La Justicia Federal confirmó el pasado 27 de febrero el procesamiento y dispuso la prisión preventiva de César Arakaki y Dimas Ponce, los dos militantes del Partido Obrero que participaron en la movilización contra la reforma previsional junto a cientos de miles. Éstos habían recuperado la libertad el 23 de enero, tras una campaña contra la persecución.
Tras ello, el fiscal Germán Moldes presentó un alegato totalmente ideológico, en el que burdamente calificó a los acusados como “fieras antisociales” y les atribuyó la pertenencia a una supuesta “milicia” que pretendía “impedir el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado”, solicitando la prisión por el “delito de rebelión”. Rechazada por la defensa por inconsistente, pero profusamente difundida por los medios, tuvo el efecto de que los jueces Martín Irurzun y Eduardo Fara tomaran esta nueva resolución. En el fallo, aunque desestima el pedido de Moldes, se los acusa de “lesiones en agresión y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas” y se dicta su prisión preventiva y el embargo sobre sus bienes.
La maniobra confirma la persecución desatada por el macrismo contra quienes nos manifestamos contra el robo a los jubilados, y constituye un claro intento de amedrentamiento. La Cámara de Casación debe ahora definir si hace lugar al planteo y la defensa ya adelantó que apelará. Las organizaciones populares redoblaremos la campaña por el desprocesamiento, el fin de la persecución y la libertad de todos los detenidos del 14D.
