[responsivevoice_button voice=»Spanish Latin American Female» buttontext=»Presiona para escuchar»]
Aunque con distintas fundamentaciones, hay un acuerdo general de que los hechos de Jujuy pueden ser un anticipo de lo que sería a nivel nacional un nuevo gobierno de Cambiemos. Los precandidatos de Juntos por el Cambio –que pudieron finalmente juntarse a la hora de bancar la represión del gobernador Morales– responsabilizaron al gobierno nacional por los cortes de ruta, el paro docente y los choques con la policía. Y desde el gobierno jujeño denunciaron la partida de seis micros de La Cámpora desde Córdoba, que sería una de las causas del desborde de la policía provincial. Un absurdo.
La realidad es que en Jujuy hay un conflicto político-social que se desató con el reclamo salarial docente a principios de junio, al que luego se sumaron el resto de estatales. Morales no sólo increpó a los docentes desde sus conferencias de prensa con amenazas de descuentos salariales, sino que le sumó la Reforma Constitucional con limitaciones al derecho a la protesta. Y como broche de litio: desconocimiento de uso y tenencia de la tierra para los pueblos originarios que viven y producen en los coloridos cerros de Jujuy, para garantizarle a las mineras la explotación de las tierras raras.
El resultado: la lucha salarial se unió a la lucha de las comunidades originarias que viven en las localidades del interior de la provincia, muchas de ellas sobre las rutas nacionales 40 y 9. Y frente a eso, Morales desató la represión ilegal (ver recuadro), que incluyó infiltrados en las marchas, detenciones en camionetas civiles sin identificar, allanamientos sin orden judicial y hasta detenidos encapuchados. Todo esto salieron a bancar los precandidatos de Juntos por el Cambio, preanunciado de qué forma pretenden imponer, si ganan la presidencia, el ajuste y el saqueo que esta vez explicitan en su campaña electoral. Y para este plan fascista buscan respaldo en la elección.
Arriba los salarios
Una de las primeras marchas multitudinarias en San Salvador de Jujuy se produjo el 5 de junio. El reclamo: reapertura de paritarias y rechazo a la reforma constitucional en curso. Los gremios convocantes fueron ADEP, CEDEMS y ATE. En Jujuy, el sueldo básico de un docente inicial es de 33 mil pesos. En Jujuy, si un docente se enferma, no cobra el presentismo (a menos que decida asistir enfermo a trabajar).
Abajo la reforma
Una de las reformas a la Constitución provincial es reglamentar el derecho a la protesta prohibiendo los cortes de rutas y calles, y la ocupación de edificios públicos (artículo 67). No es que antes estaba “permitido”, pero se viene reconociendo como parte del conflicto de intereses y derechos. La nueva norma da una vuelta de tuerca hacia la criminalización de la protesta.
Otro punto presentado para el debate, aunque finalmente no incluido, fue eliminar las elecciones de medio término. Es decir: que las elecciones provinciales se hagan cada cuatro años. Una traba menos para tomar determinadas medidas (antipopulares) sin tener que rendir cuentas.
En relación a la tenencia de la tierra, el artículo 74 aprobado establece que “la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo “. La preocupación de las comunidades originarias es que muchos de sus territorios no son reconocidos como tales y figuran como “fiscales”, por lo que este artículo es un instrumento para expulsarlos de esas tierras.
A la vez, la nueva Constitución “ratifica el pleno dominio y la titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio”. Y “asegura la protección de los recursos naturales existentes en su territorio frente a cualquier injerencia indebida de la Nación, o de otras provincias”. El litio es del Estado de Jujuy… para que lo saqueen las mineras.
Ante las protestas, Morales resolvió excluir –por encima de la Constituyente– la reforma de los artículos 36 y 50, que eran más explícitos aún. (Se ve que las movilizaciones exceden por mucho las personas que entran en seis micros.) Otorgaban al Estado provincial la potestad de “reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Recordemos que hoy hay una ley nacional en curso sobre el relevamiento de las comunidades originarias (Ley 26.160). En otro punto establecía cínicamente que el Estado “promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Y también mencionaba la incorporación de “mecanismos y vías rápidas y expeditivas” para acelerar los desalojos.
Alrededor de una decena de constituyentes del PJ apoyaron descaradamente la reforma. Aunque otros dos renunciaron, al igual que los constituyentes del FIT.
Lucha en curso
Al cierre de esta edición, seguían los paros, las masivas movilizaciones y cortes de ruta. Incluso, también se sumaron los trabajadores mineros. Junto con esto estaban en curso presentaciones legales contra la reforma constitucional por las irregularidades en su aprobación.
