desde las propias filas de Cambiemos–. Un hecho destacado fue que el Ejecutivo hiciera participar por primera vez a la Gendarmería en la represión dentro la Capital Federal, mostrando no sólo cual es el destacamento predilecto de la ministra Bullrich sino “la tarea de fondo” –tomando sus propias palabras– que le tienen asignada.
Ya levantada la sesión, recrudeció la represión y comenzó una vengativa cacería de manifestantes o personas que simplemente rondaban el Congreso. La jornada fue cerrando con más movilizaciones en el interior del país, contra la reforma previsional y la represión, y frente a los rumores de que Macri acudiría a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
¡El bono “compensatorio” es una estafa!
La pelea contra la reforma previsional sigue abierta. La prepotencia del presidente lo llevó a plantearse la posibilidad de sacar esta reforma por DNU. Pero no sólo hubiera mostrado aún más el verdadero valor que el oficialismo otorga a “las instituciones republicanas”, sino que la sola propuesta expuso visiblemente la división dentro del propio oficialismo. Finalmente volvió a convocar a los gobernadores y acordó un bono de 750 pesos para “compensar” los jubilados; y de apenas 300 pesos para los jubilados en moratoria.
¡El bono “compensatorio” es una estafa! El propio Ejecutivo venía otorgando un bono de fin de año de 700 pesos –que los pagó en diciembre de 2015 y 2016– a los jubilados, pensionados y AUH. Este año llamativamente anunció que no los pagaría pero si mantuvo para los proyectos sociales. Entonces queda a las claras que el gobierno se jugó a que el acuerdo con los gobernadores pasara. Pero al fracasar no le quedó otra que acudir a esos 4.200 millones de pesos (que implica el bono) que se querían apropiar. De aquí sacarán el “bono compensador”. ¡Otra estafa macabra convalidada por los gobernadores!
Pero por otro lado no cambia el hecho de que los jubilados seguirían perdiendo ingresos por todo el resto del año, y de los años siguientes, al imponerse un ajuste de haberes a la baja. Para una jubilación de 10.000 pesos, la fórmula de actualización impulsada implica un recorte de 6.200 pesos durante todo 2018. En el caso de la mínima, de 7.246 pesos, significan $4.500 menos (fuente @aleberco). Además, esto afectaría también a las millones de asignaciones por hijo, actualizadas también por este mismo cálculo.
Para los planes del gobierno, imponer esta reforma es crucial. No sólo por los 100.000 millones de pesos que quieren ahorrarse en 2018 (y otros tanto en 2019); sino también porque, al haber sido “recomendada” por el FMI, la necesitan aprobar para seguir teniendo vía libre al mega-endeudamiento. Por eso el gobierno vuelve a la carga. Pero el pueblo no baja los brazos y serán miles y miles los que marcharán el lunes 18 cuando vuelvan a intentar aprobar este nuevo engendro contra los jubilados que dieron una vida de trabajo. ¡Allí estaremos!
