“Señoras y señores legisladores, compatriotas: hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina.”
Cristina F. Kirchner, discurso en la apertura de sesiones del Congreso, 1º de marzo de 2015.
La presidenta reivindica su política sobre deuda externa y afirma que ha dejado de ser una pesada carga. Si embargo ¿cuál fue realmente la política kirchnerista en deuda externa y cuál es su estado actual, después de esta década? Los propios números oficiales desmienten el discurso presidencial.
Números oficiales.
Al asumir el gobierno Néstor Kirchner la deuda pública total era de 178.000 millones de dólares, de los cuales 102.000 millones eran deuda externa (es decir, deuda con organismos financieros extranjeros y con privados extranjeros). Según los números publicados por el Ministerio de Economía una década después, en junio de 2014 el total de la deuda pública ascendía a 198.000 millones de dólares (211.000 millones sumando los 12.000 millones de los holdouts); y dentro de ello una deuda externa de 70.000 millones de dólares (82.000 millones sumando los U$S 12.000 millones de los holdouts). Esto es ateniéndonos a los propios datos publicados por el gobierno.
A esto corresponde sumar la nueva deuda externa contraída con China. Según la información publicada en medios oficialistas y opositores, implican préstamos (nueva deuda externa) por 22.000 millones de dólares, incluyendo 3.100 millones del swap (acuerdo entre los Bancos Centrales de ambos países).
Entonces, la suma total resulta en una deuda pública actual de 233.000 millones de dólares frente a 178.000 millones en 2003; y una deuda externa de U$S 104.000 millones frente a 102.000 millones en 2003. Llegando al final del mandato de CFK, la deuda externa sigue siendo una pesada carga para el pueblo y la nación argentina.
¿Desendeudamiento o pagadores seriales?
Según datos también publicados por el Ministerio de Economía y citados por CFK en su discurso en el Congreso, entre 2003 y 2013 el Gobierno pagó nada menos que 190.000 millones dólares de deuda pública (incluyendo recompra de deuda). Más en detalle, según datos oficiales (mecon.gov.ar), entre 2004 y 2013 el Gobierno realizó pagos por 19.759 millones al FMI, 13.152 millones al BID y 10.410 millones al BIRF (Banco Mundial), totalizando casi 44.000 millones de dólares entre los principales organismos financieros internacionales.
Hasta el 2007 el gobierno pagaba deuda en base al superávit financiero del Estado nacional. Pero a partir de 2008 comenzó a pagar deuda externa canjeándola por deuda contraída con organismos como el Banco Central y Anses, contando además con los fondos de la estatización de las AFJP. Esta deuda pública “interna” es la que pasó de U$S 76.800 millones en diciembre de 2003 a U$S 128.000 millones en junio de 2014. Es decir que gran parte de la deuda externa se pagó en base a reservas del BCRA y al crecimiento de la deuda intra-estado. Dentro de esta política de pagadores seriales, el Gobierno acordó las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Es decir que en esta década, miles de millones de deuda externa ilegítima y fraudulenta –originada desde la estatización de deuda privada por parte la dictadura militar hasta el Megacanje de la Alianza– se pagaron con el trabajo del pueblo argentino. En defensa de este canje de deuda externa por deuda interna, argumentan que la deuda con organismos como el ANSeS puede refinanciarse eternamente sin generar problemas para el Tesoro nacional. Pero es a costa de no otorgar el 82% móvil para los jubilados. Además, ¿qué pasará en el mediano plazo cuando sean necesarios esos fondos para pagar las jubilaciones y otras prestaciones sociales que brinda ese organismo público?
Nuevo endeudamiento.
El kirchnerismo argumenta también que con su política habría logrado “librarse” de los condicionamientos que imponían los organismos financieros como el FMI al haber cancelado la deuda con ellos. Sin embargo, también hay nuevas condiciones y mecanismos de dependencia que implican por ejemplo los préstamos de China, que caracterizan esta nueva etapa de endeudamiento.
Entre 2005 y 2011 los préstamos otorgados por China a América Latina sumaron 73.200 millones de dólares. Esto es más que el Banco Mundial (US$ 53.300 millones) y que el Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 67.700 millones). Al 2014, el total de créditos chinos suman 118.700 millones de dólares. Los defensores de estos nuevos préstamos remarcan como beneficio que suelen exigir intereses más bajos y que no implican una revisión oficial de los planes económicos de los países endeudados.
Sin embargo, en el caso argentino, los préstamos de China (por ejemplo para inversión ferroviaria) que se pactaron a un interés menor del que marcaba el mercado contaban con otros mecanismos de saqueo y profundización de la dependencia, al igual que en el caso de las centrales hidroeléctricas, y las centrales nucleares. Las obras se realizarán con monopolios chinos, y a su vez, la contratación directa de empresas chinas trae consigo la importación de maquinarias y equipos que se podrían fabricar acá. Esto, en realidad, son oportunidades que se pierden de desarrollo industrial nacional y son condicionamientos productivos que quedan establecidos debido a la dependencia tecnológica que se va constituyendo. Además, se refuerza el fuerte déficit comercial con China: 5.802 millones de dólares en 2014. En definitiva, son préstamos que más que “liberarnos” nos atan más y más a la dependencia con ese imperialismo.
La política del gobierno implicó, en definitiva, volcar miles de millones de recursos nacionales al pago de una deuda externa ilegítima y fraudulenta y al mismo tiempo la continuidad del endeudamiento externo. Esto, lejos de presentar una oportunidad de desarrollo nacional independiente para nuestro país, implica un reforzamiento de nuestra estructura dependiente.