Vestida de negro, sin poder contener las lágrimas, pero con una firmeza inquebrantable, durante cinco horas escuchó los alegatos de su querella y del fiscal. Era la tarde del viernes 11 en Ushuaia y había pasado una durísima semana, reviviendo su calvario, y el de tantas mujeres. “Este juicio es por mí y por todas las otras mujeres”, había dicho Alika Kinan al inicio de esa semana.
La etapa oral del juicio “por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual cometido mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas” había comenzado el lunes 7, cuando ella misma estuvo declarando durante cuatro horas seguidas, sin público para evitar su revictimización frente a sus proxenetas. Se trata de un juicio bisagra porque es la primera vez que es querellante y declara una víctima de este delito, desnudando tanto las tremendas situaciones en la prostitución como la complicidad del Estado.
A lo largo de esa semana declararon también otra víctima, testigos, los acusados, inspectores municipales, una médica que firmaba las libretas sanitarias de las “alternadoras” –la cínica figura laboral utilizada por la Municipalidad– y gendarmes que participaron de la investigación previa al allanamiento. Los acusados son: Pedro Montoya, dueño del lugar; Ivana García, su pareja; y Lucy Campos, encargada del lugar. Para ellos el fiscal pidió 12, 9 y 5 años respectivamente.
Fue clave el acompañamiento que tuvo Alika, desde su familia, el grupo de contención psicológica y las compañeras de organizaciones sindicales, políticas y feministas, entre las que se cuentan la CTA Autónoma de Tierra del Fuego y el SUTEF. El mismo día del inicio de las audiencias, en Buenos Aires se realizó una concentración frente a la Casa de Tierra del Fuego. “Hoy tenemos adelante un juicio de trata contra los proxenetas y el propio Estado que para mí es una carga realmente tremenda, pero la siento compartida, siento que están todas ustedes al lado mío”, escribió al otro día.
La denuncia
Para que el juicio pudiera llegar a esta etapa, primero Alika misma debió reconocerse como víctima. Eso sólo fue posible tras ser rescatada en un allanamiento realizado en 2012 junto a otras seis mujeres. Terminó llegando a esa conclusión cuando se le preguntó si esa vida era la que quería para sus hijas. Así, tras ejercer la prostitución desde los 17 años, encontró algo de “reparación” –como ella misma dice– en este juicio y en luchar por la abolición de la prostitución.
En la causa, querella y fiscal demostraron en qué consistía la explotación sexual y con qué mecanismos se garantizaron. Para eso Alika y otra víctima contaron su historia. Llegaron a Ushuaia con un pasaje pago en avión, que luego debían “devolver” con su prostitución. Eran recibidas en el aeropuerto y llevadas a pequeñas habitaciones conectadas al “bar nocturno” Sheik. Cada día desde las 23hs a las 6hs debían trabajar como “coperas” –haciendo que los hombres consuman bebidas– y ofreciendo “un pase” en hoteles cercanos o en sus propias habitaciones con tiempos pre establecidos.
El resultado de estos “servicios” iba una parte directamente a Montoya y la otra parte mayoritariamente a pagar las deudas impuestas, no sólo del viaje sino también de alojamiento, ropa, perfume, zapatos, bijouterie y hasta preservativos. A esto se suman las “multas” por no limpiar las piezas, pasarse del tiempo estipulado en su “pase”, o por recibir quejas del cliente. Una víctima declarante detalló cómo una vez se negó a ser violada por cuatro hombres y, tras la queja de un “cliente”, fue obligada a prostituirse gratis un mes. Durante el período de menstruación, se les obligaba a colocarse una esponja para no manchar a los hombres. Claro que esto ocurre con mujeres que por su situación de vulnerabilidad económica, social y psíquica no pueden salir de ese circuito. El desprecio de Montoya hacia las mujeres quedó graficado en una escucha telefónica donde dijo: “es como un pescado, menos la cabeza sirve todo”.
Pero, por otro lado, nada de esto se hace al margen del Estado. Las mujeres eran llevadas primero a la comisaría para confeccionar el legajo de “buena conducta”. Luego, la Municipalidad les daba una libreta sanitaria para tareas de “alternadora” y debían realizarse estudios médicos. Supuestamente esta libreta sanitaria es porque manipulan bebidas; pero –según confesó una médica que firmaba tales libretas en el hospital– esos exámenes incluían específicamente exudados vaginales y enfermedades venéreas. La Municipalidad cobraba no sólo por la habilitación del local, sino que las prostitutas debían pagar cada tres meses los análisis clínicos para renovar la libreta sanitaria. Por todo esto, la denuncia incluye un reclamo de 2.365.000 pesos por daños a la Municipalidad y los dueños de Sheik.
La defensa aclaró
La defensa intentó mostrar que si bien ganaba con el consumo inducido de bebidas, no intervenía en las relaciones de prostitución –que admite que existían– entre sus “coperas” y los clientes. “Si entre ellas acuerdan salir del local con hombre, es cosa de ellas”, intentó defenderse Montoya. Pero después confesó que para que las mujeres pudieran salir los hombres debían pagar el valor de una copa o de media copa, de acuerdo al tiempo que estuvieran afueran. Conclusión: los “pases” de las mujeres estaban bien controlados, cronometrados y arancelados.
Hubo un intento fallido, por parte del abogado defensor, de utilizar los argumentos que utiliza AMMAR (organización que promueven la reglamentación de la prostitución) para justificar que en realidad las mujeres son autónomas para autoprostituirse. Inmediatamente, el Tribunal le ordenó a la defensa que omita tales explicaciones porque lo que tiene que intentar demostrar es simplemente que su defendido no haya cometido delito.
Alegato final
El alegato final aquel viernes fue durísimo. Devastador. Por primera vez Alika escuchó los resultados que la pericia psiquiátrica que le habían hecho peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que probó el daño psicológico.
Alika no sólo sufrió traumatismo de cráneo y cortes en la cara sino que sigue sufriendo estrés postraumático crónico grave, que se expresa en trastornos de sueño, pesadillas de alta angustia, no puede tocar dinero y se lava las manos al menos 30 veces al día. Según las pericias tiene un 70% de incapacidad psíquica. Pero lo que más la golpeó mientras escuchaba implacable fue cuando se precisó que el daño “es expansivo a su grupo familiar” quedando “un trauma transgeneracional”. Luego se recomendó tratamiento psicológico para ella y para sus hijos. Y se hizo un simple cálculo: tres consultas semanales durante veinte años a razón de 800 pesos la consulta equivale a 2.496.000 pesos, más aún que la indemnización pedida.
Lo que se demostró en el alegato final no es sólo la responsabilidad de los acusados y el Estado, o lo inhumano de la prostitución. Se demostró también que la prostitución es gravemente lesiva no sólo para la dignidad sino también para la salud física y psíquica de las mujeres que son arrastradas a sobrevivir así. Entonces es hipócrita hablar de “consentimiento” –como pretendió argumentar el proxeneta acusado– en tales situaciones de vulnerabilidad. Ahora se espera para el 29 de noviembre la decisión del Tribunal.
