Derecho al aborto: Desafíos para su implementación

Tras la histórica votación en el Congreso de la Nación el día 30 de diciembre de 2020, ahora la lucha pasa por su efectiva aplicación en todo el territorio nacional. Ya hay repercusiones en otros países de América latina.

El derecho al aborto ya es legal en la Argentina hasta la semana 14. Así lo determina la nueva Ley 27.610 que entró en vigencia el 24 de enero del 2021. La norma no requiere de adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia. El texto final fue aprobado sin que figure explícitamente la palabra “integral” junto a la definición de salud como causal de aborto más allá de las 14 semanas. De todas formas, queda implícito que la salud no es sólo física sino también psicológica, ya que así lo define incluso la Organización Mundial de la Salud. La implementación de esta nueva ley sí se enfrenta con la reacción de los grupos antiderechos, que ya han presentado amparos. Y el alcance de la “objeción de conciencia” ya se ha puesto en el foco del debate social.

Estefanía Coffi, que trabaja en una sala sanitaria en el Bajo Flores y en un hospital en Quilmes, fue la primera médica en indicar un aborto voluntario desde la aprobación de la ley. Subió a la redes la indicación poniendo “justicia social es poder decidir”. Pertenece a la red de profesionales por el derecho a decidir y asegura que ahora ya no habrá que pedir justificaciones a las mujeres y personas gestantes que se acerquen a pedir un aborto.

Garantizar un derecho

Ahora, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva se difunde la línea 0800-222-3444 que funciona para brindar información (lunes a viernes de 9 a 21hs, sábados, domingos y feriados, de 9 a 18hs). También este número de teléfono puede utilizarse para denunciar a un establecimiento que se niegue a realizar la práctica y esté incumpliendo dicha ley. Además incorporaron un email con los mismos objetivos: saludsexual@msal.gov.ar. Desde este organismo aseguran que en estos días han crecido en un 50% las consultas por interrupción del embarazo.

Todo esto se puso en rápido funcionamiento ya que, previo a la ley, el Estado ya realizaba abortos legales y seguros bajo tres causales existentes: riesgo de vida, salud o violación. Por lo tanto, ya existía una red y un trabajo en este sentido. Cabe destacar en este punto el gran trabajo de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir (parte de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito), que viene haciendo una fuerte militancia dentro de las instituciones de la salud. Además, la ley promueve realizar capacitaciones a profesionales de la salud.

Hasta la semana 14, y si no hay complicaciones, el aborto puede hacerse de forma ambulatoria, con la provisión de las pastillas de misoprostol en los centros de atención primaria de la salud. También se puede acceder a través del AMEU. Si hay complicaciones en la práctica, o si la edad gestacional es más avanzada, es necesario recurrir al segundo nivel de atención (hospitales).

El año pasado el gobierno ya compró una dosis grande de misoprostol para garantizar la práctica. Además, hace poco ANMAT aprobó la fabricación del mismo, que se está produciendo en la provincia de Santa Fe. Uno de los pasos siguientes es el registro de la mifepristona: una medicina que se combina con el misoprostol cuando se realiza la IVE mediante medicamentos, ya que permite un aborto más eficaz y con menos dolor.

Reacción antiderechos

En la provincia de Chaco, la jueza Civil y Comercial de esa provincia, Marta Aucar de Trotti, dio lugar a una medida cautelar presentada por una organización antiderechos. Desde ese entonces en la provincia rige el marco de la anterior ley, es decir: interrupción del embarazo bajo las tres causales mencionadas. Desde el Gobierno de Chaco ya apelaron la medida y esperan que se caiga en el corto plazo, ya que no tiene consistencia real dicha cautelar. A su vez, ya fue denunciada la jueza por tomarse atribuciones que no le correspondían y podría verse afectado su ejercicio.

Otras provincias con trabas son San Juan y Mendoza, donde la venta de misoprostol está prohibida en las farmacias y genera que sólo pueda obtenerse dicho medicamento en el sistema hospitalario.

Córdoba también es una provincia con muchas resistencias ya que por siete años la organización antiderechos el Portal de Belén logró que el protocolo ILE no pueda entrar en vigencia. Recién el año pasado se logró dar vuelta esta situación. A su vez, tras la aprobación de la ley, el Hospital Privado de Córdoba hizo una publicación a favor de la objeción de conciencia institucional, que no está contemplada en la norma aprobada. Pero no hay chance de que este tipo de cosas prosperen: si todas y todos los profesionales de un centro privado se niegan a hacer la práctica, deben hacer una derivación, con los costos a su cargo, a otro efector similar.

Las presas por abortar

Hablamos con Rosana Fanjul, miembra de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito que nos cuenta que tienen un relevamiento que da cuenta de al menos 1.531 mujeres presas por “abortos o eventos obstétricos”. Cuenta que “en general son mujeres que están presas bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo, sin importar la edad gestacional del feto. En otros casos se les dice abandono seguido de muerte. Por ejemplo, un parto domiciliario donde una mujer se desmayó y su bebe murió, la condenaron por no saber cortar un cordón umbilical”.

Además cuenta que “encontramos muchísimas violación a los derechos humanos. No se respeta el principio de inocencia en casi todos los casos, no les dan la domiciliaria cuando la mayoría tienen a cargo otros hijos”. La mayoría de los casos tienen mínimo ocho años de cárcel y el 50% de los relevados hay condena perpetua. “En general son mujeres que no han podido acceder a una defensa paga, ni un defensor oficial del Estado”. En cuanto a la posibilidad de sacarlas de la cárcel, cuenta que es muy complejo porque “no podemos determinar si hubo un aborto antes de la semana 14 o son un parto prematuro. Muchas no tienen el peritaje que determina el tiempo de gestación. La prensa dice cinco meses pero la detenida ni sabía que estaba embarazada quizá o ni había llegado a esos meses que la prensa dice, por lo tanto muchas de las causas seguro entran en una ILE porque fueron producto de violación”. Están trabajando junto a organismos de Derechos Humanos y el ministerio de mujeres, género y diversidad para que estas mujeres tengan un proceso justo y defender sus derechos porque además han encontrado innumerables situaciones de deshumanización completa dentro de las cárceles. En palabras de Rosana “No estamos todas, nos faltan las presas”.

Seguimos adelante

La lucha es larga y tiene mucha historia, pero sobre todo mucho futuro. Atrás de la palabra “aborto” hay centralmente mujeres con diversa cantidad de situaciones, sentimientos en juego, derechos vulnerados, deseos posibles. No estamos hablando simplemente de una ley. Estamos hablando del ejercicio de un derecho que por muchos años nos fue negado. La primera legislación sobre el aborto en Argentina se votó en 1921. Hoy, 100 años después, podemos decir que avanzamos. Nada nos devuelve las muertas que se llevó el aborto clandestino en estos años. Pero nada nos frena la capacidad de seguir organizadas. Hoy podemos decir que es ley y que vamos a seguir luchando para que se garantice en todo el país este derecho.