La octava semana de paro de las y los docentes y estatales de Chubut expresa mucho más que un reclamo sectorial. Evidencia, en realidad, el agravamiento de la situación económica y social de la provincia, en el cual tanto Macri como el gobernador Mariano Arcioni son responsables. Macri, por no ver mucho más allá de la soja, el litio y Vaca Muerta, condenando al endeudamiento y el ajuste brutal a las provincias que quedan afuera de este proyecto de país. Arcioni, por intentar hacer “buena letra” con el presidente, flexibilizando la actividad privada, ajustando en el estado y endeudándose en dólares. El resultado de estos años ha sido la caída de la inversión petrolera y actividad económica, despidos y crecimiento de la pobreza (ver recuadro).
La patota organizada por Jorge Ávila –secretario general de Petroleros Privados– que desalojó el corte docente en la Ruta 3 con zona “liberada” es otro capítulo del apoyo de este sindicato al gobernador. Previamente, Ávila había acordado la flexibilización, a pesar de los puestos de trabajo que se vienen perdiendo. Los docentes y estatales, en cambio, vienen ya de protagonizar un acampe de 180 días el año pasado frente a Casa de Gobierno. Así lograron anular el Decreto 184/18 que eliminaba los cargos de asesores, suspendía el pago de horas extras, eliminaba horas cátedra y subsidios para proyectos sociales. Y recientemente, el paro nacional convocado por CTERA en repudio al violento desalojo ilegal fue un esperado (y reclamado) apoyo a los docentes chubutenses y grafica que la batalla política y social atraviesa todo el país.
“Todos los estatales estamos pasando por reclamos”, explicó a Vamos! la docente Ileana Medici. No sólo por el atraso salarial, sino también por la grave situación de SEROS –la obra social de estatales– y del sistema de salud en general. La obra social “ya desde marzo del año pasado comenzó con una atención intermitente, que cada dos por tres corta las prestaciones”. Los estatales no pueden optar por otra obras social. Y si van al hospital público ante una emergencia, “está desbordado”, puntualizó.
El atraso salarial hacia los estatales fue organizado por el gobierno provincial en tres “rangos”. “Es un pago escalonado que se impuso año pasado; después se regularizó un tiempo y ahora estamos otra vez con este sistema”, explicó. El primer rango es hasta salarios de 40 mil pesos, que cobró julio el 16 de agosto. El segundo, hasta 40 mil, que terminó de cobrar el 24. Y el tercero, por encima de esa cifra, que cobraron ¡el 29! Ahora ya toca cobrar agosto, que tampoco fue en término. Los docentes organizaron entonces colas en los cajeros como forma de graficar el incumplimiento del gobierno.
“Alguien se tiene que hacer cargo –continuó–. Vos imaginate que vas a hacer un trámite en el registro civil, está de paro. Querés ir a ver un médico y tenés todo el problema de la obra social. Pero suponete que el fin de semana tenés que ir al hospital. Está de paro. No hay insumos. Las escuelas están cerradas. Sólo para trámites administrativos. Entonces, si bien somos los estatales, [el atraso salarial] hace que el comerciante no tenga gente comprándole. Si el primer rango se cobra el 16, hasta esa fecha no había plata. El comerciante tampoco tiene ingresos y se va haciendo una cadena, que nos afecta a todos”.
“A su vez teníamos problemas con el transporte educativo gratuito. Acá en Madryn el colectivo sale $22 hoy. Un alumno necesita $44 diarios para moverse. Yo trabajo en tres escuelas. Tengo un gasto de transporte importante”, describió.
“Esto arranca desde noviembre de 2017, después de la muerte de Mario Das Neves. Cuando asume Arcioni (que era el vice), los estatales empezamos a cobrar más tarde. Se agravó entre marzo y abril del 2018, cuando está la negativa de abrir la paritaria”, precisó. En ese proceso se conformó la Mesa de Unidad Sindical (MUS), compuesta por los sindicatos de educación, salud, judiciales, etc. Y también se instalaron asambleas interescolares como la que funciona en Madryn. Este año, Arcioni fue electo gobernador y festejó su triunfo junto con Sergio Massa. Ahora, denuncian que el gobierno de Macri les redujo en 800 mil pesos mensuales la cuota de coparticipación y sus funcionarios dicen estar abiertos al diálogo. Pero siguen incumpliendo los pagos y la “zona liberada” recogió el más amplio repudio.
Chubut en cifras
• Entre 2015 y 2018, YPF recortó un 55% su inversión (datos de la Secretaría de Energía, publicado en Página/12, 9/9/2019).
• Destrucción de 2000 puestos de trabajo directos en todo el sector petrolero en ese mismo período.
• 2300 puestos de trabajo menos en la Construcción por el recorte de obra pública.
• En total, 6400 puestos de trabajo menos contabilizando además Comercio y demás sectores privados.
• 36 mil nuevos pobres en 2018 (respecto del año previo).
• La provincia suma una deuda de 40.518 millones de pesos, de la cual el 88% es en dólares (datos primer trimestre, según el Ministerio del Interior). En diciembre de 2015 era de 7.427 millones de pesos.
Proyecto
Una de las propuestas que ha estado circulando es un proyecto legislativo para que las empresas que producen en la provincia tributen ahí. Sería el caso no sólo de las petroleras, sino también de las pesqueras y del mega-monopolio Aluar (que produce aluminio). El proyecto incluye además un impuesto al juego, a los latifundios de más de 10 mil hectáreas. Proyecto completo en nuestra página.
