La masividad del primer paro general el viernes 14 de junio contra la planeada reforma jubilatoria y los recortes presupuestarios de Bolsonaro, confirmó que en Brasil -como observamos hace una quincena- empieza a cambiar el viento (ver Vamos!, 5-6-2019).
Convocado por la Central Única de Trabajadores (CUT) y varios de los grandes sindicatos brasileños, incluidos algunos integrados a Fuerza Sindical, más cercana a los partidos oligárquicos, el paro profundizó el camino de la multitudinaria marcha educativa del 15 de mayo contra el hachazo al presupuesto universitario.
Ahora, con una huelga total en las plantas y refinerías de Petrobras en más de 10 estados brasileños, se paralizó la industria petrolera; también pararon los bancos, las metalúrgicas y las plantas automotrices del gran San Pablo, e incluso el metro (subte), pese a que la empresa movilizó a los jerárquicos para hacer funcionar parcialmente las líneas. Los petroleros repudian también los planes de privatización de Petrobras, impulsados por el ministerio de Economía a través de Roberto Castelo Branco, un “Chicago boy” ultraliberal que fue directivo de la empresa durante el gobierno de Dilma Rousseff y también del Banco Central y de la corporación minera Vale do Rio Doce.
Los estudiantes convergieron con los trabajadores. La policía reprimió con gases y balas de goma el acto unitario que realizaban en la entrada de la Universidad de San Pablo. En esta ciudad, capital económica de Brasil, hubo también un gran acto de la CUT en la Avenida Paulista. Hubo barricadas y quema de neumáticos en la Avenida de los Estados de Santo André, en el cordón industrial paulista,
El paro general coincidió con el escándalo político generado por los audios publicados por el medio de investigación The Intercept, que revelaron cómo el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, el juez Sergio Moro, usó su cargo para montar, sin pruebas y en complicidad con el fiscal principal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, una operación para acusar de corrupción y encarcelar al ex presidente Lula Da Silva, impedir su vuelta y la del PT a la presidencia y abrir paso a la elección del fascista Bolsonaro.
La “democracia” brasileña, podrida hasta la médula
Esas revelaciones muestran que, con el auspicio de Washington, el cinismo y la falsificación se han convertido en el método básico de gobierno de las derechas oligárquicas latinoamericanas. Por eso tanta empatía entre Bolsonaro y Macri durante la reciente visita del primero a Buenos Aires…
Los audios de Intercept evidencian que el juez Sergio Moro, en complicidad con los fiscales y con una parte de la prensa, manipuló o directamente inventó los elementos de la investigación del “caso” de coimas a Lula que el mismo Moro debía juzgar, en desembozada violación de la Constitución y del Código Penal brasileños. Un juicio tan trucho que, en esos audios, el propio fiscal Dallagnol reconoce la falta de pruebas en las acusaciones presentadas contra Lula. El mismo fiscal luego se muestra satisfecho por los artículos publicados en la prensa que mencionaban la “posible” vinculación del ex presidente con el supuesto soborno, dejando aún más en claro la operación político-judicial- periodística coordinada para impedir la candidatura de Lula Da Silva. Tiempo antes el fiscal ya había declarado muy suelto de cuerpo: “no me pidan pruebas, solo estoy convencido”. El fiscal y el juez Moro, según evidencian los audios, también intervinieron para impedir o condicionar una conferencia de prensa de Lula desde la cárcel que hubiera podido favorecer al candidato presidencial del PT Fernando Haddad, que en medio de toda esta operación terminó perdiendo ante Bolsonaro.
Ante las evidencias publicadas por Intercept, Moro sólo tartamudeó evasivas y Bolsonaro hizo silencio. También hicieron silencio los jueces de la cámara que había ratificado el fallo trucho y sin pruebas de Moro.
A Lula se le atribuye haber recibido un departamento en Guarujá como soborno por parte de una constructora. Él siempre se declaró inocente y denunció una “persecución judicial”, pero por ese caso purga 9 años de cárcel, luego extendidos a 12. Más allá de que Lula haya recibido o no ese “regalo”, y de que efectivamente su gobierno trabajó estrechamente asociado con los grandes monopolios brasileños de la construcción, se confirma ahora lo que ya se sabía: que toda la causa es un mamarracho antijurídico totalmente coherente con la interminable trama de coimas destapada en la petrolera estatal Petrobras y que involucra a diputados, senadores, jueces, dirigentes políticos y al propio Michel Temer que fue vicepresidente de Dilma, la desalojó después del gobierno mediante una maniobra golpista, y se sentó a sí mismo en el sillón presidencial para encabezar un gobierno de oligarcas y corruptos vinculados todos al “Lava Jato”.
Al cierre de esta edición de Vamos! la defensa de Lula y algunos parlamentarios reclamaron que se libere al ex presidente y se investigue a fondo la operación judicial-mediática. Algunos jueces de la Suprema Corte reconocieron la gravedad de los hechos montados por el ministro Moro para armar la causa.
Pero hasta ahora Lula sigue preso, aún con la evidencia de que se lo sentenció en una causa inventada y de que el juez Sergio Moro que lo condenó en base a artículos de prensa fue premiado tras el triunfo de Bolsonaro con el ministerio de Justicia. El 25 de junio, el Supremo Tribunal Federal de Brasil considerará el pedido de liberación inmediata. Desde su detención en abril de 2018 hubo manifestaciones en algunas ciudades de Brasil para exigir su liberación, pero poco contundentes, incluidas las del propio PT. Y ni qué hablar del silencio cómplice de otras dirigencias.
Ahora, las revelaciones de Intercept confirman la podredumbre de todo el sistema político y judicial brasileño, y muestran las consecuencias del reformismo tanto de Lula como de Dilma que mantuvieron intacto ese sistema y aún se aliaron a él durante sus tres presidencias. Parece que para recuperar las libertades democráticas en Brasil será necesaria una amplia rebelión popular que logre para Lula la libertad que le corresponde y empiece a barrer toda la escoria que aprisiona la democracia y los derechos del pueblo brasileño.
