Tras la gran jornada de protestas populares del lunes 19 de febrero y un paro de bancarios y metalúrgicos en más de 20 ciudades organizado por la opositora Central Única de Trabajadores (CUT) contra la reforma previsional impulsada por el golpista Temer, el gobierno brasileño debió desistir –por ahora– de ese proyecto de ley que aumentaba los años de aportes y la edad para acceder a la jubilación.
Para los sectores populares es un triunfo parcial. Ciertamente fue el inmenso repudio al proyecto de robo a los jubilados –similar al que en la Argentina impuso Macri en diciembre, en medio de movilizaciones gigantescas y de una represión descomunal– lo que hizo que después de 14 meses de presiones Temer no haya podido reunir los 308 votos necesarios en la Cámara de Diputados, y que hasta una parte de la bancada oficialista lo resistiera para no quedar pegada a una medida tan abiertamente antipopular en un año electoral.
Pero al mismo tiempo –y con una táctica también muy parecida a la que utiliza aquí el gobierno de Cambiemos para hacer pasar sus políticas hambreadoras y entreguistas – el gobierno brasileño aprovechó la agitación centrada en la reforma jubilatoria para meter una serie de medidas económicas, entre ellas la privatización de la gigante eléctrica estatal Eletrobras. El nuevo paquetazo incluye más medidas antiobreras y proempresariales, como poner un techo a los salarios de los empleados del Estado y el cese gradual de la reducción de los aportes patronales en 50 sectores de la economía. En los hechos, entre esas medidas hay que incluir la intervención militar al estado de Río de Janeiro, que con el pretexto de la “violencia” militariza el control de las protestas y de los movimientos populares en esa ciudad.
La reforma de la “previdéncia” (jubilación) fue a fines de 2017 una de las exigencias de las agencias de los usureros internacionales (llamadas de “calificación de riesgo”) para no rebajarle la nota a Brasil. Y que el gobierno, en el que predominan los socios locales de los buitres financieros internacionales, acepta para seguir arrastrando al Brasil en su curso de endeudamiento infinito (otro parecido con la línea del macrismo en la Argentina).
El gobierno del golpista Temer ya anunció que volvería a impulsar el tratamiento de la reforma previsional en noviembre, después de las elecciones generales de octubre. Cambie o no el gobierno en octubre (recordemos que el régimen viene aprontando la vía judicial para impedir la candidatura de Lula), ese sin duda será otro capítulo de la lucha del pueblo brasileño contra las políticas del gobierno de Temer y contra sus “herencias”.
