Mediante la Resolución 2095/2016 firmada el 12 de octubre por la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, la Provincia de Buenos Aires adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (Protocolo ILE) elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación en abril de 2015. En dicho protocolo se enumeran las causales en las que el aborto es legal (sobre la base de lo establecido en el Código Penal y en el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia del año 2012). Esto es: en caso de que el embarazo sea producto de una violación, en caso de que el embarazo constituya un riesgo para la vida o la salud de la mujer.
Este documento era superador del protocolo vigente en la provincia en varios aspectos:
-Dispone que la ILE puede realizarse en todos los niveles del sistema de salud, incluido el primer nivel de atención (centros de salud) y en forma ambulatoria, mientras que en la actualidad solo pueden hacerse en los servicios de Tocoginecología de los hospitales.
-El protocolo actual dispone que los hospitales deben “integrar equipos interdisciplinarios para el asesoramiento, la atención integral y seguimiento de cada caso”, en contra de lo definido por la Corte Suprema que dice que no es necesaria la intervención de más de un médico para la constatación de las causales.
-En el caso de adolescentes, el protocolo bonaerense exige el consentimiento del representante legal de chicas menores de 18 años, mientras que el protocolo ILE –en sintonía con el nuevo Código Civil– reconoce que todas las personas de 14 años o más son plenamente capaces de discernimiento.
Esta decisión constituía un avance muy importante. Sin embargo, duró menos de una semana y no llegó a publicarse en el Boletín Oficial, ya que luego de que Macri se reuniera en el Vaticano con el Papa, Vidal anunció que la Provincia se quedará con el protocolo anterior, el cual en muchos casos resulta un obstáculo para la realización de la práctica.
Por este motivo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres realizaron el día lunes 31 una concentración frente a la Gobernación de la Provincia en la ciudad de La Plata exigiendo a Vidal la definitiva adhesión al Protocolo ILE, a la vez que sigue reclamando su aplicación en todo el territorio nacional (para lo que haría falta la firma del ministro de Salud de la Nación). De esta manera se podrían evitar muchos de los 500.000 abortos clandestinos por año, que causan la internación por complicaciones de 60.000 mujeres y que constituyen una de las principales causas de muerte de mujeres embarazadas en la Argentina.
