La Corte Suprema y la crisis institucional

Presentes en la marcha a Tribunales por el juicio político a la Corte.

El pedido juicio político a la Corte Suprema por parte del presidente Alberto Fernández y más de una decena de gobernadores dejó expuesta la crisis institucional. Dieciocho gobernadores cuestionaron el reciente fallo sobre los fondos coparticipables en beneficio del Jefe porteño Rodríguez Larreta, cuestión que detonó el tratamiento en el Congreso de los catorce pedidos de juicio político a la Corte. No estarían los votos para imponer una destitución, pero sí comenzarán varios procedimientos de investigación que dejarán más expuesto el rol reaccionario y antidemocrático de la Corte. Por eso se percibe cierto nerviosismo en la oposición, que ha salido a defenderla.

La crisis institucional no comenzó con el pedido de juicio del presidente, sino con las tareas ejecutivas y legislativas que ya se venía autoatribuyendo la Corte. El posicionamiento opositor de la Corte fue evidente cuando, comenzando la segunda ola de Covid en mayo de 2021, le dio la razón al Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta en relación a la situación sanitaria y desacreditó las facultades del Ejecutivo nacional en relación a la administración federal de la salud. Luego vino la modificación del Consejo de la Magistratura, “derogando” judicialmente una ley vigente y “reviviendo” otra derogada hacía ya 16 años. Más recientemente, la Corte rechazó en noviembre pasado dos recursos del gobierno nacional contra cautelares que dejan en suspenso al DNU 690/2020, que establece que los servicios de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales”. La continuidad de estas cautelares, ahora avaladas de hecho por la Corte, benefician particularmente al Grupo Clarín.

En definitiva, de cara a la contienda electoral 2023, la Corte Suprema tiene por un lado un evidente rol opositor y a la vez actúa en beneficio explícito de ciertos grupos económicos relacionados con Juntos por el Cambio y contrarios al pueblo. Incluso, para ejercer este rol, ha dejado de lado la tan mentada división de poderes que se presupone en una república burguesa. En particular, en el fallo por los fondos nacionales otorgados a la Ciudad Autónoma, la Corte Suprema no sólo ha anulado el Decreto 735/2020 del Poder Ejecutivo sino también una ley del Congreso que convalidó aquel decreto.

Este fuerte conflicto entre poderes de este Estado suele presentarse como una excepcionalidad. Sin embargo, no hace más que reafirmar el carácter reaccionario que este Estado tiene desde su fundación en el siglo 19. Si el voto popular no elige los representantes que satisfacen a la minoría explotadora fundante de este Estado, entran en acción los resortes de reaseguro. Hoy es la Corte Suprema. En otros momentos fueron directamente las Fuerzas Armadas con sus golpes de Estado. No es casual, entonces, que uno de los fallos más conocidos de esta Corte es el 2×1 a genocidas; ocurrida –tampoco casualmente– durante el gobierno de Macri pero que fue derribado por la movilización popular.

Todo esto tiene relación con la propia formación del Estado nacional argentino: constituido a partir de la Constitución de 1853, consolidó la unidad nacional sobre la base del genocidio a los pueblos indígenas (las llamadas “Campañas del Desierto”), el genocidio de la guerra al Paraguay y la masacre de los caudillos del interior. Tras décadas de conflictos internos luego de la Revolución de Independencia, la oligarquía fundante terminó de imponer su dominio asociándose al imperialismo (en aquel momento principalmente el inglés). Es un Estado que ordena la sociedad de clases cuidando sobre todo los intereses de terratenientes y monopolios.

Desde aquel momento, muchas cosas han cambiado. Pero ciertas familias de doble apellido mantienen sus garantes dentro de este Estado. Así ocurrió también, por ejemplo, con el caso Vicentín: una estafa millonaria al Banco Nación y a los productores, pero cuya expropiación en beneficio del pueblo fue bloqueada también por la Justicia. Del mismo modo, el llamado lawfare no hay que verlo como una excepción, sino como la regla general contra todos aquellos y todas aquellas que desafían al sector dominante.

Entonces, el conflicto político, económico y social que se está librando no es por hacer cumplir supuestos preceptos de las formas de un estado republicano-burgués, ni se resuelve buscando algún consenso con ese poder dominante (al estilo del poco exitoso “Precios Justos”). Son conflictos que expresan la incesante confrontación entre esa minoría dominante y los intereses populares. Conflicto que sólo podrá ser resuelto con la liberación nacional y social. Liberación que exige cambios estructurales de fondo, algunos de los cuales se han ido explicitando en los últimos años: recuperación de la Hidrovía Paraná, conformación de una empresa nacional de alimentos, re-estatización de los servicios públicos, control financiero para bloquear la fuga de divisas, nacionalización del litio para su industrialización, etc. Liberación que exige refundar un Estado de nuevo tipo de las clases populares y revolucionarias.