El pasado 30 de octubre, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Daniel Ruiz. De este modo, los Jueces Martin Irurzun, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ratifican la decisión del Juez Torres de usar la prisión preventiva como un castigo y un mecanismo de amedrentamiento a los luchadores populares.
En pocos días se cumplirán dos meses desde que fue detenido tras participar de un corte en la autopista Buenos Aires La Plata en defensa del Astillero Río Santiago, en el marco de las causas abiertas por las Justicia Federal a militantes del PSTU luego de las masivas movilizaciones del 18 de diciembre cuando el Congreso votó la reforma jubilatoria.
Daniel es dirigente sindical petrolero de Chubut y miembro de la dirección del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). El juez Torres le imputa intimidación pública, lo que ya es un desatino, aunque la fiscalía insiste con el más grave delito de rebelión. Han decidido mantenerlo en prisión no en base a sus propias acciones, sino con el absurdo argumento de que existía peligro de fuga debido a que pertenece a la misma agrupación que Sebastián Romero, hoy prófugo, perseguido luego de las masivas movilizaciones del 18 de diciembre cuando el Congreso votó la reforma jubilatoria.
Como si hicieran falta más evidencias de la arbitrariedad de esta Justicia, el fallo de la Cámara de Apelación se produjo al día siguiente de que los Jueces Daniel Obligado y Diana Paliotti habilitaron a los genocidas de la Escuela de Mecánica de la Armada Juan Arturo Alomar y Guillermo Pazos a cumplir en sus respectivas casas las condenas que recibieron a fines del año pasado por delitos de lesa humanidad.
Basta de criminalización de la protesta social. Basta de presos políticos. Libertad a Daniel Ruiz y a todos los presos por luchar.
