El martes 6 de marzo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presenta el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por séptima vez consecutiva en el Congreso, luego de que las veces anteriores perdiera estado parlamentario por estar dos años sin ser tratado. La Campaña es una amplia alianza de organizaciones que las mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza decidieron crear y que se inició en el año 2005. En la actualidad reúne a más de 300 organizaciones. Desde su fundación adoptó el lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, que refleja los distintos aspectos que debería tener una política pública integral en materia de salud sexual y reproductiva.
El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, propone la despenalización –que deje de ser un delito– y legalización –que sea un derecho y se haga de forma gratuita– del aborto, para que las mujeres podamos decidir la interrupción del embarazo hasta la semana 14; y más allá de ese límite en caso de un embarazo producto de una violación, de riesgo para la salud o la vida de la mujer o en casos de malformaciones fetales graves. También establece que los abortos deben ser realizados de manera gratuita en el sistema público de salud y en las obras sociales (ver proyecto completo y fundamentos: http://www.abortolegal.com.ar/proyecto-de-ley-presentado-por-la-campana/).
El aborto debe ser despenalizado y legalizado por varias razones. Es un grave problema de salud pública: Según estimaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina se realizan alrededor de 450.000 abortos clandestinos al año (ver http://chequeado.com/el-explicador/de-donde-surge-el-dato-de-que-hay-450-mil-abortos-por-ano/) y 60.000 internaciones sólo en hospitales públicos por complicaciones causadas por un aborto clandestino. De las 245 mujeres embarazadas que murieron en 2016 –último relevamiento oficial– en 43 de estos casos figura “aborto” como causa del fallecimiento en el acta de defunción. Sin embargo, hay casos donde los médicos hacen constar muerte por sepsis, hemorragias o falla multiorgánica y que por lo tanto no entran en dentro de las muertes por aborto. Eso se llama subregistro y el propio Ministerio reconoce que lo tiene. Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, 6.000 mujeres murieron por abortos inseguros desde la vuelta de la democracia.
En la Argentina el aborto no es totalmente ilegal, sino que está permitido en situaciones de embarazo producto de una violación y cuando hay riesgo para la salud o la vida de la mujer que está gestando. Estas excepciones están plasmadas en el Código Penal desde 1921 y reafirmadas por el fallo F.A.L del año 2012 (http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires–medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf) y por el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cnt-protocolo_ile_octubre%202016.pdf) publicado en 2016 por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, la dificultad para acceder al aborto legal en estos casos sigue siendo moneda corriente.
Está claro que la ilegalidad del aborto no disuade a las mujeres que están decididas a realizárselo. Solo causa muertes evitables. La legalización, junto con una política integral de educación y salud sexual y reproductiva como propone la Campaña (“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”) reduciría la cantidad de embarazos no deseados y por lo tanto los abortos. También reducirían drásticamente las muertes y las complicaciones por aborto clandestino, como ya sucedió en los países que lo legalizaron.
