A la ya de por sí grave situación de Tierra del Fuego, se le sumó el boicot del gobierno provincial a la fábrica recuperada Renacer. “Hoy aguardábamos esperanzados que la Comisión del Área Aduanera Especial nos diera por aprobada nuestra solicitud de traer 7.448 placas de TV chipeadas de origen, para cumplir con nuestro cliente, y con ello dos meses de trabajo de los 180 integrantes de la Cooperativa”, escribió en su Facebook el 20/7 Mónica Acosta, presidenta de la cooperativa, y agregó: “el lobby de grandes empresas pudo más, y nos han negado nuestro pedido”.
De inmediato, los trabajadores se convocaron en asamblea y comenzaron con un corte de media calzada. También comenzaron a llegar las adhesiones, de la CTA fueguina, el SUTEF, los miembros de Iniciativa por la Unión y diversas organizaciones y personalidades de la isla.
El proyecto que buscan poner en marcha en la planta de Renacer en Ushuaia es para la fabricación de televisores smart, en un precio final de alrededor de $7.000. Un proyecto que de por sí demuestra la mentira oficial de que los altos precios son debidos al “costo” laboral. “Hemos tocado en el corazón de los formadores de precios y de los negocios de los poderosos”, subrayó la dirigente. Se refiere en particular al grupo Newsan, de Rubén Cherñajovsky, principal empresa de electrónica en la isla. “Tengo la certeza que el que más puso el grito en el cielo por nuestro pedido de excepción fue Newsan”, disparó.
En diálogo con gremialesdelsur, explicó que por otra parte “la Comisión del Área Aduanera hizo autorizaciones para permitir que Newsan se lleve tres máquinas de chipeo a la planta de Zárate-Campana, cuando se produjeron despidos y hubo un achique significativo y empezaron a sobrar las capacidades instaladas y muchos se llevaron las máquinas al continente”. Ejempificó así hasta qué punto la CAE, que depende del gobierno provincial, resuelve en función de los intereses de Newsan y un puñado de monopolios, en contra de los intereses del pueblo fueguino.
“Están conspirando contra la unidad productiva para que nos ejecuten, es todo muy grave”, denunció. Y advirtió: “Los puestos de trabajos y nuestras familias no se venden, se defienden, y nosotros llevamos 20 años de nuestras vidas demostrándolo”.
