La semana pasada el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto al Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), identificaron los restos de otras 19 personas halladas en el tenebroso Pozo de Vargas. Entre ellos se encuentra el de Ángel Vicente Manfredi, comunista revolucionario desaparecido en Tucumán el 8 de agosto de 1976. Las identificaciones aportan pruebas fundamentales para los juicios delesa humanidad.
El Pozo de Vargas era un viejo pozo de agua, de 3 metros de diámetro por 40 metros de profundidad, ubicado en la zona oeste de la ciudad, y probablemente la fosa común más grande de la Argentina. Los genocidas transformaron el pozo en una fosa común donde tiraban a sus víctimas luego de torturarlas en los centros clandestinos de detención, primero con el Operativo Independencia y después bajo la Dictadura. Pensaban que así los iban a desaparecer para siempre, pero de las 200 personas allí encontradas ya fueron identificadas 107.
El año pasado habían sido identificados allí también los restos de Ana Sosa, comunista revolucionaria desaparecida junto con Manfredi. Ángel y Ana fueron secuestrados por tropas del Ejército en la Colonia 1 del Ingenio Concepción mientras estaban festejando el Día del Niño. Ana era maestra, pedagoga y psicóloga Social, Ángel había sido despedido como obrero ferroviario de los talleres de Tafí Viejo por su rol como delegado y militante político, y además estudiante de filosofía. Habían sido activos luchadores contra el golpe de Estado y, una vez instalado, fueron organizadores de la resistencia contra la dictadura videlista y de Antonio Buzzi en la provincia. Los secuestradores andaban en camionetas del Ingenio Concepción, lo que dejó en evidencia la complicidad empresarial. Los llevaron al centro clandestino conocido como los Arsenales y torturaron ferozmente sin poderlos hacer hablar, como declararon varios testigos.
En diciembre de 2013 se dictó sentencia en la Megacausa Jefatura II-Arsenales II, donde estuvieron incorporados los casos de Ana y Ángel. Se condenaron a 37 imputados, con penas de apenas 2 a 18 años, sólo dos perpetuas y se absolvieron a otros. Luego, una nueva resolución judicial cambió la cárcel común y efectiva que había sido resuelta por la prisión domiciliaria. Una burla.
Seguimos luchando por justicia para nuestros 30.000 compañeros y por ese futuro que soñaron, la liberación y el socialismo.
