Operativo Independencia: Isabel Perón no fue indagada

La Fiscalía había pedido en la causa detener como imputada a Isabel Perón. El pedido fue rechazado primero por el juez Daniel Bejas en 2013, argumentando que en su accionar las Fuerzas Armadas “no habrían contado con la ‘aquiescencia’ del gobierno civil, en tanto de haber existido tal situación no hubiera sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976” (www.fiscales.gob.ar, 12/6/2013). La Fiscalía insistió acusándola de “partícipe necesaria por haber dado una orden cuya ejecutoriedad no controló”. Pero la resolución fue finalmente ratificada por la Corte Suprema este año.

El “Operativo Independencia” había sido aprobado por decreto por la entonces presidenta constitucional Isabel Perón el 5 de febrero de 1975 llamando a “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” (decreto 261/75). Fue ejecutado inicialmente por el coronel Adel Vilas y desde diciembre de ese año por el luego gobernador de facto Antonio Domingo Bussi. Más allá de lo equivocado del grupo de un centenar de guerrilleros del ERP que se instaló en la selva tucumana en 1974 sin consenso popular, la represión llevada a cabo por el Ejército con 5.000 soldados fue dirigida contra el conjunto de organizaciones gremiales, sociales y políticas constituyendo terrorismo de Estado.

Con cada vez menos apoyo popular y tras haberse negado a renunciar, Isabel Perón fue luego derrocada con el golpe de Estado de 1976, que desplegó el terror dictatorial en todo el país. En el contexto de la Guerra Fría, este golpe había sido impulsado y concretado con el apoyo tanto de EEUU como del social-imperialismo ruso (socialismo de palabra, imperialismo en los hechos). Isabel fue presa en una estancia, luego en una quinta y finalmente en 1981 la dictadura le permitió viajar para residir en España, donde aún vive. La peor parte la sufrió el pueblo con 30.000 desaparecidos y asesinados.

Al no ser extraditada –y en un silencio casi absoluto de su parte durante estas décadas–, desconocemos su defensa por su como mínimo responsabilidad política en los crímenes durante el “Operativo”. El tema es complejo ya que la defensa de los represores era que cumplieron órdenes del gobierno constitucional. Por eso también insistían en que la ex presidenta sea indagada. Esta es la coartada que pretendieron utilizar en general los genocidas desde el inicio de los juicios, sumando además los decretos posteriores de Ítalo Luder –a cargo provisoriamente de la presidencia por un mes en 1975–. Pero Isabel Perón no fue citada y así de hecho la Justicia reafirmó que estos decretos no justifican ni legalizan los crímenes de lesa humanidad.