En la madrugada del 18 de febrero pasado, más de 1200 efectivos de la policía bonaerense desalojaron violentamente a más de 1500 familias que se encontraban ocupando un predio de 60 hectáreas en la localidad de Libertad, partido de Merlo. Los vecinos denunciaron que se usaron topadoras para destruir las viviendas precarias que estaban construyendo y que en muchos casos no dieron tiempo para sacar las pertenencias.
La orden de desalojo se había librado una semana antes, luego de que un niño de 8 años muriera producto de un disparo en medio de una pelea entre bandas en las inmediaciones del predio. Pero el Juzgado de Garantías Nº4 prorrogó el desalojo por 180 días y convocó a “mesas de gestión” para solucionar el problema. Sin embargo, el desalojo se produjo a pesar de esa resolución, echando por tierra en los hechos las “gestiones” para solucionar el problema habitacional. Por la tarde, el fiscal Fernando Capello, ordenó que se detenga el mismo y pidió que las familias quedaran en sus “viviendas” para ser censadas. Sin embargo, cuando esta orden llegó, la gran mayoría de las familias ya habían sido desalojadas.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez del FpV, justificó el desalojo asegurando que había “un grupo chico pero muy violento” que tenía “como escudo” la ocupación “para cometer delitos”. El municipio además colaboró con camiones y personal municipal para supuestamente “contener” a las familias desalojadas. También elogió el “gran operativo dispuesto por el ministro Cristian Ritondo, que posibilitó que el desalojo fuera pacífico” (La Nación, 18/02/16). Puro cinismo.
Esa toma había comenzado en octubre del año pasado, antes de las elecciones. Los vecinos quedaron a la espera de un censo –que nunca existió– y la promesa de un plan de viviendas. Como era de esperarse, las promesas de campaña nunca se cumplieron, por lo que fueron los propios habitantes del lugar quienes realizaron algunas obras para urbanizar el terreno, al que denominaron Barrio Nueva Esperanza.
El problema de fondo es la falta de acceso a una vivienda digna para millones de familias y la falta de políticas para dar una solución a este problema. El desalojo se realizó un día después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara el “protocolo antipiquetes”, lo que demuestra cuál es el verdadero plan del gobierno para “solucionar” los problemas del pueblo.
