Tal como aclaró el diputado nacional Itaí Hagman, la fuga de capitales no es un problema exclusivo del gobierno macrista. “La diferencia es que, durante el macrismo, primero se financió esa fuga de capitales con deuda externa y, en segundo lugar, hubo políticas para alentar ese proceso de fuga de capitales”, analizó en diálogo con Al Frente. La medida de este incentivo a la fuga de capitales –o de trabajo argentino– la dio estas semanas el Banco Central de la República Argentina al puntualizar que durante ese gobierno se fugaron unos 86 mil millones de dólares.
Poco después de difundida esta monumental cifra, que equivale a un sexto del PBI argentino, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda hizo un pedido de informes al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Ministerio de Economía. Con doce votos a favor y seis en contra –y cuatro ausentados–, solicitó información sobre qué se hizo con la deuda contraída entre diciembre de 2015 y 2019, y precisiones sobre los nombres de los fugadores seriales. Itaí Hagman es secretario de esta comisión e integrante de Patria Grande-Nueva Mayoría en el Frente de Todos.
–¿Qué objetivos tiene el pedido de informes aprobado por el Congreso?
–Primero, conocer la verdad y hacerla pública, porque el pueblo tiene derecho a saber qué es lo que pasó en los últimos cuatro años en materia de deuda externa y fuga de capitales, cómo fue el procedimiento y quiénes fueron los sectores que protagonizaron ese proceso. El segundo objetivo es encontrar las responsabilidades, valorar el daño económico y social que se produjo, y pensar qué modificaciones hay que hacer a las leyes y normativas (…) para que esto no se vuelva a repetir. Y por último pensar estrategias para recuperar, repatriar, al menos una parte de la riqueza fugada al exterior, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Más ahora en el contexto de esta pandemia donde vamos a necesitar muchos recursos para poder reparar los daños y reactivar la economía.
–¿Qué relación o rol tiene esta investigación en el marco de la negociación del Ejecutivo sobre la deuda emitida en legislación extranjera?
–La negociación que está llevando adelante la Presidencia (…) tiene una lógica que es convertir una deuda que se había tornado impagable en un sendero que sea sostenible en el tiempo, con lo cual hay que estirar plazos, hay que pedir un período de gracia, hay que bajar las tasas de interés. La lógica de la comisión es distinta. Porque lo que nos proponemos es comprender las causas y los procedimientos por los cuales se contrajo la deuda. Pero sobre todo poniendo el acento en la funcionalidad de la deuda, es decir: para qué se usaron los dólares que entraron por deuda externa. En este sendero, nos topamos con otros factores, que no son los acreedores externos de la Argentina, sino que son los protagonistas del proceso de salida de capitales. Que mayormente son grupos económicos y sectores de altos ingresos y fortunas de la Argentina. Cuando hablamos de la fuga de capitales no nos vamos a encontrar con Blackrock, Templeton… Nos vamos a encontrar con algunos de los nombres de las listas que se estuvieron difundiendo. Tiene una lógica complementaria, y la de nuestra comisión tiene que ver más la discusión que va a haber con los sectores del poder económico en la Argentina. Y la del Ejecutivo, más con los acreedores externos.
–Además de las repercusiones políticas que ya está teniendo la investigación, ¿puede haber consecuencias legales?
–La cuestión legal es compleja porque precisamente lo que hubo en la Argentina es una serie de políticas y de cambios normativos que hicieron legal este procedimiento. Obviamente aquellos sectores que compraron grandes cantidades de dólares se van a amparar en que no hicieron nada ilegal porque el gobierno [macrista] modificó las normativas para que eso sea legal. Con lo cual esta cuestión va a ser una disputa, una discusión. En todo caso nosotros tendremos que probar si hubo una connivencia entre las políticas que llevaron adelante los funcionarios del gobierno de Cambiemos y los sectores que se vieron beneficiados con esos cambios de las normativas. A mí más que la cuestión jurídica, (…) me preocupa la dimensión política y económica del tema. Porque a mí lo que más me preocupa es cómo reparar el daño económico que se hizo. Y me parece que eso es lo más importante. Porque estos sectores que se beneficiaron con esta política de endeudamiento y fuga son los mismos que ahora resisten la posibilidad de pagar un impuesto a las grandes fortunas. Son sectores que hoy le piden al Estado que los ayude a pagar los salarios.
–¿De qué forma o formas puede recuperarse las riquezas fugadas?
–Tiene que ser a través de política económica. (…) No puedo aplicar retroactivamente una ley. Hoy no se pueden hacer las operaciones que se hicieron hace cuatro años atrás pero eso vale para hoy. Sí lo que puedo hacer es tratar de compensar esos beneficios extraordinarios que tuvieron. Haciéndoles pagar una parte importante de los costos de esta crisis. Por ejemplo, en una de las reuniones que tuvo el presidente Alberto Fernández con empresarios, trascendió que frente a la preocupación que los empresarios transmitieron por la brecha cambiaria, el presidente les dijo: ¿por qué no les dicen a los ceo’s que traigan los dólares que estuvieron comprando en los últimos años?
–Más allá de la coyuntura macrista, ¿cómo fue posible que el Estado nacional permita esta fuga descomunal?
–Porque lamentablemente no hay limitaciones ni constitucionales ni legales para la regulación sobre la compra-venta de divisas ni la movilidad de capitales. Es atribución del Poder Ejecutivo y del Banco Central en cada momento definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. (…) Tiene que haber un piso de regulaciones (…) que no pueda depender del gobierno de turno. La otra razón es que lamentablemente, a pesar de que el gobierno anterior no tenía mayoría automática en el Congreso de la Nación, logró que el Congreso le apruebe presupuestos que implicaban el endeudamiento que finalmente tomó. Lo cual también es un tema sobre el que tenemos que reflexionar. Porque el problema no es solamente cuando ganan las elecciones gobiernos neoliberales, sino cuando desde sectores que son parte de la oposición [a esas políticas] se termina convalidando parte de esa política. Me parece que hay una cuestión que es política y una cuestión que es institucional. La política hay que buscar resolverla con construcciones políticas más sólidas para que una derrota electoral no implique la posibilidad de avanzar como avanzó el macrismo en los últimos cuatro años. Y la institucional es para poner algunas limitaciones que impidan que el gobierno de turno, de cualquier signo político, pueda hacer algo como lo que pasó en los últimos cuatro años, que es llevar a cero las regulaciones vinculadas a movimiento de capitales y compra-venta de divisas.
