El 6 de marzo muchos de los trabajadores se enteraron que estaban suspendidos en la puerta de la planta cuando se disponían a cumplir su jornada laboral. General Motors (GM) ya había anunciado que llevaría adelante 350 suspensiones por nueve meses, en lo que sin lugar a duda constituyen despidos encubiertos a concretarse definitivamente el 30 de noviembre. La patronal, que desde hace un año viene presionando a los trabajadores para que acepten retiros voluntarios, aclaró además que podría ampliarse el número.
La dirección del SMATA local en vez de defender a los trabajadores pactó con la empresa, a espaldas de todos, acordando que el primer trimestre se les pagará a los suspendidos el 80% del salario, el segundo el 65% y los tres meses restantes el 55%. Desde ya, esto no hace más que seguir la línea del SMATA Nacional de Pignanelli, que tiene un récord de agachadas contra los trabajadores.
Inmediatamente, el mismo día 6 los suspendidos se movilizaron al Ministerio de Trabajo y presentaron un escrito rechazando y denunciando como ilegal el acuerdo firmado por el SMATA. Por la tarde se realizó una masiva asamblea con más de 1.000 obreros frente a la planta, parando la fábrica durante una hora, en la que el SMATA y la mayoría de los delegados brillaron por su ausencia, ya que son solo dos los que no firmaron el acuerdo de las suspensiones. Centenares de manos alzadas repudiaron, por unanimidad, “el acuerdo ilegal, que no favorece a los trabajadores”, y se conformó un Comité de Lucha de cinco personas de entre los suspendidos.
El 7, en simultáneo con la marcha convocada por la CGT, los obreros de GM se movilizaron a la planta y al Consejo Municipal, y el 8 las obreras suspendidas encabezaron la columna de las mujeres en Rosario. Y el 9 se realizó nuevamente una gran asamblea, ahora dentro de la planta y con paro, con más de 1.500 trabajadores, con los 350 suspendidos y sus mujeres y familiares. Hacía 8 años que no se hacía una asamblea en la fábrica. Allí se decidió movilizarse al SMATA para exigir la ruptura del acuerdo, lo que se concretó el día 10, encabezados por una bandera que decía “Mujeres de General Motors dicen no a las suspensiones ilegales”. La conducción del Sindicato nuevamente les dio la espalda, negándose a recibirlos y siquiera a dejarlos entrar a la que supuestamente es su sede gremial. Tras presentar un petitorio con las firmas de los operarios, se dirigieron a llevar el reclamo al acto de inauguración de la fábrica ARAG, donde se encontraba Macri, y al Consejo Deliberante.
Las suspensiones y despidos que no censan en la industria automotriz exigen un urgente plan de lucha de todos los mecánicos para ponerles un freno. El ejemplo de GM marca el camino para romper los acuerdos de la dirección del SMATA con las patronales y plantarse, con asambleas democráticas y la movilización en las calles, para que no pase ningún despido más.
