Tras la nueva escalada de la crisis política y choques entre el Poder Ejecutivo –aliado al Judicial– y el Legislativo (la Asamblea Nacional –AN–), el gobierno chavista de Nicolás Maduro terminó dando marcha atrás en su autogolpe institucional y dio “instrucciones” para revisar sus anteriores decisiones de disolver la AN y anular la inmunidad de los legisladores.
En los últimos días de marzo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declarando en “desacato” a la AN por haber aprobado la incorporación de tres diputados del estado de Amazonas denunciados de fraude electoral por el oficialismo, había resuelto autoatribuirse temporariamente las funciones legislativas –disolviendo de hecho el Parlamento–, y anular, de paso, la inmunidad de los integrantes de la Asamblea, donde desde las elecciones de fines de 2015 tienen mayoría los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (la oposición oligárquica y proyanqui). Los dirigentes de la oposición reclamaron la intervención de la OEA en convergencia con el presidente de esa organización Luis Almagro, que viene agitando la llamada “Carta Democrática” para justificar la injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
El viernes 31, sin embargo, en medio de una serie de protestas diplomáticas y políticas de varios gobiernos y fuerzas políticas de la región y del notable desconcierto y silencio de las propias organizaciones populares de Venezuela, Maduro convocó precipitadamente al Consejo de Defensa de la Nación (presidido por él mismo); éste “exhortó” al Tribunal Supremo a revertir sus sentencias contra la AN y volvió a convocar a la oposición a reanudar el “diálogo”, lo que el TSJ hizo casi de inmediato. Sin embargo, el Tribunal mantuvo otra parte de su fallo anterior, que asigna al Ejecutivo la facultad de crear empresas mixtas con la petrolera estatal PDVSA sin aprobación previa del Parlamento, en virtud del Estado de excepción que el gobierno decretó el año pasado.
¿Por qué retrocedió Maduro?
Las marchas y contramarchas de las últimas semanas son los capítulos más recientes del largo conflicto político y social que estremece a Venezuela desde hace años. Ahora, sin embargo, la vía antidemocrática elegida por Maduro, además de dejar a los sectores populares cada vez más al margen y con menos posibilidades de incidir en las definiciones de la crisis política, fisuró el frente oficialista. La fiscal general de la República Luisa Ortega manifestó su preocupación por la “ruptura del orden constitucional”. A su protesta se sumaron otras personalidades del chavismo, además de las de muchos gobiernos de la región que amenazaban acentuar el aislamiento internacional del gobierno de Caracas.
Pero uno de los factores centrales de la situación venezolana vuelve a pasar por el Ejército (la Fuerza Armada Nacional, FAN), que desde los tiempos de Hugo Chávez es la columna vertebral del régimen y cuyo poder Maduro acrecentó. Un militar activo y diez en retiro ocupan 11 de los 32 ministerios, incluidos los de Defensa, Agricultura y Alimentación. La lealtad de la Fuerza Armada a Maduro se mantiene sobre la base de numerosos privilegios, también económicos: la cúpula de la FAN controla la producción y distribución de alimentos básicos –hoy en grave escasez–, y tiene intereses en PDVSA y en empresas de televisión, construcción, un banco y una ensambladora de vehículos.
Es de suponer que Maduro no quería que la ruptura de su frente interno se traslade a las fuerzas armadas. Más aún si tenemos en cuenta el minucioso trabajo político de la oposición oligárquica y de operadores de intereses imperialistas (yanquis, pero también rusos, chinos y otros). Una división en la cúpula militar chavista minaría la solidez de ese pilar fundamental del gobierno.
Y todo esto en medio de un escenario de decepción y parálisis popular. En Venezuela el chavismo no significó una revolución de verdadera democracia e independencia nacional, y por eso la profunda crisis económica mundial estallada en 2008 la golpeó de lleno. La vulnerabilidad y dependencia del país se tradujo en desabastecimiento de productos básicos, inflación galopante, creciente empobrecimiento y criminalidad, y descontento popular. La vertical caída de los precios del petróleo (la principal exportación de Venezuela) puso fin abruptamente al período de “vacas gordas” en las políticas sociales del chavismo y, sumado al vertiginoso endeudamiento (en dólares y en petróleo, principalmente con China), empujó al gobierno de Maduro a una desesperada búsqueda de inversiones a través de empresas mixtas entre PDVSA y petroleras extranjeras (lo que explica el fallo del TSJ autorizando –por fuera de la aprobación parlamentaria– la creación de ese tipo de empresas en asociación con corporaciones imperialistas).
El actor principal
Con la reversión de la medida que anulaba a la Asamblea Nacional, Maduro pretende dar por cerrado el episodio. Pero en el mismo dictamen el Consejo de Defensa ratificó al TSJ como el cuerpo al que le compete el control de la constitucionalidad de los actos de los organismos públicos y la resolución de los conflictos entre poderes, dejando abierto el factor de conflicto con una instabilidad latente.
La batalla seguirá teniendo vueltas y revueltas. Existe el peligro de nuevas injerencias extranjeras, incluida una intervención militar imperialista. Seguirá habiendo en Venezuela choques de poderes. Pero, en última instancia, en las manos del pueblo y sus organizaciones populares reside la lucha contra la pobreza, el hambre, por la autodeterminación y por la emancipación nacional y social.
