El lunes 12 de junio se realizo una mesa para debatir la propuesta del nuevo código de planeamiento urbanístico y de edificación que propone el gobierno de la ciudad, convocada por los Legisladores del FIT, Marcelo Ramal y Laura Marrone. La mesa es parte de las multiples jornadas, actividades y pronuciamientos en las que organizaciones y movimientos sociales de la ciudad vienen manifestando el rechazo a las modificaciones que se proponen introducir.
Durante mas de un año el gobierno de Rodríguez Larreta, continuan do las politicas urbanas de ocho años del macrismo, motorizó y elaboró las reformas al Código de Planeamiento Urbanístico y al Código de Edificación. Estas propuestas recien se hicieron públicas recién a partir de que la Justicia obligara al gobierno porteño a adoptar las medidas tendientes “a garantizar la participación ciudadana”, ya que se pretendía eludir el derecho de los vecinos a manifestarse sobre el proyecto.
Las reformas que se proponen van a definir el perfil urbano de nuestra ciudad de la ciudad para los próximos 30 o 40 años. El Código de Planeamiento Urbano es el conjunto de normas que “alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la subdivisión y engloba miento de parcelas, los volúmenes edificables, el tejido urbano, (…) y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad”, según establece la Ley 449/2000.
La propuesta oficial plantea el aumento de la autorización de construcción por volumen, elevando hacia arriba la construcción. Esto cambiaría la actual fisonomía de los barrios, afectando el asoleamiento y la habitabilidad de las construcciones existentes, alentando la demolición de las casas bajas afectadas. Por ejemplo, en Villa Pueyrredón y Agronomía se podría edificar hasta los 22,3 metros de altura (hoy el límite es de 12 metros). También se autoriza elevar alturas alrededor de plazas y espacios verdes.
Sobre avenidas se podrían elevar la construcción a 38m y en las zonas que definen de “desarrollo inmobiliario” el impacto sería enorme: en la Ribera del Riachuelo, en los barrios de La Boca y Barracas y donde actualmente la altura máxima se detiene en los 17,5 metros, los constructores estarán habilitados para la construcción de grandes torres (en promedio, un edificio de 30 pisos mide entre 100 y 120 metros). Al igual que en el borde de la General Paz.
Razones del rechazo
Más de 100 organizaciones que defienden la identidad de los barrios se oponen a la “liberación” de las alturas porque se privilegia el negocio inmobiliario en perjuicio de la calidad de vida y ambiental de los vecinos. Se quiere liberar las alturas, reforzando la uniformidad y aumentando la capacidad de construcción de metros cuadrados, sin contemplar la calidad de vida ni la identidad del barrio.
Los vecinos vienen organizándose en distintos barrios, como Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Barracas, Caballito y Devoto, ya que el proceso de demolición de grande chalets para hacer torres es una modalidad que se extendió en los ocho años del gobierno de Macri en la Ciudad. Para esta modalidad la implementación de un nuevo Código Urbanístico sería la frutilla del postre de una política de privatización del espacio público y negocios inmobiliarios impulsada por el macrismo desde que asumió el el gobierno porteño en el año 2007.
Hace un año, la Legislatura aprobó –por 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones– la creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado. Ese día, los ciudadanos perdieron el derecho a decidir sobre el destino y
uso del patrimonio común, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Orgánica de Comunas. El gobierno porteño comenzó a disponer de la compra, venta, alquiler, concesión y canje de unos 2.400 inmuebles estatales. Se pusieron en venta las tierras del Tiro Federal, los Parques de la Comuna 8, entre los más destacados, continuando la entrega de tierras ferroviarias que se hizo en el 2012.
¿Para quién?
Estas propuestas son respuesta a los intereses de los grandes empresarios inmobiliarios que reclaman “un blanqueo” de la gran cantidad de obras ilegales que con estos cambios vendrían a “subsanarse” y la posibilidad de llevar adelantes grandes construcciones en nuevas zonas, aumentando la superficie construible con la densificación de la ciudad.
Las necesidades y prioridades populares no están tenidas en cuenta en estas propuestas del gobierno de Rodríguez Larreta. La emergencia habitacional y ambiental que vive la ciudad, con inundaciones, colapso de los servicios públicos, falta de espacios verdes, de equipamientos educativos y de salud, con aumento de la población en situación de calle y en villas. La imposibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda, con el aumento la población hacinada en departamentos con sus familiares y el aumento de la población inquilina con costos inalcanzables, se verá agravada con el aumento del costo de la tierra, la vivienda y los servicios que harán más expulsiva la ciudad.
