Una jauría de empresarios de primera línea, organizados por el gobierno en un grupo de WhatsApp, salen con la lanza en ristre clamando por la reforma laboral. Montados en la virulencia del discurso oficialista, se suceden unos a otros, recitando discursos provocadores contra la legislación laboral, la Justicia del Trabajo, los sindicatos y sus dirigentes, los convenios colectivos, e invocan lo peor de la experiencia internacional, exigiendo “poder despedir sin causa a empleados en todas las industrias y comercios”.
Este nuevo intento por parte del gobierno nacional de avanzar con la ansiada reforma laboral no es nuevo. Luego del triunfo de las elecciones en octubre de 2017, pretendió avanzar en acuerdo con un sector de la cúpula de la CGT con el proyecto de reforma laboral (plan de máxima al que aspiran el gobierno y el empresariado), encontrando en la calle una fuerte resistencia y descontento por parte del movimiento obrero y popular que le impuso un límite al gobierno, dejando en jaque los planes de ajuste, obligándolo a congelar dicho proyecto y a avanzar en la estrategia de imponer dichas reformas, sector por sector, a través de la reforma de los convenios colectivos.
Pasaron Cosas
Las corridas cambiarias condujeron al gobierno al acuerdo con el FMI para ofrecer garantías al pago de la deuda, llevando el valor del dólar a los $43 actuales. Ante este nuevo escenario, la nueva política de la alianza Cambiemos generó un cuadro recesivo que llevó a que miles de pequeñas y medianas empresas hayan cerrado sus puertas, miles han reducido la carga horaria del personal con suspensiones, quita de horas extras y rebaja salarial, y miles de comercios en todo el país se ha visto obligados a bajar sus cortinas dejando a familias enteras sin ingresos y cargados de deudas impagas. Y como consecuencia de ese panorama siniestro, miles de trabajadores y trabajadoras asalariadas se han quedado sin trabajo o se lo han precarizado, o ven reducir la capacidad de compra de sus magros salarios por debajo de la canasta de pobreza. Ante esta situación, los empresarios, a pesar de la caída del salario privado registrado promedio en dólares de un 39% en tres años, ahora reclaman fervientemente mejorar su competitividad sobre la base de reducir el costo laboral. Esto es, insistir con la reforma laboral.
El ataque a la Justicia
Laboral y abogados
El avance contra el trabajo y los derechos laborales por parte del gobierno nacional es amplia: mermando su capacidad de negociación, propuestas de convenios colectivos flexibilizados como el de Vaca Muerta planteadas como un imán para atraer inversiones, hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, modificación de la ley de ART para postergar el acceso del trabajador a la Justicia en caso de accidente o enfermedad laboral, negociaciones sectorizadas por gremio e intervención de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del Fuero Laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores, con el objetivo de imponer una justicia dócil a los intereses empresariales, negativa para los derechos de los trabajadores, parte más débil en una relación desigual con los patrones.
El operativo de presión sobre los jueces a través de los pedidos de juicio político a jueces laborales que le imponen límites, ordenando la no intromisión del gobierno cuando intentaba voltear la paritaria bancaria. O el pedido de juicio político en la provincia de Buenos Aires contra el juez Luis Federico Arias, quien fallo a favor de los docentes bonaerenses en plena disputa con la gobernadora Vidal. Apuntando a enjuiciar para reemplazar, enjuiciar para atemorizar y paralizarlos y llenar las vacantes libres a nivel nacional y provincial.
El agravio permanente a los abogados comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores, busca atemorizarlos y dificultar que cumplan con su función primordial: ser el puente entre los trabajadores y la Justicia Laboral y otras instancias administrativas. Se trata de un claro ataque a la representación de los trabajadores, con el objetivo de eliminar la defensa legal y la acción colectiva, de modo de retornar a la relación individual entre la empresa y el empleado, justamente la razón de ser del Derecho Social.
El gobierno quiere demonizar a los dirigentes sindicales
El gobierno, el empresariado y los medios de comunicación en los últimos días han intensificado la postura antisindical y de persecución sobre las organizaciones sindicales, desprestigiando a sus dirigentes, con blanco en los que confrontan con el modelo económico.
Todos sabemos a esta altura que se trata de estigmatizar a los dirigentes sindicales combativos y, para ello, este gobierno y sus operadores mediáticos no tienen límites morales. Lo que realmente buscan es debilitar el poder de negociación de las organizaciones sindicales y dejar a la intemperie a los trabajadores/as y así poder avanzar con las reformas que permitan volver a colocar la fuerza de trabajo bajo los estrictos vaivenes del mercado, con todo lo que ello significa: caída del empleo, de los salarios y de la preservación de mínimas condiciones de trabajo.
En simultáneo, y por tratarse de alguien que siempre ha estado vinculado a los intereses empresarios, el periodista del diario Clarín Daniel Muchnik esbozó –sin pelos en la lengua– la idea de que, para ponerle límites al “matonaje”, había que matar a todo dirigente sindical que efectúe un reclamo sin importar la justicia del mismo. Y sin que le temblara un poquito la voz, puso como ejemplo a seguir el asesinato del dirigente norteamericano Jimmy Hoffa, diciendo: “…en los EEUU se acabó con Hoffa matándolo”.
En el contexto de campaña electoral, hay un intento por demonizar a los dirigentes sindicales de parte del Gobierno nacional, buscando reafirmar la adhesión de un sector del país que pide mano dura y que cree que todos los problemas se van a solucionar cuando no haya reclamos sindicales ni sociales. Es en este contexto, que el Gobierno avanza despreciando a las instituciones democráticas, preparando el escenario para un hipotético segundo mandato, donde la batalla central pasará por imponer la reforma laboral y avanzar en el ajuste fiscal. En ese camino, las estructuras gremiales son su principal barrera, la experiencia reciente lo demuestra y, por eso, está actuando en consecuencia.
Los motivos de un proyecto
No es casual que, en vísperas de una contienda electoral, donde está en disputa el cargo presidencial, salgan de sus trincheras los representantes de la oligarquía argentina a defender la porción de torta que el macrismo bien les cuidó en tres años y medio de gestión: un camino que sólo ha redundado en perjuicios y pérdida de derechos para la gran mayoría de los argentinos y privilegios para unos pocos.
El discurso flexibilizador es el mismo de hace un siglo: volvió y el gobierno intenta hacerlo pasar como un reclamo del sector empresariado, con la intención de dar señales firmes a las patronales de que, en caso de lograr la reelección, la reforma laboral será una prioridad.
Los mentores de la “modernización” aseguran que la flexibilización será el vehículo más adecuado para generar empleo genuino y reactivar la economía. Mismos argumentos fueron esgrimidos por Carlos Menem en los ‘90 para avanzar con las leyes de flexibilidad. Y por su sucesor, Fernando de la Rúa, para aprobar la célebre “Ley Banelco”. La realidad, sin embargo, terminó demostrando que, al cierre de ese ciclo y con la nueva legislación, el desempleo trepó hasta el 19,7%. El objetivo es alterar la estabilidad del empleo. El primer anteproyecto que envió el gobierno al Congreso tenía doscientos diecisiete artículos que desmembraban todo el derecho del trabajo. Ésta es la ambición principal del gobierno. Ahora van solo contra la estabilidad laboral; y lo resumen en un solo artículo porque van a lo neurálgico. El dato importante a destacar es que, mediante estas modificaciones, el trabajador que no estaría protegido contra el despido arbitrario no puede ejercer ningún derecho, está compelido a aceptar cualquier modificación del contrato de trabajo, como trabajar los fines de semana, trabajar en una categoría inferior a la que tiene, que no le reconozcan las horas extras, que le fraccionen las vacaciones o que lo despidan sin indemnización.
Que no nos roben la historia
Hay un notorio revanchismo histórico en las declaraciones de estos CEO’s, que remiten a destruir el legado y los derechos laborales, hablando de “sistema medieval” para catalogar a los derechos que se constituyeron en la argentina moderna. La flexibilización que ellos consignan sólo beneficia a los grandes grupos empresarios y a aquellos que exportan. A lo largo de toda la gestión de Cambiemos hemos asistido a las consecuencias de estas políticas. Hemos vivido estos meses de fiesta para unos pocos, pagados con el sudor y la sangre del pueblo trabajador. Una celebración a la que las grandes mayorías no estamos ni estaremos invitadas y de la que ni siquiera nos guardarán las sobras. Porque estos sectores vienen por todo, a querer borrarnos la historia.
El trabajo y el salario digno son la única garantía de la paz social. Un escenario de flexibilización con despidos sin causa, con baja permanente de salarios, sólo aportaría a una mayor concentración de la economía en cada vez menos manos. Y con ello, más desempleo, menos posibilidad de puja distributiva, más exclusión.
Macri y Picheto son los candidatos de los que pretenden pasar a borrar años de historia y conquistas de los trabajadores, como parte de la profundización de la entrega y la dependencia. De quienes desprecian la independencia económica y la soberanía política de nuestro país. Por eso más que nunca, nos toca luchar, una vez más, forjando la más amplia unidad en las calles y en las urnas. Hoy la necesidad de los trabajadores y el pueblo es derrotar la política de Macri. Por eso desde el MP Liberación en las elecciones este 11 de agosto en las PASO y el 27 de octubre en primera vuelta trabajamos para el triunfo del Frente de Todos. Y para que los trabajadores y el pueblo seamos protagonistas de acabar con el infierno macrista.
