Escamoteo oficialista sobre la cantidad de desaparecidos
“Un organismo oficial asegura que hubo 6.348 desaparecidos”, tituló La Nación (7/11/2016). La campaña es lanzada explícitamente para contradecir la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos denunciada por los organismos de derechos humanos y aceptada incluso por varios gobiernos constitucionales. Es entonces un intento de deslegitimar la lucha popular por justicia. Según palabras de este pasquín oligarca: “La cifra [de 6.348] contrasta con las cifras de organismos no estatales de Derechos Humanos que ubican la cantidad en el orden de los 30.000.”
La “noticia” aparece a raíz del pedido de información a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación por parte de la ONG Ciudadanos “Libres”. En defensa del renunciado Darío Lopérfido y del propio presidente, esta O“NG” se quejó por la “beligerancia contra todo el que pronunciara un número inferior a 30.000 desaparecidos”. Para extractar esta cifra no se tomó una estimación general de víctimas, ni tampoco las víctimas registradas por el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), ni las que están incluidas en un proceso judicial: se refiere sólo a los desaparecidos formalizados ante la Secretaría sobre el período 1976-1983. Es decir: se excluyó deliberadamente a los asesinados (¡como si no fueran víctimas!), a las víctimas registradas del período 1973-1976 y, especialmente, se omitió o negó por completo a la gran cantidad de víctimas no formalizadas ante la Secretaría (entre ellas todos los niños apropiados y/o secuestrados).
Si al menos se considerara la lista ya de por sí incompleta del RUVTE, incluso de la propia respuesta de la Secretaría surge que las víctimas que están “debidamente formalizadas” ante la Secretaría y con causa judicial abierta son 8.571: 7.300 del período dictatorial (6.348 desaparecidos y 952 asesinatos) y 1.271 del período constitucional 1973-1976 (662 desapariciones y 609 asesinatos). Además el propio informe señala otros 135 casos en investigación, 789 casos sin denuncia formal y admite que no están contabilizados los casos de niños. Las cifras en sí no son gran novedad ya que las listas se encuentran desde hace años en la web. Aunque para lanzar la campaña del olvido hacía falta un pedido formal y las sumas con la firma del secretario Avruj.
Pero además, si lo que se pretende es tener una estimación más cercana a la realidad, a las cifras del RUVTE deben sumarse los casos denunciados en otras instituciones y especialmente la gran cantidad que por temor, resignación o imposibilidad nunca fueron denunciados. Porque reducir la cantidad de desaparecidos a un subconjunto de los datos reunidos por el RUVTE sería como negar los millones de asesinados en el holocausto judío porque no están “debidamente formalizados”.
Entonces, no se debe olvidar (o esconder) que hay 762 centros clandestinos de detención (CCD) reconocidos por la Secretaría de Derechos Humanos (en 2015), que por testimonios se sabe que sólo por la ESMA pasaron 5.000 desaparecidos, que Camps se jactaba de haber conducido el asesinato de cinco mil “subversivos” más en provincia de Buenos Aires, que por Campo de Mayo pasaron otros cinco mil, que debemos sumar otros dos mil del CCD La Perla, y que un informe de inteligencia reportaba “22.000 entre muertos y desaparecidos” en 1978, entre otras fuentes. Si el gobierno tiene dudas, que abra entonces todos los archivos de la dictadura.
