Después de una década y tres presidencias, el próximo 24 de mayo Rafael Correa dejará de ser presidente de Ecuador, sin haber asegurado la continuidad de la llamada “Revolución ciudadana”. Aunque en las elecciones del domingo 19 de febrero el candidato del correísmo, Lenin Moreno, obtuvo la mayoría de votos, no logró imponerse directamente en la primera vuelta. Moreno, con el 39,5%, le sacó más de 10% de ventaja al candidato de la coalición oligárquica CREO, el banquero ultraliberal Guillermo Lasso, pero no alcanzó el 40% de los votos, y la presidencia deberá decidirse entre ellos dos en una segunda vuelta el próximo 2 de abril. La gobernante Alianza País consiguió la mayoría en la Asamblea Nacional.
Alrededor del 10% del padrón optó por la abstención o el voto en blanco, lo que muestra hasta qué punto se fue acumulando durante la década de Correa una profunda desconfianza y rechazo hacia “la política” y “los políticos”, como suele aludirse al corrupto y manipulado sistema electoralista y parlamentarista burgués. La cifra es alta, y los que se mantuvieron indecisos o no votaron serán decisivos en la segunda vuelta.
Además, aunque hasta el 2 de abril falta sólo un mes, no se sabe si la transición será “normal”. En el camino podrían producirse remezones políticos o de otra índole: el gobierno de Correa y los altos mandos militares debieron desmentir que haya habido un enfrentamiento entre coroneles y generales y que el Comandante de División Luis Altamirano se haya sublevado denunciando el fraude electoral que el gobierno habría organizado para asegurarse el triunfo en primera vuelta.
Interrogantes
El resultado de la segunda vuelta no está dicho. La derecha oligárquica se unifica detrás de Lasso: la fórmula socialcristiana-liberal de Cynthia Viteri y Mauricio Pozo, que salió tercera con el 16%, ya anunció su apoyo al banquero.
Y los interrogantes aumentan por la creciente decepción e irritación de amplios sectores populares con la profunda crisis económica que deja el correísmo y con los múltiples casos de corrupción oficial que se hicieron más notorios en el último tramo de Correa. El robo sistemático de los fondos públicos dilapidó el boom petrolero ecuatoriano: los negociados en la estatal Petroecuador, las coimas del monopolio brasileño Odebrecht para obtener contratos de construcción de grandes obras, entre otros muchos escándalos disimulados tras las políticas asistencialistas, hicieron surgir de la noche a la mañana desde las filas del oficialismo de Alianza País una camada de nuevos ricos similar a la que a la sombra del chavismo en Venezuela conformó la llamada “boliburguesía” (burguesía bolivariana).
Todo esto podría inclinar a una parte de los sectores populares a ver en la propuesta oligárquica un instrumento viable para ejercer el voto castigo a la mentida “revolución ciudadana” de Correa.
En cuarto lugar quedó el Acuerdo Nacional por el Cambio, un heterogéneo conglomerado de partidos y movimientos populares que obtuvo el 6,7%, muy lejos de lo que esperaban sus líderes. Tras la candidatura del ex general Paco Moncayo –un militar socialdemócrata que integró la corriente del llamado “militarismo ilustrado”– se unieron fuerzas como Izquierda Democrática, Unidad Popular (antes Movimiento Popular Democrático –MPD–, impulsado por el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador –PCMLE–) y el indigenista Pachakutik, y centrales sindicales y campesinas como el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Unión Nacional de Educadores (UNE). El Acuerdo expresó la convergencia de fuerzas de centro y de izquierda tras un programa anti-Correa pero básicamente socialdemócrata, que hizo centro no en los males estructurales del Ecuador sino en “recuperar la democracia y las libertades” y “crear un país en que reine la confianza y la paz, la tolerancia y el respeto, la verdad y la solidaridad… y no la bronca, el insulto, la improvisación, la mentira y el caos económico”.
Muchos consideran que la definición presidencial ecuatoriana será un test sobre si se afirma o debilita en América Latina la tendencia a la derrota o retroceso de los gobiernos llamados “progresistas” o “neodesarrollistas” como los del kirchnerismo en la Argentina, Chávez-Maduro en Venezuela, Lula-Dilma en Brasil, y Evo Morales en Bolivia. Gobiernos que se basaron en una economía primarizada con fuertes estímulos al consumo y políticas asistencialistas financiadas con los altos precios que durante un período tuvieron las materias primas como el petróleo, la minería y la soja, y que entraron en profundas crisis económicas –luego traducidas en crisis políticas– al caer los precios de esos bienes primarios en los mercados mundiales.
