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Abrir en una nueva pestaña Hay tres grandes actores que tienen que asumir su responsabilidad frente a esta crisis: el FMI por haber otorgado un crédito incobrable violando sus propios estatutos, el gobierno de Mauricio Macri que tomó un préstamo imposible de pagar para financiar su campaña y la fuga de capitales y los grandes grupos económicos que aprovecharon el escenario favorable para comprar dólares baratos y fugarlos.
El gobierno de Cambiemos endeudó a la Argentina en USD 100 mil millones sin destinar uno solo de esos dólares para realizar obras ni desarrollar infraestructura alguna. Cuando al gobierno de Macri se le cerró el acceso al mercado voluntario de crédito recurrió al FMI.
Según lo manifestó el actual Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el estadounidense Claver Carone, el crédito fue un salvataje del gobierno de Trump para financiar la reelección fallida de Mauricio Macri.
El crédito Stand By firmado por Macri con el FMI en 2018, que no pasó por el parlamento, ascendió a USD 57.000 millones, de los cuales finalmente se desembolsaron USD 44.500 millones. Es el crédito más grande otorgado a un país en la historia del FMI.
El gobierno de Macri aumentó la deuda y prácticamente el 85% de la misma se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior. En total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares.
El estatuto del FMI establece taxativamente que no se puede utilizar el crédito para financiar la fuga de capitales, hecho que terminó sucediendo. El FMI otorgó ese crédito a sabiendas de la imposibilidad de repago en los términos convenidos (tres años) y no ejerció ningún tipo de fiscalización para evitar que los desembolsos se utilicen para financiar la fuga de capitales.
La Argentina después de sufrir dos tsunamis consecutivos (el gobierno de Macri y la pandemia del Covid 19) que dejaron un saldo de 50% de pobreza no tolera ningún tipo de ajuste en su economía.
Nuestro pueblo apoyó mayoritariamente al Frente de Todos en 2019 para volver a tener un país con empleo, distribución de la riqueza, salarios dignos y la vida que nos merecemos.
El ajuste y los condicionamientos que el FMI quiere imponer a la Argentina para refinanciar el préstamo otorgado en forma irregular, son intolerables.
La Argentina tiene que destinar sus recursos al desarrollo de su economía y a la restitución del tejido social severamente dañado.
Todos los programas de ajuste que estableció el FMI desde 1956 en Argentina solo provocaron padecimientos y la estrangulación financiera del sector externo impidiendo el desarrollo de nuestro país.
La Argentina está frente a una disyuntiva que va a determinar su futuro. El acuerdo que propone EE.UU y el FMI es inaceptable y supone un suicidio inducido para nuestro país y también para una fuerza política que se tiene como principal objetivo revertir la dependencia y la pobreza en la que está sumido nuestro pueblo. Este acuerdo que nos ofrecen supone más crisis y la pavimentación del camino para el retorno de la derecha al gobierno en 2023.
Responsabilidades:
Hay tres grandes actores que tienen que asumir su responsabilidad frente a esta crisis: el FMI por haber otorgado un crédito incobrable violando sus propios estatutos, el gobierno de Mauricio Macri que tomó un préstamo imposible de pagar para financiar su campaña y la fuga de capitales y los grandes grupos económicos que aprovecharon el escenario favorable para comprar dólares baratos y fugarlos.
Entre los grandes fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares. Monsanto Argentina, Grupo Clarín con DirecTV Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con las privatizaciones y concesiones del menemismo, que posee tres puertos propios (en uno de ellos en sociedad con la multinacional Bunge) y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny, el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
Proponemos:
- Que el FMI asuma su responsabilidad sobre los USD 26,1 mil millones que otorgó por encima del 435% de la cuota argentina (que por normativa del Fondo sería el máximo crédito que el país tendría que haber tomado con un trato normal).
- Apoyar la declaración de la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de solicitarle al FMI que»colabore» en la repatriación de los activos de argentinos en el exterior y destinar parte de ese dinero al repago de los vencimientos de la deuda. Se calcula que los activos de argentinos en el exterior ascienden a la cifra de USD 410 mil millones, el equivalente a un PBI aproximadamente.
- Un aporte extraordinario de los 100 principales fugadores de divisas (que obtuvieron en el mercado de cambios USD 27.000 millones).
- Sostener la querella criminal iniciada por el Presidente Alberto Fernandez y el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI para establecer sus responsabilidades penales y civiles y que respondan con su patrimonio. Precisamos un Nunca Más a la deuda externa. Y no hay Nunca Más sobre la impunidad de sus responsables.
- Seguir movilizando a nuestras organizaciones políticas, sociales y sindicales y a nuestro pueblo en su conjunto para enfrentar las exigencias del FMI y sus socios locales. Y continuar profundizando el debate nacional sobre las trágicas consecuencias que tendría para el desarrollo soberano de nuestro país aceptar los condicionamientos del organismo multilateral.
