Tras el último salto devaluacionista, el ministro de Economía Axel Kicillof viene insistiendo que la devaluación del peso no tiene por qué trasladarse a los precios internos. “El Producto Bruto Interno está cerca de los 500 mil millones de dólares y las importaciones son 75 mil millones de dólares, de los cuales los insumos que están directamente en dólares son mucho menos”, afirmó en Página/12 (26/1/13) con la intención de relativizar las consecuencias en la inflación. Sin embargo, su elaborado análisis choca no sólo con el sentido común y las experiencias sufridas, sino también con la realidad de una economía que sigue siendo estructuralmente dependiente.
Basta con repasar el ascenso devaluacionista desde el 2002 y confirmar la estrecha vinculación entre devaluación e inflación. Esto ha sido así no sólo con Duhalde, sino también en la década K. Lo que ocurre es que, en el actual esquema económico, los precios internos no sólo se ven afectados por el aumento de los insumos importados, en dólares e imprescindibles para la producción (en una escala mucho mayor que la que admite el gobierno). La inflación también se genera porque, mientras los monopolios sigan dominando las exportaciones, todo lo que sea exportable buscará ser regido por la lógica del mercado internacional.
Esto último es lo que ocurrió con el trigo el año pasado. El precio de la harina es fijado de hecho por cinco monopolios exportadores (Cargill, Bunge, ADM, Louis Dreyfus y Nidera) y tres procesadoras de harina de trigo, que concentran la enorme mayoría de la producción. Luego de la baja de producción de trigo en 2011, al gobierno se le ocurrió aumentar el cupo de exportación para 2012. Lo que logró fue que en 2012 haya menos trigo para consumo interno y más caro. (Ver nota en Vamos! Nº10, “El pan a 20 pesos: ¿quién es responsable?”)
Ante este problema una medida efectiva sería volver a conformar una junta nacional de granos, que concentre las exportaciones y regule el precio para consumo interno. Pero el gobierno no lo hizo; sencillamente porque esto sería contradictorio con la política de sojización llevada adelante. Entonces, se limita a quejarse porque siguen sin liquidarse unas 8 millones de toneladas de granos (mayormente soja) equivalentes a 3.500 millones de dólares, aún luego de haber devaluado. El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, afirmó que “los responsables son los grandes” (Página/12, 31/1/13); pero sostiene la estructura de producción y comercialización de los granos.
Este mismo problema lo podemos analizar también en la producción de carne, aluminio, siderurgia, hidrocarburos, etc. En definitiva, mientras se siga sosteniendo esta estructura económica dependiente y dominada por los monopolios imperialistas, la burguesía intermediaria y los terratenientes, el pueblo seguirá pagando las consecuencias.
Para que los precios de los productos de consumo interno se rijan verdaderamente según su costo en pesos, es necesario pasar a tener una política verdaderamente nacional e independiente. Algo que el gobierno nunca se propuso.
