Una vez resuelto el conflicto provocado por la Policía Bonaerense con base principalmente en la situación económica –pero también con muchos ribetes políticos– mediante el acuerdo de aumento salarial y otras condiciones, en el marco del Plan Integral de Seguridad anunciado la semana previa, toma impulso con epicentro en la Provincia de Buenos Aires, y se despliega nacionalmente, la necesidad de abordar la recomposición salarial postergada para el conjunto de lxs trabajadorxs estatales.
Ya entrado el mes de septiembre, los distintos gremios que representan a lxs trabajadorxs del Estado presentaron sendos pedidos de audiencia con las autoridades nacionales y de la cartera laboral para retomar las discusiones paritarias que, en el marco de las negociaciones de deuda con los fondos de inversión, habían quedado virtualmente congeladas en el mes de junio pasado tras un pedido de cuarto intermedio.
Es sabido que este pedido se da en un contexto adverso. A la crisis económica y a la “tierra arrasada” que encontró el gobierno al asumir, se suma la agudización de la situación por la pandemia. Y es en este contexto que lxs estatales han redoblado el esfuerzo trabajando en cada rincón del país, de manera presencial y también remota, llevando adelante las tareas esenciales, poniéndose al hombro la pelea por sostener la cuarentena, acompañando el cumplimiento de la acertada política sanitaria impulsada por el gobierno de Todxs con esfuerzo y con éxito.
Y cierto es, también, que el salario de lxs trabajadorxs del Estado ha sufrido un grave deterioro en los últimos años. Principalmente durante el gobierno anterior de Macri, donde la pérdida del poder adquisitivo fue de alrededor del 40%.
Actualmente, como expresa la nota presentada por ATE Seccional CABA, “el 56,7% de lxs trabajadorxs del sectorial SINEP percibe un salario por debajo de los $45.000 brutos, cuando la canasta de pobreza (medida para una familia tipo) se ubica en $ 44.521”. Situación similar sucede con lxs trabajadorxs bajo otros convenios sectoriales y de organismos nacionales y provinciales, y el porcentaje suele aumentar cuando se mide el salario de lxs monotributistas que, sumados al resto de contratadxs, en algunos organismos, llegan al 85% del total del personal; poniendo a la precarización laboral como otro de los grandes problemas en el Estado.
Si bien el aumento de suma fija a cuenta de la paritaria otorgado por el gobierno en condiciones extraordinarias a inicios de 2020 de $4.000 brutos para aquellos casos cuyos salarios fueran inferiores de $60.000 significó un alivio para una parte importante en ese momento, grandes sectores de trabajadorxs no lo recibieron (por ejemplo lxs monotributistas); y por otro lado, la inflación que ha corrido estos meses ya ha esfumado esos montos.
Como plantea la nota antes mencionada, no existen “soluciones mágicas”. Y más aún en este contexto de pandemia, donde resulta necesaria una discusión integral que parta de la situación concreta salarial y de las condiciones de trabajo, a la que deberían sumarse hoy la discusión sobre las condiciones del trabajo remoto.
En este sentido, resulta necesaria la elaboración de un plan sistemático integral, que busque estrategias comunes, que permitan ir, en un proceso, resolviendo los problemas estructurales. Es fundamental comenzar por garantizar que no haya trabajadorxs estatales por debajo de la línea de pobreza, y desde ahí trazar líneas de acción tendientes a resolver la justa recomposición salarial y atacar las bases de la precarización laboral mediante la jerarquización del empleo público y el pase a planta permanente de todxs lxs precarizadxs.
